Verónica Salgado

El informe formulado por el Departamento de Inspecciones del municipio local, solicitado en el Concejo tras la denuncia de extracción ilegal de ripio en el río Rahue, arrojó que de las 20 empresas que fueron fiscalizadas sólo una opera sin la patente municipal y seis pozos de lastre situados fuera de la orilla del cauce se encuentran sin permiso de extracción ni patente.

Dichos resultados no dejaron conformes a los concejales Carlos Vargas (independiente-PS) y Juan Carlos Velásquez del Partido Por la Democracia (PPD). Ambos consideraron débil la fiscalización y el informe final, ya que a su juicio no refleja la ilegalidad que se comete a diario en el bien de uso público.

Los inspectores municipales, acompañados por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a bordo de una embarcación facilitada por el Regimiento Arauco de Osorno, realizaron la fiscalización por las aguas del Rahue el viernes 7 de marzo.

El recorrido de siete horas por el cauce fue realizado entre el puente Cancura y el antiguo puente San Pedro. Durante el trayecto, la comitiva visitó las 20 empresas solicitadas por el concejal Velásquez.

El informe detalló que nueve firmas extraen ripio actualmente y una de ellas fue infraccionada por no tener la patente municipal al día. Además, seis pozos de lastre que operan en Francke y Caipulli también fueron infraccionados por carecer de una patente y los permisos para la extracción del material pétreo.

De acuerdo al informe, las 11 empresas restantes están paralizadas, donde en todo caso hay presencia de maquinarias sin uso y sitios de acopio.

El concejal Carlos Vargas señaló que el informe y las fiscalizaciones realizadas no son suficientes y que sigue faltando voluntad frente a un tema tan complejo.

"El municipio debe tener un pronunciamiento claro sobre la ilegalidad que se comete. La idea de fiscalizar por el río es correcta, pero no efectiva", dijo Vargas.

Agregó que es muy probable que después de las denuncias, muchas empresas temieron ser fiscalizadas y dejaron de trabajar en el cauce.

Asimismo, considera que a aquellos lugares que argumentan ser de acopio de material, se les debe solicitar la documentación que indique la procedencia del ripio.

"Si queremos fiscalizar de verdad, bueno, comencemos con los camiones que a diario circulan por las calles de Osorno. Debemos trabajar con Carabineros, detenerlos y solicitar las facturas de donde compraron el ripio", dijo Carlos Vargas.

Puntualizó que es evidente el daño que se ha generado al río y que existen pruebas gráficas de los residentes de las riberas que no están siendo tomadas en cuenta.

"¿Cómo van a estar todas las empresas paradas?, ¿de donde sale entonces el ripio para las construcciones en la ciudad y alrededores?. Es una actitud blanda", dijo Vargas.

Por su parte, Juan Carlos Velásquez señaló que los resultados arrojados por el informe y las fiscalizaciones no reflejan la realidad del negocio clandestino del ripio en el río Rahue.

Para el edil, la actitud sigue siendo débil de parte del municipio, que se conforma con explicaciones entregadas por los mismos empresarios que están extrayendo de forma ilegal en el río.

"Cómo pueden pensar que esas rumas son sólo de acopio, si el ripio que juntan es sacado del mismo cauce. Aquí es necesaria una investigación profunda", comentó el concejal.

Por lo mismo, señala que está siendo asesorado por abogados particulares para ver qué acciones corresponde seguir. "Llevaré el informe de Inspecciones y los antecedentes reunidos hasta la Contraloría y si es necesario al Consejo de Defensa del Estado", enfatizó.

Velásquez relató ayer que hace unas semanas fue amenazado por un desconocido al bajar de su vehículo, producto de las denuncias que ha formulado en torno a la extracción ilegal de ripio en el Rahue.

"Si no existe nada ilegal o un negocio oscuro ¿por qué me amenazaron en plena vía pública?. Es una prueba clara que algo sucede", aseveró.

Debido a esta situación, durante el Concejo Municipal realizado ayer en la Sala de Sesiones, el concejal UDI Daniel Lilayú, solicitó que se analizara la posibilidad de entregar apoyo jurídico a Velásquez.

El resto de los concejales apoyó el tema, señalando que deben tener respaldo frente a las denuncias que formulan en el marco de su labor edilicia. Fue así como se acordó que el Departamento Jurídico estudie las acciones a seguir.

La familia Caro Gallardo, que durante 70 años ha vivido en las riberas del Rahue a la altura del asentamiento Baquedano, se encuentra recopilando los antecedentes solicitados por Bienes Nacionales para ingresar la denuncia formal al organismo sobre la extracción ilegal y daño a la ribera del cauce. Julia Rosales, nieta de la familia, el martes 11 de marzo retiró el formulario y conversó con personal del organismo, quienes le indicaron debe adjuntar todo el material gráfico, audiovisual y testimonial para ingresar la causa. Este trabajo lo realiza en conjunto con sus vecinos y será entregado la primera semana de abril.

El proyecto de la pasarela en el cruce ferroviario de Ovejería, a un costado de la línea del tren, fue entregado al gobernador Gustavo Salvo para que ayude a gestionar los fondos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) necesarios para ejecutar su construcción.

Los antecedentes fueron entregados por el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Jaime Galindo, quien señaló que la obra debe ser ejecutada a la brevedad, ya que los vecinos de Ovejería necesitan tener un paso seguro, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

"Le entregamos la carpeta con el proyecto desarrollado por el municipio, como fue el compromiso. Esperamos que pueda realizar los llamados y gestiones necesarias para que la Subdere entregue los recursos cuanto antes", indicó Galindo.

La pasarela estará emplazada sobre la calle Inés de Suárez, a un costado de la línea férrea por donde actualmente los peatones cruzan por sobre los durmientes sin ningún tipo de seguridad o garantía.

Por su parte, Gustavo Salvo señaló que espera apoyar el proyecto, que sabe es necesario para la comunidad osornina.

"Realizaré los contactos para conseguir los fondos que se requieren para ejecutar un proyecto que es visiblemente urgente", comentó la autoridad.

El municipio local ya realizó el proyecto y canceló los derechos de uso a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). Ante la falta de recursos comprometidos previamente por la Gobernación, en la entidad edilicia señalaron que buscarán la forma de ejecutar el cruce.