El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, negó ayer que haya disputas entre los miembros del gabinete de Cristina Fernández, pero admitió "diferencias". Esto, tras las contradicciones en las que incurrieron algunos funcionarios sobre la puesta en vigor de medidas que luego fueron desmentidas.

Al rechazar las supuestas peleas en el seno del Gobierno, Kicillof, uno de los funcionarios más cercanos a la Mandataria, dijo que "puede haber al interior del gabinete distintos puntos de vista", lo que no significa que sean desavenencias y que la Presidenta es la "la cabeza" que finalmente "toma las decisiones".

Kicillof se quejó de "la telenovela que intenta armar" la prensa con las relaciones entre los funcionarios. "Se cargan tanto las tintas y se intentan generar tensiones, fricciones, trascendidos y así la verdad que es muy difícil", afirmó.

El joven economista salió al paso de la supuesta lucha interna dos días después de haber desautorizado al titular del ente recaudador de impuestos Ricardo Echegaray y al jefe de Gabinete Jorge Capitanich, quienes previamente habían anunciado un cambio en el impuesto a los bienes personales que habría aumentado considerablemente la carga fiscal.

Kicillof negó que su desmentida fuera signo de un conflicto interno y dijo que la medida había sido analizada pero se desestimó.

Pero este no fue el único cruce entre miembros el gabinete. En diciembre, cuando en Córdoba los policías iniciaron una huelga y eso propició el saqueo de comercios, el jefe de Gabinete descartó que el Gobierno nacional fuera a enviar policías de fronteras para contener los desmanes. Sin embargo, horas después el secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunció el envío de un contingente de dos mil gendarmes.

Hacia fines de diciembre, cuando se multiplicaban las interrupciones en el servicio eléctrico en Buenos Aires y sus alrededores por el exceso de demanda de energía en plena ola de calor, Capitanich dijo que el Gobierno consideraba que los cortes programados podrían ser una solución a la crisis energética. Pero el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo al día siguiente que eso era "una locura".

Mabel González / Agencias

El Presidente Barack Obama podría frenar el espionaje contra gobernantes de otras naciones y restringir el acceso de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a los archivos telefónicos de los estadounidenses, según adelantaron personas al tanto de los cambios que emprendió la Casa Blanca a los programas oficiales de vigilancia.

Obama podría dar a conocer la próxima semana su decisión sobre la materia, que es esperada con gran expectación. Según lo previsto, el Presidente examinará el próximo jueves los cambios con legisladores, mientras los principales abogados del Mandatario se reúnen con diversos grupos privados. La Casa Blanca dijo que Obama continúa recabando información antes de anunciar su decisión definitiva.

Entre los cambios, Obama podría anunciar una mayor supervisión al Marco de Trabajo de las Prioridades de la Inteligencia Nacional, un documento secreto en el que está clasificado por orden de importancia el recabado de la inteligencia estadounidense y que se usa para tomar decisiones relacionadas con el espionaje contra gobernantes extranjeros.

Una comisión presidencial de revisión recomendó incrementar el número de funcionarios estrategas políticos que ayuden a establecer esas prioridades, lo que podría resultar en restricciones al espionaje contra los aliados.

Documentos que filtró el ex analista de sistemas de la NSA, Edward Snowden, pusieron al descubierto que EE.UU. espiaba las comunicaciones de varios gobernantes amigos de otras naciones, entre estos la canciller alemana Angela Merkel. Merkel y otros gobernantes expresaron su indignación ante esas informaciones, en tanto que autoridades estadounidenses aseguran que las revelaciones dañaron las relaciones de Obama con el mundo.

Obama y Merkel conversaron el miércoles por teléfono, pero funcionarios estadounidenses no mencionaron si ambos analizaron asuntos relacionados con la NSA.

Según las personas allegadas a la revisión, el Presidente Obama considera una de las recomendaciones más agresivas de la comisión: una propuesta para retirar a la NSA la facultad de almacenar los archivos telefónicos de millones de estadounidenses y que en su lugar los conserven compañías telefónicas o terceras partes.

La NSA podría tener acceso sólo mediante la aprobación separada de una corte para cada búsqueda, aunque podría haber excepciones en caso de una emergencia de seguridad nacional. Se desconoce si Obama apoyará finalmente la propuesta y cuán rápido podría ponerse en marcha en caso de que sea aceptada.

Antes de que haga una decisión definitiva, el Presidente debe recibir un informe separado de la Comisión de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles, que es semi-independiente y fue creada por el Congreso.

Sin embargo, la entrega de este informe fue pospuesta sin explicación hasta al menos finales de enero.