El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó ayer un nuevo subsidio dirigido a familias vulnerables y jóvenes, con miembros entre 18 y 30 años, para que arrienden viviendas de hasta $200.00.

El instrumento regirá en todo Chile y paliará los costos hasta por cinco años. En los tres primeros, promete subsidiar hasta con 3 UF, es decir, unos $ 70.000; y que en los últimos dos bajará a 2,5 UF ($ 58.000).

"Este es un instrumento de libertad y flexibilidad, ya que pueden escoger, aplicarlo en la región donde viven o pueden explorar oportunidades en otras regiones, pero saben que es un arriendo y, por tanto, no renuncian al subsidio, a la vivienda definitiva, solamente la postergan", dijo el Presidente Sebastián Piñera.

"Las familias jóvenes pueden pedir un subsidio de arriendo de hasta cinco años y, de esa manera, durante los cinco años, van a ir definiendo dónde quieren vivir en forma definitiva, cuántos niños van a tener, para saber el tipo de casa que necesitan y, en el intertanto, en vez de seguir viviendo con la suegra, van a poder vivir en una casa arrendada, pero que a la vez van a sentir como si fuera propia y al término de los cinco años, o antes, si así lo deciden, van a poder postular también al subsidio de vivienda definitiva", agregó.

La notaria Gloria Acharán renunció a la Asociación Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, pues a su parecer la directiva ya la prejuzgó en la investigación que lleva adelante su comisión ética, que indaga eventuales irregularidades en las firmas que legalizaron la candidatura presidencial independiente de Tomás Jocelyn-Holt.

La abogada informó su salida alegando "falta de garantías" para defenderse de las acusaciones, en un hecho que también es indagado además administrativamente por la Corte de Apelaciones de Talca, penalmente por el Ministerio Público y políticamente por una comisión de la Cámara de Diputados.

El abogado de Acharán, Gonzalo Bulnes, dijo que la decisión se debía a que la directiva gremial supuestamente había actuado "presionada" por la cobertura del tema en la prensa.

Hace dos semanas salieron a la luz las supuestas anomalías en la inscripción de las candidaturas de Jocelyn-Holt y Franco Parisi. En el caso del ex DC aseguró que era imposible que Acharán certificara bajo los cánones legales las miles de firmas que legalizó. Además, detectó el presunto uso de una bases de datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la posible falsificación de signatarios.

Según Bulnes, el caso es parte de "una agenda propia que tiene que ver con las elecciones" y con "impedir candidaturas independientes". Según él, las acusaciones son "la reacción de un sector que ha sido mal perdedor, no a un problema de fe pública".

El abogado informó que la salida de Acharán implicará que no aceptará la determinación gremial ni sus eventuales sanciones. El presidente de la asociación, Armando Arancibia, aseguró ayer que no había sido notificado de la determinación de la notaria.

En la investigación administrativa, el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Jorge Dahm, descartó faltas al debido proceso en el sumario que lleva la jueza Amanda Valdovinos, quien ayer tomó declaraciones a colaboradores de Jocelyn-Holt.

El presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, criticó ayer la campaña para prevenir el contagio de VIH Sida que lanzó el Ministerio de Salud.

El dirigente afirmó que que la iniciativa "comete un error central, y tiene que ver con que una campaña de dos o tres meses de duración en el año no cambia las prácticas sexuales de alto riesgo; por lo tanto, aquí la falla estructural respecto de las campañas de Sida, los últimos cinco gobiernos, tiene que ver con una campaña muy acotada en el tiempo y además no hace énfasis en determinadas poblaciones". A su juicio, falta enfocarse en los estudiantes y mujeres.

Amparándose en una supuesta violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la relación con los pueblos indígenas, una de las comunidades de huilliches de Quellón anunció ayer que interpondrá un recurso de protección contra el proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao, y que comunicará a Chiloé con el continente.

Esa convención fue ratificada por Chile el 2008 y establece que las iniciativas que podrían afectar una cultura o a un territorio ancestral tienen que ser sometidas a una consulta vinculante.

"Si nuestro dios, Chau Nnechen, hubiese permitido estar unido en un solo paño de tierra estaríamos unidos al continente, pero no es así. Además perderemos nuestra condición de isla con el puente", dijo el lonco de la comunidad indígena Mon Fen de Yaldad, Cristián Chiguay, según consignó SoyChiloe.cl.

"El puente sólo favorecerá a un grupo de personas y que tienen grande extensiones de tierra, como es el parque Tantauco, que los favorecerá en el tema del turismo, en cambio nosotros estamos en proceso de reivindicación de tierras y siempre nos dicen que no hay recursos para la compra de tierras, pero si hay plata para un puente", lamentó.

Este fundo está situado a siete kilómetros de Quellón, al suroeste de la Isla Grande. Chiguay afirmó que otras comunidades indígenas de la zona podrían sumarse al libelo.

Aunque autoridades locales y organizaciones como el comité Pro Puente Chacao alaban la decisión del Ministerio de Obras Públicas, que el lunes acogió la única oferta por US$ 682 millones para construir el viaducto, el capítulo de alcaldes de Chiloé alegó porque no fue considerado.

Según esta instancia, el Gobierno no ha cumplido con la red de infraestructura vial comprometida, aunque el Ejecutivo asegura que ya entregó el 75% del Plan Chiloé.

"Vamos a tener un puente espectacular, pero una carretera 5 Sur en pésimas condiciones. Es como andar en corbata y sin bañarse", dijo el presidente de la instancia, Pedro Andrade (DC).

Ayer la ministra Loreto Silva afirmó que la obra es un compromiso del Estado, no del Gobierno de turno, y negó que el proyecto se encarezca tras los ajustes y llegue a los US$ 900 millones, como aseguró el ex jefe del MOP, Eduardo Bitrán, que paralizó la iniciativa el 2006 porque, a su juicio, era inviable socialmente porque su costo llegaba a los US$ 1.000 millones.

"El riesgo de construcción, el riesgo de ingeniería, los riesgos de tipo de cambio, el riesgo del costo del acero son de completo cargo de la constructora", dijo Silva.

El gerente general de una de las empresas que forman el consorcio internacional, OAS, Jaume Serre, dijo que respecto al 2007, hoy "se han minimizado los riesgos, las tecnologías han evolucionado, hay partes del puente que se han minimizado sin escatimar ningún tema de calidad; hay un efecto cambiario distinto, de acceso de materiales distinto, y eso facilita la construcción del puente".

Obra requeriría 2.000 trabajadores

Aunque aún debe pasar por revisión por la Contraloría, el proyecto del consorcio OAS-Huyndai-Aas Jackobsen-Sistra promete construir un puente de 2.750 metros de largo, sostenido por dos anclajes y tres pilares, de los que el más alto tendrá 199 metros y estará en la ribera norte de Chacao. El tablero por donde circularán los vehículos será de cuatro pistas, que permitiría una capacidad máxima de seis mil vehículos por hora. El consorcio afirma que el proyecto requeriría unos 2.000 trabajadores y se espera que las obras partan el 2015.

La Cámara de Diputados inició ayer y retomará hoy el debate del proyecto de ley con que el Gobierno pretende adelantar la Subvención Escolar Profesional (SEP) para los terceros y cuartos medios, lo que fue rechazado por la oposición en la tramitación del Presupuesto de la Nación 2014.

La Moneda decidió presentar el proyecto con tramitación inmediata, a pesar de que un acuerdo del 2010 entre ambos bloques estableció que el beneficio regiría a partir del 2015 para los primeros y segundos medios y el 2016 para lo que quede del nivel escolar. En la DC no hay claridad aún si respaldarán la propuesta, como esperan en el Ejecutivo.