hitos de una investigación que siempre estuvo en la polémica

Inicio Las detonaciones comenzaron el 2006 en Santiago. Entre 2007 y 2009 la indagatoria estuvo a cargo del fiscal Francisco Jacir, y luego pasó a Xavier Armendáriz.

Dos chilenos que fueron absueltos por la colocación de al menos cuatro artefactos explosivos en el país hace un año en el denominado caso bombas, fueron detenidos ayer en España como presuntos integrantes de un grupo anarquista que detonó un dispositivo el 2 de octubre en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, cuando había fieles dentro del templo y uno de ellos quedó herido.

Los detenidos en Europa son Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, ambos anarquistas sospechosos de ser autores materiales del hecho. También fue aprehendida la chilena Rocío Yune Mira Pérez, que se encontraba en el departamento donde se realizó la redada. Lo mismo ocurrió con una italiana y un argentino.

Según la policía, Caballero y Solar serían parte del Comando Insurreccional Mateo Morral, que se atribuyó la responsabilidad del ataque en Zaragoza alegando supuestos vínculos de la Iglesia Católica con el pasado franquista del país.

La Moneda apuntó sus dardos ayer contra la justicia nacional, a la que responsabilizó de dejar libres a Solar y Caballero, a pesar de la supuesta existencia de pruebas de que ellos estaban involucrados en al menos cuatro de las cerca de cien explosiones de artefactos incendiarios que se detonaron en Santiago en los últimos años.

Al primero el Ministerio del Interior y el Gobierno le atribuyeron participación directa en las bombas que estallaron en los frontis del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la casa central de Chilectra, todas el 2006. A la segunda, le imputaron la que detonó el 2009 en la puerta del templo Los Sacramentinos.

"Queda demostrado que el Gobierno sí tenía razón (...) Sí se trataba de personas que colocaban y han seguido colocando bombas en el país en el pasado y ahora en España (...) Los tribunales de Justicia deben dar una explicación", señaló ayer el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.

El secretario de Estado contó que el fin de semana fue informado por el ministro del Interior español, Jorge Fernández, sobre los antecedentes que tenían. Explicó que la autoridad hispana le envió pruebas como videos que corroboraban la presencia de ambos chilenos en Zaragoza el día de los hechos, además de declaraciones de testigos. También, informó que la PDI envió antecedentes del caso a Europa.

El jefe de Interpol Chile, Pedro Cuevas, detalló ayer que el 4 de septiembre la policía española le solicitó a la PDI antecedentes sobre Solar y Caballero. El comisario contó que le enviaron información de "fuentes abiertas" con la actividad de ambos en el caso bombas.

Chadwick apuntó directamente por el desenlace que tuvo la causa nacional al juez del octavo juzgado de garantía de Santiago, Luis Avilés, que desechó el 2011 cerca del 60% de las más de 6.000 pruebas que había presentado el Ministerio Público, porque a su parecer eran improcedentes o fueron tomadas ilegalmente. Su consideración fue respaldada luego por la Corte de Apelaciones.

Quien era el ministro del Interior en la época, Rodrigo Hinzpeter, comentó ayer que Avilés fue "incomprensiblemente" "un verdadero muro que no dejaba ver ni escuchar" y que "maltrató a los abogados".

"Los jueces tienen que abrir oportunidades para que el Ministerio Público pueda llevar adelante sus acusaciones", analizó el actual ministro de Defensa.

Chadwick y Hinzpeter coincidieron en fustigar a la defensa de los imputados y a la oposición, que a su juicio se hicieron "irresponsablemente" "eco de las acusaciones de montajes" que se instalaron sobre el caso.

Hinzpeter dijo que ello era "absurdo" y agregó que espera que esto sirva de elección a los "liderazgos políticos" para que respalden las iniciativas de este tipo, "y no anden inventando comisiones investigadoras", añadió. Según él, se hizo un "circo" de la investigación.

"Ojalá que el ministro de España no sufra el maltrato e invenciones de montaje que este (ex) ministro del Interior sufrió (...) Acá se festinó (...) Se inventaron reuniones con fiscales a escondidas (...) que yo premié a un fiscal dándole a un trabajo", lamentó Hinzpeter, aludiendo a Alejandro Peña, que lideró la indagatoria hasta principios del 2011, cuando se retiró de la fiscalía para asumir la jefatura del departamento de Estudios de la subsecretaría de Interior.

Peña comentó ayer a Emol que el caso se "despostó" en el juicio oral del año pasado, cuando él ya no encabezaba la indagatoria. A su juicio, quedaron con "muy pocas pruebas" relevantes para probar la participación de los imputados en los hechos.

Chadwick dijo que lo ocurrido hace "imprescindible" crear un observatorio judicial, que registre y haga público la manera en que fallan los jueces, una propuesta que rechaza la Corte Suprema, que lo considera como un intento de intromisión en otro poder del Estado.

Desde el Gobierno recordaron que el caso bombas en Chile ya está cerrado y no existen alternativas para reabrirlo, pero agregaron que insistirán en el litigio con el que pretenden evitar el pago de las costas a la que fueron condenados, que en los casos de Solar y Caballero ascienden a $ 100 millones y $ 80 millones, respectivamente.

"¿Habrá que pagarle para que sigan viajando por el mundo", preguntó Hinzpeter.

Ley Antiterrorista Tras la muerte de un anarquista por la detonación de un artefacto que transportaba, el 2009 el Gobierno de Bachelet presentó la primera querella invocando esta normativa.

Agilización Una explosión cerca de la casa del Presidente Piñera, llevó el 2010 al Fiscal Nacional Sabas Chahuán a poner en junio en el caso al fiscal Alejandro Peña.

Defensa responsabiliza a querellantes

El abogado que defendió a Mónica Caballero, Washington Lizana, dijo que España incurre en un "error" cuando dice que ella tiene un "un largo historial terrorista", ya que el único antecedente al respecto es el caso bombas. Sobre esta indagatoria, respondió que las críticas del Gobierno se deben a "que en un par de días hay una elección" y éste ha insistido en cuestionar a los jueces. Lizana responsabilizó del desenlace y absolución de los imputados a la fiscalía y al Gobierno como querellantes. "Quienes no aportaron las pruebas fueron ellos", dijo.

Asociación ilícita Peña ordenó en agosto del 2010 la detención de 14 personas por asociación ilícita, tato para la colocación de las bombas como para financiar las operaciones.

Pruebas desechadas El 2011 el juez Avilés desechó 4.000 pruebas por redundantes, ilegales y no acreditar culpabilidad. Corte de Apelaciones lo ratificó y fue clave para absolver a imputados el 2012.

"Queda demostrado que el Gobierno sí tenía razón (...) Sí se trataba de personas que colocaban y han seguido colocando bombas en el país en el pasado y ahora en España".

Andrés Chadwick

Ministro del Interior

"Montaje" Los exculpados y sus defensas acusaron que fueron víctimas de un "montaje" promovido entre la fiscalía y el Gobierno. La oposición impulsó una comisión investigadora.

"Ojalá que el ministro de España no sufra el maltrato e invenciones de montaje que este (ex) ministro del Interior sufrió (...) Se inventó que yo premié a un fiscal con un trabajo".

Rodrigo Hinzpeter

Ministro de Defensa