Ha generado preocupación en el mundo agrícola y en quienes practican deportes de tiro, la reforma a la Ley de Armas. Hay que dejar en claro que esta iniciativa aún no ingresa al Parlamento, pero entiendo la inquietud que esto genera en quienes se dedican a estas actividades, en las que se hace necesario el uso de armamento.

Aclaremos que el espíritu de la ley no es coartar a quienes mantienen estos elementos bajo regla, sino que es desarmar a los delincuentes, que cada vez realizan atracos con más violencia.

La violencia rural ha aumentado y nuestros agricultores han decidido armarse en base a lo que dictamina nuestra ley, manteniendo armamento debidamente inscrito y que es usado sólo en situaciones extremas de forma disuasiva, a la espera de la llegada de las policías. No debemos poner en riesgo su seguridad ni restringir el uso responsable que ellos le han dado durante tantas décadas.

Por otro lado, en el ámbito deportivo, algunos poseen más de una veintena de armas utilizadas para diferentes especialidades y que han contribuido a nuestro país con diversos logros olímpicos, y que hoy, con antecedentes preliminares, sienten que pueden verse afectados.

Esta reforma ha generado una serie de mitos y especulaciones, entre ellas, que cada persona podrá mantener dos armas inscritas, y que habrá un nuevo registro de inscripción, antecedentes que no han sido presentados por el Gobierno y que, hasta el día de hoy, no hay certeza del proyecto que impulsará el Ejecutivo los incorpore. Es por ello que, junto a gremios agrícolas y agrupaciones deportivas, nos reuniremos en los próximos días con el ministro del Interior, para conocer más antecedentes y plantear sus inquietudes.

Tengo plena certeza que no se abandonará a los agricultores y deportistas de nuestra región y sus dudas serán resueltas de forma satisfactoria. Para nuestro gobierno, la seguridad es prioritaria, y efectivamente se trabaja en buscar un mayor control de las armas, pero el objetivo es atacar a quienes las utilizan en fines delictivos y no para quienes hacen deporte con ellas, las coleccionan o las usan en el mundo rural.

Iván Moreira, senador por

la Región de Los Lagos

Después de unos días de intensa polémica que tuvieron enfrentados al municipio de Osorno con la Seremi de Vivienda por la responsabilidad de las exigencias del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) en el freno a la actividad inmobiliaria en la ciudad, se llegó finalmente a una especie de acuerdo esta semana, luego que en una reunión sostenida en Puerto Montt, la representación ministerial se comprometiera a enviar un oficio que amplíe las condiciones para la certificación de las ventanas de los nuevos proyectos habitacionales. Como se recordará, fue la Cámara Chilena de la Construcción, primero, y el propio alcalde osornino, después, quienes pusieron la voz de alerta por los impracticables requisitos que imponía desde el 1 de enero de este año el PDA a las iniciativas inmobiliarias: se necesitaba que cualquiera de las ventanas de cualquier proyecto fuese certificada técnicamente por un laboratorio.

El problema era que, además de Santiago, sólo en Concepción existía una instalación de este tipo. Respetando esta exigencia del PDA que comenzaba este año, y que hasta era desconocida por el Servicio de Vivienda y Urbanismo cuando presentó una iniciativa de viviendas sociales en Ovejería Alto, la Dirección de Obras Municipales rechazó todos los proyectos de vivienda presentados a la repartición entre enero y abril, todo porque no incluían la mentada certificación de ventanas.

Asumiendo el significativo impacto que esta norma estaba provocando en una actividad tan sensible para el mercado laboral como lo es la construcción, la Seremi de Vivienda anunció que además de la certificación en un laboratorio, ahora las empresas podrán elegir alguna ventana incluida en un catálogo oficial o bien contar con la firma de un profesional. Se supone que así se mantendrá el requisito para mejorar la aislación térmica y se reactivará el sector.

Así como esta norma, el PDA ha dejado en evidencia una serie de vacíos para su correcta ejecución, el más importante, la falta de financiamiento desde su partida para la entrega de subsidios de aislación térmica y de recambio de calefactores según el cronograma establecido. A diferencia de las ventanas, desde los organismos establecidos aún no hay un pronunciamiento claro acerca de cómo se saldará esta brecha que año tras año se incrementa.