La Ley de Inclusión Escolar en la palestra regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. El actual gobierno ha presentado una modificación con la Ley de Admisión Justa, incorporando conceptos como el mérito y el esfuerzo en la discusión.

Me pregunto si es posible justificar el mérito en una sociedad chilena tan segregada donde los ingresos, la profesión y el nivel educativo se transmiten de una generación a otra, sin mayores cambios, donde existen colegios particulares para las familias más acomodadas, colegios subvencionados para la clase media y establecimientos municipales para las familias de más bajos recursos.

Si se incorpora a esta reflexión las diferencias entre zonas urbanas, metropolitanas y regiones, o centros urbanos y zonas rurales, las diferencias se acrecientan. Preferiría hablar de mejorar la calidad de la educación que se entrega a los niños, niñas y adolescentes, para que esa elección sea por el proyecto educativo que no sea concebido como una industria y tampoco por resultados de pruebas como el Simce o la PSU, que están estrechamente relacionadas al nivel socioeconómico.

Prefiero un sistema educativo de calidad y con los mejores estándares, donde cada persona pueda tener las mismas posibilidades de alcanzar el éxito y una buena calidad de vida. Sin embargo, la igualdad de oportunidades no está presente donde las brechas entre los más ricos y los más pobres se perpetúan en el tiempo y la movilidad social es un esquivo anhelo.

Las políticas públicas que se expresan en las leyes y presupuestos son las que deben brindar a todos la oportunidad de tener éxito, y así el derecho a que todos los niños y jóvenes puedan desarrollar sus talentos y capacidades, y no sean los recursos los que definan la institución donde un niño o joven pueden cursar estudios. El derecho a la educación y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos sólo será posible cuando nuestro sistema educativo cuente con los mismos estándares de calidad y no se privilegie un acceso a la educación segmentado por clase social, el que se consolidó con las reformas de los años 80 y posteriormente con el copago, donde los colegios seleccionaban a las familias, aspecto que se intenta reponer con el proyecto admisión justa.

Óscar Garrido Álvarez, rector

de la Universidad de Los Lagos

Desde hace varios años, cada uno de los censos poblacionales y diversos estudios que hurgan en la calidad de vida viene demostrando la irrefrenable migración desde el campo a la ciudad. El país que por décadas sustentó gran parte de su fuerza económica en la actividad agraria, y que definió buena parte de su identidad y tradiciones desde el modo de vida que se llevaba en haciendas, fundos, parcelas y pequeños villorrios rurales, ha experimentado un sostenido cambio que en el último tiempo se ha acelerado, tanto por la fuerte atracción que ejercen las ciudades en su calidad de fenómeno global, como por el progresivo deterioro en los extramuros. En el campo, la falta de oportunidades laborales y de acceso a cuestiones tan básicas como la salud y la educación ha empujado la emigración de generación en generación.

Más allá de la visión romántica que se pueda tener acerca de la vida en las zonas rurales, y de ciertas tendencias que revierten el fenómeno en círculos sociales muy restringidos, lo cierto es que vivir en el campo supone grandes sacrificios para miles de familias que de una u otra forma siempre tienen que terminar viajando a las ciudades para realizar algún trámite, ir al médico o continuar los estudios. De esto bien pueden hablar los numerosos habitantes de la provincia de Osorno, que se ven obligados a realizar más de un viaje para poder llegar a la cabecera de su comuna.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en aisladas zonas de San Pablo o Río Negro, donde los pasajeros deben abordar un bus hasta la capital provincial, para recién allí realizar un transbordo que los lleve a las cabeceras de sus comunas. El costo, financiero y de tiempo personal para los pasajeros, es evidentemente abrumador, aun para los trámites más sencillos.

Si el país quiere de verdad desincentivar la migración desde el campo a la ciudad, tiene que empezar por brindar oportunidades de transporte más equitativas para los habitantes de las zonas rurales, además, por supuesto, de saldar las deudas pendientes en salud, educación y otros. Esto es particularmente sensible en una zona tan agraria como esta provincia.