Agua de todos
La Presidenta Bachelet abordó en su mensaje varias materias, entre ellas una de vital importancia para el desarrollo de Chile, como lo es la gestión sustentable y sostenible de nuestros recursos hídricos. Así, propuso reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas. Es dable reconocer que la Presidenta dio en el clavo.
Un mal acceso al agua amenaza con enfermedades y muertes; y su escasez, producto del cambio climático, pone en riesgo a industrias que requieren del elemento para producir. Lo anterior, agravado por la sobreexplotación de las cuencas y el mal uso de los derechos de agua.
De ahí la importancia de lo anunciado por Bachelet, en el sentido de introducir reformas al Código de Aguas -considerado como uno de los más liberales del mundo- el cual permite la concesión de derechos de aprovechamiento de agua a privados, quienes lo suman como parte de su patrimonio, con la opción de venderla, arrendarla, heredarla o rematarla.
A diferencia de las legislaciones internacionales, en Chile el derecho de aprovechamiento de aguas es un derecho real, perpetuo, con atributos semejantes al dominio, permitiendo a su titular realizar todo acto de disposición, incluso botar el agua si lo quisiera.
Es hora de terminar con este 'mercado imperfecto', que sigue dando pie a burbujas especulativas y a una baja gobernanza -especialmente de parte de las comunidades de agua-, que requiere una regulación a la altura de su importancia. No es comprensible que aún se carezca de información suficiente sobre la inscripción de los derechos de aprovechamiento, que persistan errores de inscripción y de actualización -siguen existiendo inscripciones a nombre de personas fallecidas-, lo que crea un clima de incertidumbre; y que subsista la concentración en pocas manos.
La Presidenta nos invita a plantearnos cómo ser capaces de perfeccionar el mercado del agua y no cabe duda que ahora es cuando debemos volcar nuestras ideas a este gran propósito.
Llegó el minuto de revisar nuestra legislación, alcanzar mayores grados de certeza jurídica, y de establecer un marco regulatorio que nos permita estar a la altura de los desafíos que nos depara el futuro, los cuales respecto del agua, están muy cerca.