Hay coincidencia en que se deben corregir las incertezas jurídicas existentes en la actualidad en torno a las isapres.
Encontrar el mecanismo justo, evitando toda la judicialización que se ha transformado en la única y eficiente defensa de los afiliados, es el gran desafío de una nueva ley.
Las aguas están bastante revueltas en torno al tema de una nueva ley de isapres, al punto de que la asociación que las agrupa concuerda con la ministra de Salud en orden a que "se debe empezar de cero", para superar, en sus palabras, "las incertezas jurídicas que hoy existen en el sistema de salud privada".
En el seno de la coalición de la Nueva Mayoría se habla de un "plan garantizado", de naturaleza solidaria, en que los de mayores ingresos subvencionen a los pobres, los sanos a los enfermos, los jóvenes a los viejos y todos a las mujeres en edad fértil.
Uno de los puntos que más preocupa a los afiliados son las alzas frecuentes que sufren los planes, más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando aumentos en los costos.
Encontrar el mecanismo justo, evitando toda la judicialización que se ha transformado en la única y eficiente defensa de los afiliados, es el gran desafío.
Por ahora, el nuevo Gobierno considera la conformación de una comisión de expertos transversal que estudie el tema y a mediados de año entreguen una propuesta concreta para aprobar la modificación al actual sistema privado de salud.
El presidente de las aseguradores ha dicho que ven el anuncio como un avance y una consecuencia lógica, reiterando que es vital despejar las "incertezas jurídicas". Coinciden con la autoridad en que el sistema requiere perfeccionamiento "porque no funciona en forma perfecta, lo que no es igual a decir que el sistema sea malo en su totalidad".
Es probable que haya en ello una parte de la verdad, pero también lo es que los afiliados, en especial quienes superan los 65 años, jubilados y ya sin trabajo, quedan en la más absoluta indefensión y a merced de las decisiones de su isapre.
Ello, en un país que envejece con extraordinaria rapidez, es el otro punto clave de la reforma en estudio, ya que estas personas se ven compelidas a abandonar el sistema tras pertenecer en él por muchas décadas y enfrentar, por consiguiente, un desmedro en su calidad de vida.