Culpables por el asesinato de Manuel Obed Uribe Cárdenas, conocido como el ermitaño de la isla Doña Sebastiana, fueron encontrados el soldado profesional José Aros Godoy (20) y su tío José Godoy Vargas (51), por parte de tres magistrados del Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Montt, una vez terminado el juicio que duró más de una semana.

Los jueces Francisco del Campo, Patricia Miranda y José Bustos absolvieron a los imputados por el delito de inhumación ilegal y concluyeron que el caso se trataba de un delito de homicidio simple y no homicidio calificado como planteaba la Fiscalía y la parte querellante.

El brutal crimen del ermitaño ocurrió entre los días 15 y 18 de mayo de 2012, en circunstancias en que los homicidas concurrieron a la isla acompañados de una mujer para la extracción de algas.

En esos días se encontraron con la víctima, a quien golpearon de forma salvaje hasta causarle la muerte, para luego enterrarlo en la misma isla.

Luego de escuchar el veredicto condenatorio, la fiscal del caso, Ingrid González, manifestó que "veníamos por una acusación de homicidio calificado e inhumación ilegal y el veredicto fue condenatorio por homicidio simple. En ese sentido, nosotros no estamos conformes, aunque sí nos satisface que la condena sea respecto de ambos acusados, ya que durante el juicio se discutió bastante la inocencia total por parte de uno de ellos".

El intendente de Los Ríos, Egon Montecinos, confirmó el inicio de una investigación sumaria al interior del Gobierno Regional, la cual tiene por objetivo esclarecer lo ocurrido el martes en la sesión del Consejo Regional, oportunidad en la que fue exhibido un video pornográfico justo cuando el jefe de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, Jaime Jaramillo Astudillo, se disponía a exponer ante la comisión mixta de Hacienda e Infraestructura.

La autoridad regional agregó que la decisión la tomó luego que el secretario ejecutivo del Consejo Regional, Iván Madariaga, le entregara los antecedentes recopilados en Río Bueno tras el bochornoso incidente.

Montecinos confirmó además que para la investigación será nombrado un fiscal y un ayudante, quienes en un corto plazo deberán entregarle un informe para así tomar una decisión respecto al futuro de los involucrados.

Jaime Jaramillo, jefe de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional, en una entrevista concedida a Radio Digital FM de Valdivia, se refirió en extenso a las imágenes que se filtraron en el marco de su exposición en la comisión mixta de Hacienda e Infraestructura del Consejo Regional.

"Me correspondía hacer una presentación competente a mi trabajo, la que se debía efectuar en el estricto rigor de la tabla. El notebook no es mío y no es de mi división, y es facilitado por el mismo Core. En ese momento se insertó el pendrive que es de propiedad del profesional que me apoya, para iniciar la presentación".

Jaramillo, quien es hijo del diputado Enrique Jaramillo y la alcaldesa de La Unión, María Angélica Astudillo -ambos PPD- agregó que espera que la investigación diga por qué y cómo se filtraron las imágenes pornográficas, pero que "para mí es una situación fortuita, que lamentablemente ocurrió cuando yo exponía".

El profesional sostuvo que "no quiero pensar que esta situación está ligada con la polémica generada un mes después de mi designación. Ojalá que los hechos no estén vinculados, y espero que la investigación esclarezca cómo llegaron esas imágenes en la presentación que hacía al Core".

Sergio Silva Vásquez

Dos funcionarios de la Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno, jamás imaginaron que un simple control de identidad a dos personas terminaría con ambos lesionados y uno de ellos recibiendo la vacuna antitetánica.

De acuerdo a los informes entregados por el jefe de la Prefectura de Investigaciones, Cristian García, un subinspector y un asistente policial desarrollaban la tarde del martes diligencias en el sector de Rahue.

Al llegar a calle Tarapacá frente al 580, ambos efectivos observaron a una pareja, a quienes identificaron como autores de diversos delitos cometidos en la ciudad.

Por ello, al descender del vehículo policial, el sujeto escapó del lugar, mientras que la mujer ingresó a una casa, saliendo minutos más tarde desde el interior de una vivienda, donde fue interceptada por los policías de civil.

La mujer, identificada como L.H.R. de 32 años, domiciliada en Rahue Alto, al ver a los funcionarios de la PDI, los atacó con golpes en diversas partes del cuerpo.

El asistente policial Enrique Álvarez, de 31 años, recibió la peor parte al ser mordido en el hombro por la ahora imputada, quien además le propinó otros golpes, que le causaron lesiones menores.

A raíz de la herida en su hombro, debió ser trasladado al hospital donde recibió una dosis de la vacuna antitetánica.

Su compañero, el subinspector Osvaldo Díaz (27 años) quedó con diversas contusiones en diferentes partes de su cuerpo.

Ante la violenta reacción de la mujer, ambos funcionarios debieron usar la fuerza para reducirla, hasta controlarla.

Ya detenida, ésta se rehusó a entregar su identidad, por lo que al revisar parte de las especies que portaba, se encontró un cuchillo de 20 centímetros de hoja al interior de un bolso.

De acuerdo al relato de la fiscal Cristina Cárcamo expuesto en la audiencia de formalización, la mujer ingresó a una vivienda del sector para evitar a la policía. Ahí solicitó a la dueña de casa un vaso de agua, para luego salir del inmueble y agredir a los integrantes de la PDI.

"El testimonio de la dueña de casa señala que la mujer solicitó un vaso de agua, lo que le causó extrañeza. Luego, al salir del hogar se enfrentó a los detectives, a quienes les dijo que era sobrina de la mujer del inmueble, lo que fue negado por la dueña de casa", expresó la fiscal en la audiencia.

La mujer, iniciales L.H. de 32 años, fue formalizada por lesiones en agresión a dos funcionarios de la PDI, además de porte de arma cortante.

En la audiencia desarrollada ayer en el Tribunal de Garantía de calle Los Carrera, se fijó un juicio simplificado para el 28 de mayo a las 10 de la mañana. Ahí la imputada se expone a una pena de 61 a 540 días de presidio por el ataque al personal policial, mientras que por el delito de porte de arma cortante, se arriesga al pago de 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), que equivalen a unos $165 mil.