El director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU., general Keith Alexander, tildó ayer de "falsas" las informaciones de la prensa europea sobre el espionaje a millones de llamadas telefónicas de ciudadanos en Europa. El directivo se hizo eco de un artículo de The Wall Street Journal, que explicó que los datos recolectados en España y Francia fueron obtenidos en realidad por los servicios secretos de esos países y no por los de Estados Unidos.

"Nuestras fuentes incluyen datos recogidos legalmente, así como datos facilitados a la NSA por los socios extranjeros", dijo Alexander durante una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes del Congreso y citado por la agencia EFE.

"Para ser perfectamente claro, no es información que recolectamos de ciudadanos europeos. Representa información que nosotros y nuestros aliados en la OTAN hemos recogido en defensa de nuestros países y en apoyo de operaciones militares", explicó el director de la NSA.

Por ello, aseguró que son "completamente falsos" los informes publicados en la prensa europea sobre la recolección de registros telefónicos en Europa por parte de la NSA.

Según el diario francés Le Monde, en un periodo de 30 días, entre diciembre de 2012 y comienzos de 2013, se interceptaron 70,3 millones de comunicaciones emitidas desde Francia. El diario español El Mundo publicó el lunes que la NSA espió más de 60 millones de llamadas telefónicas en España entre diciembre de 2012 y enero de 2013.

Alexander confirmó indirectamente la información publicada ayer por The Wall Street Journal, que asegura, citando a funcionarios estadounidenses, que el espionaje a millones de ciudadanos en Francia y España fue realizado por los servicios de inteligencia de esos países, que compartieron después los datos con la NSA.

Ese espionaje tanto en Francia como en España, de acuerdo con The Wall Street Journal, se habría llevado a cabo "en estrecha colaboración" con los servicios de inteligencia de ambos países.

Los funcionarios estadounidenses citados por el Journal explicaron que los documentos filtrados por el ex analista de la NSA, Edward Snowden, se malinterpretaron y en realidad mostraban registros telefónicos recogidos por los servicios de inteligencia franceses y españoles.

Alexander apuntó en la misma dirección y dijo que los periodistas que analizan la información "no comprenden o malinterpretan" los registros .

El espionaje masivo realizado por EE.UU. a sus ciudadanos y a gobiernos extranjeros está causando de nuevo polémica, sobre todo a raíz de las revelaciones sobre la vigilancia a 35 líderes mundiales y a millones de ciudadanos en otros países conocidas a través de los documentos filtrados por Snowden.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, Félix Sánz Roldán, aseguró ayer que este organismo "trabaja siempre dentro de la ley" y con una eficacia "notable". La ley en España, añadió Sanz Roldán, es "absolutamente explícita" y dice que el CNI "no puede hablar ni de sus métodos, ni de sus procedimientos, ni de sus relaciones con terceros".

El Congreso analiza poner fin a escuchas

Un grupo bipartidista de legisladores introdujo ayer en el Congreso de EE.UU. un proyecto que pretende eliminar la recolección de registros telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El proyecto no se inmiscuye en el espionaje en el extranjero y busca poner fin al acceso de la NSA y el FBI a millones de registros telefónicos al amparo de la "Ley Patriota", aprobada tras los atentados del 11-S.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró ayer constitucional una ley de medios defendida por el Gobierno y rechazada por el Grupo Clarín, que generó durante cuatro años una batalla judicial entre ambos y ocupó la política del país.

Aunque el fallo busca poner punto final a la pelea en la que ambos actores midieron su poder ante la opinión pública, Clarín advirtió que apelará ante la justicia internacional, mientras los analistas no descartan que se inicie otra batalla, esta vez por las indemnizaciones que la empresa podría exigir por verse obligada a desprenderse de inversiones en el mercado audiovisual.

El máximo tribunal avaló cuatro artículos de la ley aprobada hace cuatro años -que sustituyó a una norma del gobierno militar (1976-1983)-, que fija límites a la tenencia de señales audiovisuales y que según Clarin, "atentan contra su sustentabilidad económica y la libertad de expresión".

Según la agencia AP, el artículo más polémico es el 45, que fija un límite para una misma persona jurídica de 24 licencias de cable locales, una licencia de cable o una licencia de televisión abierta en una misma localidad, un tope de tres licencias audiovisuales en una misma área y una señal de contenido propio para titulares de licencias de radio y televisión abierta o de cable. El Grupo Clarín considera que la televisión de cable y la abierta "son servicios que no compiten entre sí". Además el artículo fija un porcentaje tope de 35% del total nacional de habitantes o de abonados para prestar servicios audiovisuales.

Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo en una conferencia de prensa que con "esta sentencia se cierra una etapa de incertidumbre y se inicia un ciclo importantísimo para el país y para la democracia... se terminan de despejar los obstáculos puestos por un grupo empresarial que se resistía a cumplir la ley".

Clarin analiza una apelación judicial

El Grupo Clarín dijo que "respeta las decisiones judiciales" pero que "analiza las futuras derivaciones judiciales, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales". La Sociedad Interamericana de la Prensa criticó el fallo pues pretende "desguazar" al Grupo Clarin.