Ana María Aceitón L.

Ayer la Corte Suprema ratificó la sentencia definitiva para los 19 ex carabineros declarados culpables por diversos delitos de secuestro calificado y torturas, cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en diversos sectores de la provincia de Osorno. Seis de los implicados deberán cumplir penas que van desde los 15 a 7 años sin ningún tipo de beneficio.

La instancia definitiva falló ratificando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que el 29 de enero de 2013 ya se había pronunciado en contra de los ex policías, que se ampararon en su derecho último de apelación.

Entre los implicados está el ex coronel de carabineros de la Tercera Comisaría de Rahue, Adrián Fernández Hernández, quien recibió la pena máxima del grupo, siendo condenado a 15 años de presidio sin ningún beneficio, como autor de siete delitos de homicidio calificado, quince secuestros y nueve torturas de desaparecidos de la provincia.

Junto a él fueron ratificadas las sentencias del ya fallecido oficial Rolando Becker Soliz (12 años), Rafael Pérez Torres (12 años), Gustavo Muñoz Albornoz (10 años), Germán García (8 años), Raúl Enrique Zapata (8 años) y Camilo Astete Cáceres (7 años), todos sin beneficio.

Inés Barría Bassay, integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Osorno y que aún busca los restos de sus hermanos Guido y Héctor, extraviados desde el 16 de octubre de 1973, aseguró que "a pesar que la pena y el dolor de perder a un familiar no tiene condena, esto significa una luz para nosotros, porque nos da esperanza respecto a la justicia en el tema de los DD.HH. en nuestro país".

De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, los delitos son crímenes de lesa humanidad y los define como " aquellos injustos que constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes", detalla.

Inés aclaró además que la sentencia marca un precedente en los casos de DD.HH, ya que "son muy pocos los delitos de tortura que se han castigado en nuestro país, siendo que en el periodo de la dictadura fueron muy comunes", admitió.

La resolución estuvo dividida entre los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, donde también se revalidó la absolución de los ex carabineros Jorge Barrientos Camadro, Armando Angulo Fuchslocher, Pablo Mansilla Bórquez, Dagoberto Gajardo Cerón y Nelson Soto Rubilar.

Para María Angélica Gallego, también integrante de la agrupación de Derechos Humanos (DD.HH), la resolución es injusta por la tardanza en el proceso. "Hemos esperado mucho tiempo para que estas personas paguen por sus delitos. Muchas madres y esposas han muerto esperando que se haga justicia por esos 62 desaparecidos".

Pese a ello, para Inés Barría se abre una instancia importante, ya que es signo de que "poco a poco se ha ido sabiendo públicamente que todo lo que pasó fue verdad y que no eran inventos como se decía en ese entonces. La justicia nos ha dado la razón y aunque eso no nos devolverá a nuestros seres queridos, es importante rescatar que la verdad ha surgido".

Barría agrega: "decían que los desaparecidos se habían ido al extranjero, que los habían llamado desde Rusia y Cuba para cumplir con misiones allá. Todo, para encubrir lo que pasaba realmente".

En tanto, para los ex uniformados que sí obtuvieron el beneficio de libertad vigilada, las penas van entre los 5 años y 600 días. Entre ellos se cuentan Carlos Obando Rodríguez, con 5 años; Nelson Rodríguez Guerrero y Antonio Baros Muñoz, ambos con 4 años; Héctor Matus Martínez, 3 años y un día, al igual que los ex carabineros Francisco Ovando Cárcamo y Guido Almonacid Almonacid.

Las sentencias más bajas fueron para Mario Cabello, René Bórquez, Orozimbo Sepúlveda con 700 días y Renato Lezana, Amado Beck Hernández, Sergio Conejeros, los tres con 600 días de presidio.