Mauricio Mondaca/Agencias

Un juez de la Audiencia Nacional española ordenó ayer la detención del ex Presidente chino Jiang Zemin, por los supuestos delitos de genocidio, tortura y de lesa humanidad en la región del Tíbet.

El juez Ismael Moreno decretó la prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza de Zemin, que fue Presidente de China entre 1993 y 2003, y de otros cuatro ex dirigentes de ese país asiático, entre ellos el ex primer ministro Li Peng.

El juez aplicó el principio de justicia universal, que permite que los sospechosos sean perseguidos por abusos a los derechos humanos cometidos en el exterior, siempre que una víctima española esté implicada. La misma doctrina fue aplicada para el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, después de una orden emitida por el ex juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.

Este caso provocó una crisis diplomática entre el Gobierno chino y el español. Según la agencia DPA, Beijing expresó en noviembre su "profundo malestar" y advirtió de que dañaría las relaciones bilaterales.

La agencia EFE recordó que la Audiencia Nacional española tramita en este momento diversas causas bajo ese principio de justicia universal. Entre ellas está la investigación sobre la muerte del camarógrafo de televisión español José Couso en la guerra de Irak en 2003.

Según el auto judicial del juez Moreno, hay "indicios de la participación" de los dos ex altos dirigentes chinos en los hechos que se les imputan.

Principalmente, "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el largo periodo al que se remontan lo hechos objeto de investigación".

La justicia española se considera competente para investigar el caso, ya que uno de los demandantes, el tibetano en el exilio Thubten Wangchen, posee la nacionalidad española y la justicia china no ha abierto ninguna investigación sobre el caso. La investigación se amplió el 11 de octubre de 2013 al ex Presidente Hu Jintao, que ya no tiene inmunidad presidencial tras haber dejado el cargo en noviembre de 2012.

El Parlamento español debatirá hoy una idea de ley para restringir las condiciones en las que un juez puede investigar delitos cometidos fuera del territorio de España. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, propone que los jueces sólo puedan investigar los delitos de justicia universal (genocidio o lesa humanidad), cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

La Fiscalía Anticorrupción de España podría pedir hasta 40 años de cárcel para Iñaki Urdangarin, el esposo de la infanta Cristina, y su socio Diego Torres, por su participación en el escándalo vinculado al Instituto Nóos.

De acuerdo al diario El Mundo, el Ministerio Público tendría diseñado su escrito de acusación, en el que no especificará los años de prisión que lleva aparejado cada delito sino simplemente los tipos penales que les atribuye. Según el artículo, el documento considera que ambos serían culpables de los cargos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad, prevaricación y delito fiscal.

La versión indica que la Fiscalía solicitaría para el duque de Palma una pena superior porque le considera "responsable de la comisión de dos delitos contra la Hacienda pública". A su antiguo socio le asignaría prevaricación, malversación, falsedad, fraude y un delito fiscal.

En el caso de la infanta Cristina, la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar que pague cerca de 600.000 euros en concepto de "responsabilidad civil a título lucrativo". La petición, según El Mundo, no llegaría a formularse en la acusación si es que su defensa consigna una cantidad previamente.

La cuantía a reclamar a la infanta sería la de los gastos particulares que realizó, del 50% percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.

Otros imputados que previsiblemente serán acusados, según la versión de El Mundo, son el responsable contable y financiero del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, y el secretario y gestor jurídico de la entidad Miguel Tejeiro.

La justicia española ordenó ayer una investigación sobre la grabación y filtración de parte de la declaración de la infanta Cristina ante el juez, que fue registrada el sábado en video, pese al veto a teléfonos, tablets y otros aparatos decretado por el magistrado que la interrogó. Las imágenes, acompañadas de audio y de unos cinco minutos de duración, están colgadas en Wouzee, una web para compartir videos. Diarios españoles las enlazaron en sus páginas web.