Redacción

Luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara esta semana el envío de un proyecto de ley que crea la institucionalidad permanente para fijar el sueldo mínimo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no demoró en rechazar la iniciativa y ahora su presidenta, Bárbara Figueroa, advirtió que con esta moción el Gobierno está "cometiendo un error garrafal" porque, a su juicio, está demostrando que "no quiere que haya negociación con los trabajadores".

Según explicó el titular de Hacienda, Felipe Larraín, esta propuesta busca evitar que las discusiones sobre el salario mínimo se alarguen -como en la última ocasión, en que se extendió por cinco meses-, por lo que creará una comisión de ocho miembros, seleccionados directamente por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

Los dos criterios para la fijación de la cifra son mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar el empleo y el crecimiento económico.

Para la dirigente de la CUT, "es lamentable que esta iniciativa, que era parte del programa de Gobierno como lo ha señalado el propio ministro Larraín, se venga a desarrollar cuando ya quedan menos de 25 días para que este Gobierno termine".

Figueroa dijo en conversación con radio "Cooperativa" que el proyecto es una "formalidad" más que una "atención real y preferente" al tema, ya que, dijo, "se ve que no es un proyecto que pueda tener la viabilidad ni el tiempo necesario para ser discutido hoy día".

La presidenta de la entidad gremial opinó en el citado medio que es un proyecto de ley tardío en el que sólo se está pensando en que sean técnicos quienes lo conformen, lo que demuestra que no está pensando como una política pública, expresó.

"El problema del salario mínimo no es sólo cuánto se reajusta, es un problema de política pública, de proyecto de desarrollo país y que finalmente tiene que venir a palear la tremenda desigualdad que Chile tiene", sostuvo.

A juicio de Figueroa, el error que comete el Gobierno al señalar que el debate no se debe politizar, es que "es un problema siempre político", ya que "estamos hablando de la negociación más grande que tiene el país luego de la negociación del sector público".

"Cuando el Gobierno o el ministro dice 'no queremos que este debate se siga politizando año a año' lo que en el fondo está diciendo en buen chileno, es que no quiere que haya negociación con los trabajadores", afirmó a "Cooperativa".

Figueroa expresó que en ese punto en el Ejecutivo "están cometiendo un error garrafal". "Si el Gobierno pretende con esta medida generar una ley de amarre para que el Gobierno, cualquiera sea éste, no tenga que discutir con los trabajadores, lo que está diciendo en el fondo es que no cree en la negociación colectiva", dijo.

La titular de la CUT finalizó diciendo que no sólo se requiere de una reforma en esta materia, sino que también de que ésta se hagan de la mano de la opinión de la CUT y con la que "participación efectiva y real" de todos los actores involucrados.

Además de la CUT, hay otros actores -entre ellos economistas y parlamentarios de la oposición- que se oponen al proyecto anunciado por el Gobierno, debido al poco tiempo que resta para que culmine la administración del Presidente Sebastián Piñera. Por ello piden esperar hasta que asuma Michelle Bachelet y definir las políticas públicas de los próximos cuatro años.

El diputado del PS y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Montes, dijo esta semana ver pocas probabilidades de que la iniciativa sea siquiera considerada en el Parlamento, pues la eventual discusión tendrá sólo siete días. "El ministro Larraín está haciendo cada vez más acción política de corto plazo. Yo creo que esto es parte de una operación de esa naturaleza", dijo Montes, citado por radio "Cooperativa".

Según explicó esta semana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el proyecto implicará la creación de un comité de ocho expertos, que serán nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, y que deberán entregar una propuesta de reajuste a la cartera, especificando los criterios utilizados y los votos de minoría. Con ello, Hacienda diseñará el proyecto que cada año debe enviar a esa instancia la discusión en torno al salario mínimo. El reajuste del sueldo mínimo entra en vigencia el 1 de julio de cada año.

El Gobierno de Cristina Fernández aplicó multas de US$ 15.000 a US$ 170.000 a la filial local de la cadena de supermercados francesa Carrefour, a la estadounidense Walmart y a otras tiendas de capital argentino por incumplimiento del acuerdo de precios firmado a principios de enero para contener el impacto de la inflación en el bolsillo de la población.

Las multas fueron aplicadas por faltantes de productos que componen el llamado programa "Precios Cuidados", lanzado el 6 de enero en acuerdo con 10 cadenas de supermercados y que estableció 194 precios para carnes, frutas, verduras, lácteos, enlatados, bebidas, panes y artículos de limpieza, perfumería y librería, informó a los medios de prensa el secretario de comercio interior argentino, Augusto Costa.

La mayor sanción correspondió a Carrefour por un valor de 1,3 millón de pesos argentinos (US$ 167.000). Le sigue Walmart por 604.000 pesos argentinos (US$ 76.500) y Vea, que pertenece al grupo chileno Cencosud, por 482.000 pesos argentinos (US$ 61.000).

También fueron multadas la cadena Día, cuyos locales son franquicias de la tienda de origen español, y la cadena de supermercados argentina Coto y el mayorista Chango Más.

Las sanciones tienen como marco normativo la ley de defensa del consumidor y la ley de lealtad comercial.

La escala para determinar el monto de la multa depende de cuán representativo sea el producto faltante en la canasta de consumo de los sectores de menos ingresos, explicó Costa.

Las penalidades se conocieron un día después de que el Gobierno difundiera un nuevo índice de precios al consumidor que reemplazó al que estuvo en vigor siete años y era cuestionado por subestimar el aumento del costo de vida. Según la medición, la inflación de enero fue del 3,7%.

La inflación de Argentina, la más alta de la región después de Venezuela, encabeza la lista de preocupaciones de la población.

Las cadenas de supermercados sancionadas por el Gobierno de Cristina Fernández tienen una instancia de apelación ante la justicia. Según la agencia AP, las compañías pueden presentar un recurso que tiene un efecto suspensivo sobre la multa impuesta.