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INDH afirma que la tortura en Chile se mantiene por otras vías

derechos humanos. Directora del organismo dijo que el país requiere cambios profundos a su democracia. Presidente rechazó idea de despenalizar el aborto.
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) concluyó en su informe del 2013 que aún existen prácticas de tortura en el país, aunque aclaró que de una forma distinta a la que se registraba en el régimen militar, entre 1973 y 1990.

El documento asegura que constataron la existencia de diseños normativos deficientes y prácticas institucionales que favorecen este tipo de actos "o tratos crueles, inhumanos o degradantes, fundamentalmente en espacios de privación de libertad o de personas sujetas al control por parte de agentes de orden público".

La directora del INDH, Lorena Fries, afirmó que situaciones de este tipo se registran en las detenciones, en centros de tratamientos siquiátricos, en el hacinamiento carcelario, en el ejercicio del derecho a manifestarse o en la aplicación de determinadas normativas, como la Ley Antiterrorista, para obtener información sobre la causa investigada.

"En Chile la tortura aún existe, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable", dijo Fries.

El informe detalla que el año pasado constataron 1.775 denuncias, lo que equivale a unos cinco casos diarios presentados en contra de Carabineros por violencias innecesarias. El INDH asegura que todas ellas fueron puestas en conocimiento de la justicia militar. A septiembre de este año, se han abierto 100 causas por apremios ilegítimos.

El organismo estatal estableció que en el ámbito normativo chileno no explicita el delito de tortura. Además, apunta que coexisten dos normas que sancionan hechos que en el ámbito internacional se conceptualizan como torturas: la contenida en el Código Penal (apremios ilegítimos) y la señalada en el Código de Justicia Militar (violencia innecesaria).

Al acto realizado en el centro cultural Matucana 100 asistió el ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien se sorprendió con la conclusión del INDH, asegurando que de existir casos de ese tipo deberían denunciarse para que se investiguen. "Hoy existe una insatisfacción ciudadana con la democracia, la que parece a ratos divorciarse de su finalidad última que es la dignidad y desarrollo de las personas (...)", agregó Fries.