La ONG Activa advirtió ayer que las sanciones al maltrato animal son mayores que las dispuestas contra la violencia intrafamiliar en la legislación chilena. La entidad dijo que asoman como tareas urgentes aumentar las penas contra el agresor y la creación de un Ministerio de la Familia.

Al entregar los datos de un estudio de la ONG, la directora de Activa, Gloria Requena, dijo que "es a lo menos paradojal que la legislación animal, que consideramos imperfecta y precaria, sea mejor y más garantista que aquella que protege a las mujeres al interior de los hogares".

De acuerdo a la ley, el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, es sancionado con una multa de media de 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), en un rango de $ 20.365 hasta $ 610.965.

El Código Penal, en tanto, sanciona el maltrato animal con penas que van del presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años) y una multa que va de las 2 a las 30 UTM ($ 81.462 a $ 1.221.930).

Otras conclusiones del estudio señalan que en lo que va del año, según datos del Ministerio Público, se han verificado 66 ingresos de víctimas por femicidio entre los meses de enero y septiembre, 19 más que en igual periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 40,42%.

Según el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) los femicidios acontecidos a la fecha serían 36, lo que representaría un incremento del 12,5% respecto del año anterior.

"Cualquiera sea la cifra que se utilice, lo que está claro es que los femicidios y la violencia hacia la mujer van en aumento y que las políticas públicas y campañas desarrolladas han sido ineficaces para contenerla", dijo Requena.

baja valoración

Otra de las conclusiones del estudio apunta a la baja valoración por parte de las víctimas de alguna de las medidas de protección que son determinadas tanto por los fiscales como por los tribunales de familia.

Del total de mujeres agredidas encuestadas por la ONG, sólo el 14% valoró la medida de prohibición de acercarse a la víctima. Las medidas más valoradas fueron la vigilancia policial de la víctima (24%), seguida del abandono del hogar por parte del agresor (31%).

Requena explicó que "los análisis indican que en 8 de cada 10 casos el agresor a quien se ha prohibido acercarse a la víctima, vulnera la medida, por lo que la implementación del brazalete electrónico es clave, sin embargo el Gobierno aún no logra que sea implementado."

Frente a las tareas que estarían pendientes en este tema, la directora de Activa apuntó a la urgencia de considerar la violencia intrafamiliar como un delito de acción pública y el mejoramiento de las medidas cautelares. Entre estas, agregó la directiva, está la disposición real del uso de brazaletes en los casos judiciales donde se ordena el alejamiento del agresor del ambiente próximo de la víctima.

En cuanto a las propuestas de las candidatas presidenciales, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, en este tema, Requena valoró la creación de un Ministerio de la Mujer, propuesto por la ex Mandataria, ya que mejora el presupuesto y dota de mejores herramientas a la institucionalidad que existe en la actualidad.

La titular de Activa se mostró escéptica de la propuesta de Matthei de otorgar el derecho a la familia de seguir con una demanda si la afectada desiste, ya que "hemos sido reiterativos de pedir este cambio en la legislación y la verdad es que no obtuvimos ninguna respuesta de las autoridades en su minuto; de hecho, han pasado cuatro años de este Gobierno y aún no vemos ninguna ley que incorpore estos temas".

"La verdad es que no vemos por qué ahora se va a incorporar; estamos hablando de una misma gestión, la candidata fue ministra y una se pregunta por qué ahora", puntualizó.

La abanderada del pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, anunció el sábado en una actividad de campaña que, de ganar la elección en segunda vuelta, creará un Ministerio de la Mujer, Igualdad y No discriminación, en reemplazo del actual Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y modificará la ley de violencia intrafamiliar,

Evelyn Matthei, por su parte, propuso exigir que los padres agresores paguen obligatoriamente las pensiones alimenticias de sus hijos, que los familiares de las víctimas puedan continuar con las causas en los Tribunales de Familia, que causas penales de este tipo no sean abandonadas y que las mujeres que sufran algún tipo de violencia puedan acceder a subsidios para comprar una casa propia.

Los datos del Sernam sobre agresiones

De acuerdo a la Encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales 2012 del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), el 31,9% de las mujeres entre 15 y 65 años declara haber sufrido alguna forma de violencia por algún familiar, pareja o ex pareja, alguna vez en su vida. Las regiones con mayor prevalencia de violencia son BioBio (43,5%), Arica-Parinacota (41,7%) y La Araucanía (36,8%).

los alcances del informe

Sanción Según el estudio, la multa por maltrato animal puede llegar a $ 1.221.930. Por maltrato a la mujer, a $ 610.965.

Medidas El abandono del hogar por parte del agresor (31%) es la medida más valorada por la muestra consultada.

Reclamo El informe señala que en el 80% de los casos el agresor vulnera la prohibición de acercarse a la víctima.

El ex subsecretario del Interior, (DC) Belisario Velasco, descartó haber tenido informaciones previas que llevaran al Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin a deducir que podría haberse registrado el atentado que terminó con la muerte del senador Jaime Guzmán. "Yo creo que es una conclusión falsa, por cuanto jamás Carabineros ni Investigaciones nos dieron una información de esa naturaleza", afirmó Velasco a radio Biobío.

Un análisis de la PDI enviado al juez Mario Carroza revela que la institución habría estado informada del plan y se acreditó que antes del crimen existió una reunión de inteligencia en La Moneda. Guzmán fue ultimado el 1 de abril de 1991 fuera del Campus Oriente de la Universidad Católica.

La causa por la muerte del congresista se reabrió el 2010, luego que el juez que lleva el caso, Mario Carroza, viera una entrevista al frentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el "Comandante Ramiro", quien relató que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) realizó una campaña denominada "No a la Impunidad", que buscaba eliminar a los colaboradores de la dictadura, entre los que se encontraba Jaime Guzmán.

Velasco sólo reconoció que "la situación del país naturalmente hacía prever siempre cualquier cosa y se tomaban todas las medidas", al ser consultado por el ambiente político de la época.

El 13 de marzo de 1991, dos semanas antes del atentado, la policía uniformada encontró panfletos en el lugar donde estalló una bomba del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que rezaba amenazas contra Guzmán, Augusto Pinochet y Manuel Contreras. En los rostros de los tres aludidos había una marca y la frase: "No más espera ni trámite, ¡justicia ahora!".

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo a La Tercera que "tiene la certeza" de que nadie advirtió a Guzmán que existían amenazas de atentado en su contra.

El jefe de gabinete agregó que "si esos indicios, que están en el proceso, realmente existieron, obviamente es un hecho grave, ya que distintas autoridades, eventualmente, habrían tenido conocimiento de esta situación y no habrían alertado o adoptado medidas de protección".

El FPMR defiende al único procesado

El FPMR publicó en su sitio un comunicado que defiende a Enrique Villanueva Molina, ex miembro de su dirección nacional y único procesado por el crimen de Guzmán. La organización dijo que investigó a Villanueva y descartó que haya colaborado con "La Oficina" en los noventa.