Sergio Silva Vásquez
Con medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los dos funcionarios heridos quedaron la tarde de ayer los cuatro nuevos detenidos vinculados a la agresión a dos carabineros de servicio, hecho que se registró la madrugada del domingo en la villa Riachuelo, comuna de Río Negro. En la oportunidad, y cuando se registraba un control de identidad, una turba atacó a los policías, a los que además de agredir, les quitaron sus armas de servicio y hasta la patrulla.
La detención se registró la madrugada del martes, luego que el Tribunal de Garantía decretara una orden contra los hermanos Abel y Luciano Lefián Zambrano, de 28 y 29 años, además de Jonathan Coronado Seguel de 25 años y Jeison Parra Soto, de 27 años. Según testigos, los cuatro participaron en el brutal ataque al suboficial Manuel Burgos y al cabo segundo Patricio Toledo.
Los nuevos imputados por el delito de maltrato de obra a Carabineros de servicio con resultado de lesiones graves y menos graves tienen domicilio en la misma villa de Riachuelo.
Éstos se suman a otras cinco personas también formalizadas la tarde del lunes en el Juzgado de Garantía, cuatro de los cuales quedaron en libertad, mientras que un quinto quedó en prisión preventiva debido a que tenía antecedentes policiales. A ello se suma que la noche de los incidentes en el restaurante El Bajo, el sujeto efectuó dos disparos y escapó con el arma de uno de los policías.
"Los cuatro detenidos serían vinculados directamente con la golpiza a los carabineros y no se descarta que también tengan participación en el robo del carro policial que fue abandonado en las cercanías del lugar donde se gestó el ataque", expresó el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Carlos Albornoz.
Ayer, tras dos horas y media de audiencia, la fiscal Leyla Chahín entregó detalles de la detención de los nuevos imputados y su participación en los hechos.
Pese a su solicitud de prisión preventiva, ésta fue rechazada y los cuatro quedaron sólo con medidas cautelares.
"Solicitamos prisión preventiva, pero el tribunal no dio lugar a la petición, por considerar que a pesar de todos los antecedentes no había peligro para la seguridad", dijo la abogada Leyla Chahín.
La magistrada Paula Caico mantuvo los 90 días de investigación decretados en la primera audiencia del lunes, periodo en el cual la Fiscalía tendrá que recopilar el máximo de antecedentes y pericias.
