La peste porcina africana es una enfermedad viral, detectada en China continental en agosto de 2018. En las últimas semanas un severo brote ha golpeado fuertemente a todas las provincias de ese país, estimándose que ya se ha generado una disminución de más del 5,2% de la producción durante el primer trimestre de 2019.

La pérdida acumulada para la industria bordearía ya aproximadamente 128.000 millones de dólares, amenaza que aún no es controlada, ya que la enfermedad es letal para los cerdos (no así para el ser humano), y sin cura hasta el momento.

La crisis es de tal magnitud que Rabobank la califica como un "giro sin precedentes en el comercio". El Ministerio de Agricultura chino prevé un incremento en el precio del cerdo cercano al 70% (cronista.com). Latinoamérica no está ajena a sus impactos, considerando que a fines de años habrán faltado unos 130 millones de cerdos en el país afectado, producto de la enfermedad.

Podemos entonces inferir varios escenarios posibles. En primer lugar, muy posiblemente Brasil pueda redestinar su exportación de cerdos (y también vacuno) hacia ese mercado. También Chile tiene una oportunidad enorme para los envíos de cerdo. Por ende, cabría esperar una posible mayor escasez de uno de los principales sustitutos de carne vacuna en nuestro país. Y quizás también un incremento del valor, tal como lo indican los principales mercados internacionales.

También es una oportunidad enorme para capturar mayor mercado de carne vacuna en China. Y no sólo eso, no debemos olvidar que también existirá alimento que inicialmente se destinaba a cerdos, como soya, sobre todo desde Brasil, que tendrá que generar una nueva demanda a muy corto plazo. ¿Podríamos esperar contar con alimentos para engordas a menor valor? Esperamos que así sea.

Por último, deseamos recalcar que esta desafortunada situación que afecta al mercado chino ofrece una oportunidad para Chile y su ganadería. Aprovechemos con mayor fuerza nuestra condición zoosanitaria privilegiada, uniéndonos para generar una oferta exportable robusta.

También recalcamos al público chileno que nuestra carne es un alimento seguro, alto en Omegas.

Sergio Willer Daniel, presidente de Corpcarne

Cualquier política pública, para su ejecución en los tiempos que fija su cronograma, requiere de un diagnóstico compartido, un diseño preciso, un financiamiento claro y definido en cuanto a los plazos y origen; y responsables, también claros y definidos, que vayan monitoreando constantemente su implementación. Si ninguna de estas variables se da, lo más probable es que la herramienta entrará en un punto muerto, obligando a las explicaciones que complican, a anuncios de recalendarización y, en el peor de los casos, a su declaración de inaplicabilidad. En un terreno intermedio queda la ejecución a medias de un plan que, a la larga, cuando se mida su resultado final, no cumplirá sus objetivos y forzará al estudio y dictación de una nueva política pública que empezará de cero. Los más perjudicados, como siempre, serán sus eventuales beneficiarios.

Valga este contexto para el actual estado del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Osorno, que hace tiempo viene dando una serie de señales que dan cuenta de inaplicabilidades, falta de financiamiento y de supervisión, al punto que ya no es aventurado sostener que no hay ninguna posibilidad de llegar al año 2026 con una baja del 83 por ciento de la emisión de partículas contaminantes, provenientes de la incorrecta combustión de la leña. El capítulo más reciente, que combina la comedia y la tragedia, se dio a conocer hace unas semanas, cuando la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno alertó que exigencias contenidas en el PDA y que entraban en vigencia este año, estaban paralizando la actividad inmobiliaria. El dato fue refrendado por el alcalde esta semana, cuando reportó que los permisos de edificación expedidos este año han caído a cero, versus los 150 del año pasado en igual lapso, producto de la obligación de certificar las ventanas en cuanto a su aislación térmica, algo difícil de cumplir por la falta de empresas en la zona que hagan esta tarea.

Cuesta entender que una norma aprobada en un PDA que comenzó hace tres años, tome por sorpresa ahora a los agentes del Estado, en particular a la cartera de Vivienda. Aunque sí se entiende desde la rigurosidad (o falta de ella), de parte de todos los organismos gubernamentales, con la que se ha afrontado un plan que hace rato está haciendo agua.