A casi un mes del inicio del desastre humano y económico que significó para los osorninos y la normal actividad de la ciudad la larga interrupción del suministro de agua potable, se ha entrado ya en la tierra derecha de las negociaciones por las compensaciones y repactaciones que se espera pague Essal, con la mediación del Gobierno, a modo de resarcir parte del daño causado a los casi 200 mil habitantes de la ciudad. La primera de las compensaciones, aquella que establece la ley por el corte de agua, se encuentra plenamente en vigencia, pues los 48 mil clientes de la empresa sanitaria han recibido o recibirán prontamente las cuentas de agua potable y tratamiento y recolección de aguas servidas con los respectivos descuentos, que consideran diez días sin cobrar por cada jornada en que las familias o unidades productivas estuvieron sin el normal abastecimiento.

Las otras dos fórmulas de compensación serán probablemente las más complejas de abordar por las dificultades del cálculo de reparación, los montos en que debería incurrir la cuestionada compañía y el carácter voluntario de ellas. La primera está siendo coordinada por el Ministerio de Economía y apunta a compensar a las medianas y pequeñas empresas (mipes) que durante el tiempo en que estuvieron sin agua, vieron drásticamente alterado su funcionamiento y, por ende, sus ingresos. Para reparar los perjuicios del sector, la empresa está participando en una mesa de coordinación, cuya última reunión se realizó en Osorno.

Tal como lo han sostenido las autoridades y los dirigentes gremiales, es imperioso que los comerciantes y emprendedores afectados se registren en el catastro que servirá de base para las reparaciones. El plazo para inscribirse se amplió al 23 de agosto, a la espera de una mayor convocatoria.

La tercera parte de las reparaciones, en tanto, corre por cuenta de las compensaciones adicionales que se proyecta que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) consiga de parte de Essal, que se allanó a participar en un procedimiento voluntario colectivo. En esta materia, ya está sobre la mesa una propuesta de la Asociación de Consumidores local.

Para que cada uno de estos caminos prospere, se necesitará del involucramiento activo del Gobierno, la participación de los afectados y, por sobre todo, la voluntad de la sanitaria. De otro modo, el ambiente se seguirá emponzoñando.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 6,2% de los chilenos fue diagnosticado con diversos trastornos del estado de ánimo, tales como trastorno depresivo mayor, distímico, bipolar I y II, ciclotímico, etc., en tanto que la "sospecha de depresión" se elevó al 15,8%. La depresión alude a una alteración severa del ánimo que puede afectar a personas de todas las edades -niños, adolescentes, adultos y adultos mayores-, siendo una enfermedad que, en la mayoría de los casos, se presenta por fases, es decir, se alternan períodos de estado de ánimo normal con episodios depresivos.

Sin embargo, una persona puede, asimismo, sufrir el llamado "trastorno depresivo persistente" -que puede durar dos años o más-, generando una calidad de vida poco saludable. La depresión mayor, a su vez, se caracteriza porque el paciente experimenta uno o más episodios depresivos mayores con una duración de al menos dos semanas con estado de ánimo depresivo y/o la pérdida de interés por cosas y personas que antes eran importantes para el sujeto, acompañado de -al menos- otros cuatro síntomas de depresión, tales como tristeza, llanto, frustración, ira, melancolía, trastornos del sueño, etc., que pueden combinarse con sentimientos de pérdida, ansiedad, infelicidad, pensamientos y actos suicidas.

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), con un 6,2% de chilenos con depresión, Chile presenta una de las tasas más altas del mundo, ya que la prevalencia de este trastorno en la población mundial es de un 4,4%. Bajo esta mirada, la depresión en Chile no sería -tan sólo- un problema de carácter individual, sino que tendría también una connotación de tipo social, cultural y económica. Esta realidad debería obligar a los gobiernos de turno a enfrentar este trastorno con políticas de Estado, las cuales, además de garantizar el tratamiento con programas apropiados y efectivos, también deberían orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas, para favorecer su salud mental.

A la problemática que representa la depresión, se suma, hoy en día, el alto consumo de tranquilizantes -sin prescripción médica- en la población. Con relación a esta situación, se produce un efecto colateral muy preocupante: el elevado consumo de psicotrópicos -como las benzodiacepinas- entre los escolares chilenos ha llegado -en el caso particular de los niños de octavo básico- al 14%, en tanto que en el resto de los países es de sólo el 7%. Si todo esto no representa un grave problema de salud pública, no me imagino cuál otro podría serlo.

Dr. Franco Lotito C., académico,

escritor e investigador