Verónica Salgado

T ras la denuncia del concejal del Partido Por la Democracia (PPD), Juan Carlos Velásquez, sobre la extracción ilegal de áridos en la ribera del río Rahue, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, recalcó que no existe ninguna acusación formal al respecto y emplazó al edil a entregar antecedentes concretos para fiscalizaciones que correspondan.

El jefe comunal indicó que durante el año 2013 se realizaron al menos tres inspecciones, pero no se encontraron empresas trabajando de manera ilegal. Además, señaló que es complejo acceder a ciertas zonas, pero que las fiscalizaciones se realizarán de todas formas.

Bertín anunció que durante marzo se realizarán nuevas inspecciones fluviales y para ello se está coordinando con personal del Ejército, para conseguir los botes necesarios.

"Vamos hacer el recorrido, pero si a la hora que pasamos frente a una posible extracción de áridos ilegal no hay nadie a quien fiscalizar, ¿qué vamos a clausurar? No podemos poner un cerco alrededor de la playa", dijo Bertín.

En ese contexto sostuvo que cuesta mucho ubicar a las personas que puedan estar trabajando de manera irregular. Por lo mismo, planteó que cuando se hace este tipo de acusaciones se deben usar fundamentos para poder fiscalizar, notificar y aplicar las acciones jurídicas necesarias.

La denuncia apunta a que existen particulares que están operando sin cumplir con la normativa vigente, que señala que todas las empresas que realizan estas faenas requieren de un permiso municipal, aspecto establecido en las Bases Generales del Medio ambiente.

Al respecto, el alcalde señaló que el municipio no está para amparar a nadie. "Por el contrario, estamos para hacer que la ley se cumpla como corresponde", comentó.

El alcalde reconoció que es un tema que le interesa, porque podría generar nuevos recursos al municipio y que menoscaba una parte importante de la identidad de la ciudad, como es el río Rahue. Sin embargo, señaló que las extracciones no se desarrollan en el perímetro urbano de la ciudad.

"Si en las inspecciones no se han detectado empresas, me gustaría saber quiénes son. Sería lo ideal que el concejal dé los antecedentes que maneja, pues si hace una acusación como ésta tiene que estar seguro, poseer antecedentes y ponerlos en manos del municipio", enfatizó Bertín.

La autoridad reconoció que existen sólo dos empresas que operan en el río Rahue con las patentes necesarias y ambas trabajan con volúmenes considerados industriales. Es decir, extraen sobre 50 mil metros cúbicos, por lo que deben poseer una serie de permisos.

Ante el emplazamiento, el concejal Juan Carlos Velásquez respondió que entregará los antecedentes que maneja el próximo martes, en la sesión del Concejo Municipal.

"Entregaré de manera personal al alcalde los antecedentes que manejo, con nombres de empresas, ubicaciones y direcciones. Espero que se realicen las fiscalizaciones y sean tomadas las medidas necesarias a la brevedad posible", dijo.

Además, recalcó que el alcalde es el único responsable de tomar medidas para resguardar un bien de uso común.

"Él es el responsable, tiene funciones privativas de velar para que el plano regulador y el plan de desarrollo comunal se cumplan. De no ser así, estaría faltando a sus deberes", enfatizó el concejal Velásquez.

El gerente general de la empresa Áridos Dowling y Schilling S.A., Rafael Dowling Montalva, señaló que como empresa están muy de acuerdo con las denuncias que se realizan en torno a la existencia de empresas ilegales extrayendo áridos en el Rahue.

Explicó que una de las causas de que esto ocurra es que cumplir con las normas ambientales tiene un costo, el cual ellos han asumido durante más de 16 años.

"Creemos que la única forma que se regularice, estandarice y fiscalice a todos por parejo. Que a todos se les exija cumplir con la normativa y eso nos incluye a nosotros", dijo.

Dowling reconoció que durante el año 2013 fueron fiscalizados al menos tres veces por los inspectores municipales, quienes han llegado tanto por río como tierra.

Añadió que la extracción ilegal de áridos provoca grandes daños al entorno del recurso natural, pero además es una pérdida para las arcas municipales.

"Si no cumplen con la normas y no son fiscalizadas no están pagando ningún tipo de derechos, es decir, 1,5 UTM por metro cúbico sacado de manera ilegal", comentó Dowling.

Además, agregó que estas situaciones provocan la venta ilegal de áridos en el mercado, lo que disminuye la venta de las empresas que aportan dinero al municipio.

"Queremos libre competencia, pero en igualdad de condiciones ", señaló el ejecutivo.