El intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, participó de la reunión de la Macrozona Sur de Seguridad, la cual fue encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y los subsecretarios Rodrigo Ubilla y Katherine Martorell.

El jefe regional manifestó la importancia de legislar respecto a la seguridad de los APR en el país. "Presenté a todos en la Macrozona lo que significa tener sistemas de agua potable tan precarios en nuestras regiones, precarios en el sentido de la seguridad, no en la calidad del agua, porque está siendo permanentemente fiscalizada por la autoridad sanitaria, sino la precariedad de no tener las cosas mínimas para evitar cualquier acción que pueda perjudicar la calidad del agua y pueda dañar a nuestra gente", aseguró.

Agregó enfático que "mi intención de plantearlo en la Macrozona es generar legislación al respecto, poner normas para exigir que todos los sistemas de agua potable del país, y en especial de nuestra región, sean más seguros".

En otra materia, el intendente lamentó que esta es la región con más femicidios: "Es un récord que nos duele el alma y tenemos que hacer esfuerzos permanentes para mejorar. Eso pasa por el Plan Regional que hemos acordado y que compromete a todos los servicios, a nuestras policías, donde debemos hacer mucha más capacitación para evitar que cometamos errores, porque a veces un error que podría evitar un feminicidio se trasforma en uno, porque no hicimos bien las cosas".

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El ministro Álvaro Mesa sometió a proceso a siete ex uniformados, quienes figuran como autores de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en la Región de Los Lagos.

La causa tiene relación con eventos acaecidos en la detención de Mario César Torres Velásquez, José Mario Cárcamo Garay, Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, Óscar Arismendi Medina, José Luis Felmer Klenner y José Antonio Barría Barría.

Todos estos hombres fueron aprehendidos de forma violenta en el Fundo El Toro (Fresia), el 20 de septiembre de 1973. Posteriormente fueron fusilados por orden del Consejo de Guerra de la época, en instalaciones de la Fuerza Aérea ubicadas en Chamiza, el 19 de octubre del '73. El Consejo de Guerra los condenó a la pena de muerte como autores del delito de "traición".

Procesados

El ministro en visita despachó órdenes de detención a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en contra de Francisco Alarcón Castro, Edinson Chávez Gallardo, Fernando Concha Giordano, Gabriel Mejías Leyton y Carlos Berríos Rodríguez. Todos serían autores de los delitos de secuestro, apremios ilegítimos (torturas) y detenciones ilegales, en su carácter de lesa humanidad.

Como consecuencia del peligro para la seguridad de la sociedad y la sanción legal probable, el ministro Mesa no les otorgó la libertad bajo fianza. Además, una vez que sean ubicados y privados de libertad, todos deberán quedar incomunicados entre sí.

En tanto, Patricio Rodríguez Encalada (80 años) y Osvaldo Schwarzenberg Stegmaier (90 años) fueron sometidos a proceso por el homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, contra las víctimas antes descritas.

Respecto al caso de estos dos adultos mayores, el juez investigador resolvió que "atendida la edad de los procesados, y para los fines del procedimiento, aparece suficiente decretar respecto a ellos la medida cautelar de arresto domiciliario total".