La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad los 13 recursos de protección que interpusieron los denominados "colegios emblemáticos", que pretendían anular el aumento de la ponderación del ranking de notas para la postulación a las universidades del Consejo de Rectores del próximo año.

Los ministros Patricio Villarroel, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga no aceptaron los argumentos del Instituto Nacional y otros 12 establecimientos en contra de la decisión del Consejo de Rectores (Cruch). Esos centros educacionales buscaban que cada plantel modificara los porcentajes para acoger a los nuevos alumnos en sus distintas carreras luego de rendir la PSU.

Los recursos fueron interpuestos por directores y alumnos de esos liceos en contra del Departamento de Evaluación Medición y Registro (DEMRE), de la Universidad de Chile, y del Consejo de Rectores (Cruch) y acusaban "discriminación" y "arbitrariedad" hacia sus estudiantes, bajo el argumento de que el mecanismo "perjudicaba" a sus alumnos al ser establecimientos más exigentes, ya que sus notas eran más bajas.

Los jueces fallaron que el acto "no adolece de ilegalidad y tampoco corresponde al mero capricho de las autoridades que lo diseñan y aplican", ya que "se enmarca en un proceso de mejoramiento de la educación superior, y se sustenta en informes técnicos que determinan sus fines y la conveniencia de implementarlo".

En la resolución, los magistrados desechan los argumentos de los recurrentes ya que "no se advierte trato discriminatorio en relación a los denominados "colegios emblemáticos", pues la medida es general, objetiva y razonable y sólo busca reconocer una posición relativa de los alumnos en la enseñanza media en su respectivo establecimiento (…) con miras a potenciar el ingreso de los mejores alumnos y mejorar las tasas de titulación".

De acuerdo al tribunal de alzada, el instrumento utilizado por el Consejo de Rectores "representa valores y bienes públicos, con un claro compromiso social para reconocer el mérito y el talento de los alumnos, evitando discriminaciones en el ámbito sociocultural de los postulantes".

satisfacción del cruch

Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), felicitó el fallo de la corte santiaguina y agregó que su fundamentación entrega un apoyo contundente a la medida adoptada por las universidades.

"El fallo es bastante fundamentado. Hay algunas cosas que nos hacen mucho sentido, como por ejemplo que la Corte ha sido muy clara en señalar que la mantención del ranking por parte del Cruch tiene evidente sustento académico. También avala nuestra postura de que esto permite la equidad en el acceso al sistema. La Corte reconoce que las universidades son autónomas para tomar estas decisiones", dijo Zolezzi.

El rector de la Usach agregó que el fallo "es un reconocimiento implícito de la contribución del Consejo de Rectores a la equidad en el país y su sistema educacional" y defendió que este formato revela lo importante "de estudiar durante los cuatro años y no sólo para una prueba".

El vicerrector del Instituto Nacional, Pablo Gutiérrez, cree que la corte no consideró los argumentos de fondo y que analizan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema. Detalló que están conversan con otros liceos para evaluar esta posibilidad, pero que finalmente la decisión será autónoma.

271 mil jóvenes rinden la PSU en el país

La PSU comenzó ayer con la rendición de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Ciencias, mientras hoy será el turno de Matemática e Historia y Ciencias Sociales. En la jornada participan 271 mil jóvenes en más de 8 mil centros de todo el país. Los resultados de los puntajes se conocerán el 28 de diciembre y las postulaciones se extenderán hasta el 31 de este mes. La ministra de Educación, Carolina Schmidt, dijo ayer que "la vida no se juega en una prueba ni en un día", por lo que llamó a los jóvenes a estar "tranquilos y confiados".

El ministro en visita del caso Riggs, Manuel Valderrama, autorizó levantar temporalmente el embargo sobre la fortuna de Augusto Pinochet para pagar los impuestos de 23 propiedades que están a nombre del militar y su familia. La medida aplica para un depósito a plazo de US$ 2,6 millones que Pinochet, fallecido en 2006, mantenía en el Banco de Chile.

El dinero está incautado desde que se inició la investigación del caso Riggs, que se abrió a mediados de 2004 cuando se descubrió que Pinochet mantenía numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.

El dinero se utilizará para pagar el impuesto territorial de 23 bienes raíces de la familia Pinochet, que también se encuentran embargados por la justicia.

Se trata de propiedades en Iquique, la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana.

El juez Valderrama cerró en agosto pasado la investigación del caso Riggs con el procesamiento de seis militares retirados y ningún miembro de la familia Pinochet, aunque algunos miembros del clan Pinochet fueron encausados por el ministro Carlos Cerda. La viuda de Pinochet, Lucía Hiriart y sus hijos, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline, enfrentaron 23 procesos. Lo mismo ocurrió con su ex albacea Óscar Aitken. Todos fueron absueltos.

Las indagatorias del caso intentaron indagar sobre el origen de US$ 17,8 millones que no fueron justificados por el ex comandante en jefe del Ejército.

Por lo anterior fueron procesados los generales (R) Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, además de los coroneles (R) Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan MacLean.

La resolución judicial establece que, una vez que se liquiden los pagos, el monto excedente se mantendrá bajo embargo judicial.

Los seis ex militares inculpados arriesgan penas que van de cinco a 10 años de cárcel como autores del presunto delito de malversación de caudales públicos, por supuestamente ayudar a ocultar los dineros.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló ante la Corte para pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias. Mientras se resuelve el proceso judicial, todos los bienes se encuentran embargados.

Por este caso, Pinochet fue desaforado en su calidad de ex Presidente y alcanzó a estar algunas semanas bajo arresto domiciliario, antes de que fuera sobreseído tras su muerte, a los 91 años, por un infarto.

El comité estratégico del pacto Nueva Mayoría definió insistir en la postulación del juez Carlos Cerda, quien investigó causas como las cuentas de Augusto Pinochet en el caso Riggs e indagaciones de casos de Derechos Humanos, para que integre la Corte Suprema. Los parlamentarios se opondrán a la carta promovida por La Moneda, el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Carlos Aránguiz, resistido en la oposición por el "caso Coimas".

El diputado (PPD) Marco Antonio Núñez dijo que Cerda "fue de los pocos jueces que defendió la dignidad de los chilenos cuando eran perseguidos y nos parece que el Gobierno, y particularmente el Ministerio de Justicia, debe reflexionar respecto de reconocer en el juez Cerda la capacidad, la trayectoria y las condiciones necesarias que le reconocemos para que sea un miembro de la Corte Suprema".

Aunque Núñez no quiso responder si rechazarán el nombre de Aránguiz y planteó que seguirán conversando con el Gobierno.

El presidente del Senado, (DC) Jorge Pizarro, criticó que el Gobierno intentaría imponer a Aránguiz, pero que la "prioridad" para la oposición sería Carlos Cerda.