Sergio Silva
Dos funcionarias ganaron un juicio laboral tras demandar al fisco, luego que fueron desvinculadas desde la Gobernación de Osorno el pasado 3 de mayo. La acción legal la emprendieron debido a que estimaron que su despido era injustificado y adujeron la vulneración de sus derechos fundamentales por la salida de la entidad provincial, cuya administración cambió tras las pasadas elecciones presidenciales.
Se trata de la profesora de inglés Pamela Carrasco, quien se desempeñó desde el 1 de julio del 2014 como encargada de Extranjería y luego debió cumplir labores de apoyo profesional en la misma unidad; a ella se suma la periodista Carolina Gatica, quien fue la encargada de prensa de la Gobernación durante el periodo de Gustavo Salvo y María Tabita Gutiérrez, entre el 12 de marzo de 2014 hasta que asumió el nuevo gobernador Daniel Lilayú, quien ese mismo día llegó con otra profesional de la prensa.
Ambas profesionales estaban bajo la modalidad de contrata, condición que fue renovada sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2018; sin embargo, con el cambio de Gobierno su situación cambió y fueron despedidas. Tras ello coincidieron en que su salida estuvo marcada por razones políticas.
Antecedentes y fallo
El pasado 28 de noviembre y en una jornada se desarrolló el juicio donde las ex trabajadoras de la Gobernación entregaron su testimonio junto a otras tres personas que declararon en su favor. Mientras que por el fisco no presentaron testigos a la causa, donde el juez Joshua Martínez acogió la denuncia de tutela de garantías fundamentales.
La resolución judicial a favor de las demandantes se conoció la tarde del martes.
Según detalla el texto: "La medida adoptada, al no justificarse ni fundamentarse apropiadamente, y vistas las circunstancias que la envolvieron en el espacio temporal en que sucedió, no se basó en hechos objetivos, sino que obedeció más bien, de manera concluyente en base a los indicios demostrados, debido al cambio de banda política ocurrido al interior de la institución, lo que vulnera el derecho a la no discriminación de las actoras".
Además, establece que el fisco deberá indemnizar con siete ingresos mensuales a Pamela Carrasco, lo que asciende a poco más de $8 millones.
En el caso de Carolina Gatica, el tribunal resolvió que el fisco debe cancelar la suma de $10 millones y fracción.
La periodista indicó que "lo que nosotros buscábamos con esta tutela laboral era marcar un precedente para que estas situaciones tan injustas donde se nos despidió por razones políticas no vuelvan a ocurrir".
Gatica además manifestó que según la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) van más de 2 mil despedidos reportados en este Gobierno.
"Llegó la hora de parar con este tipo de situaciones y que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Según la Anef a nivel nacional ha constatado que van cerca de 2 mil funcionarios públicos. Hay profesionales y buenos trabajadores con altas calificaciones que han sido desvinculados de sus trabajos" sostuvo.
Sobre este fallo, el gobernador Daniel Lilayú, indicó que "la resolución está en poder del Consejo de Defensa del Estado. Pero como Gobierno respetamos la decisión de la justicia, pero me informó la asesora jurídica que se estudia presentar una apelación al fallo", comentó la autoridad.
Decisión
Al ser consultado si la desvinculación de ambas trabajadoras obedecía a una orden que proviniera del Ministerio del Interior, Lilayú fue enfático en señalar que "por ningún motivo recibí órdenes para despedir trabajadores".
Para el abogado de la causa Luis Reyes, la sentencia que aún no está ejecutoriada, será analizada por ambas partes.
"Estamos muy contentos con esta resolución que ratifica nuestras pretensiones. Lo que viene ahora es estudiar la sentencia y prepararnos ante una eventual recurso que pueda presentar la otra parte. Estamos conformes y se ajustó plenamente a derecho", dijo el abogado de las trabajadoras.
"Marcar un precedente para que estas situaciones tan injustas donde se nos despidió por razones políticas no vuelvan a ocurrir"
Carolina Gatica, Periodista"
"Como Gobierno respetamos la decisión de la justicia, pero me informó la asesora jurídica que se estudia presentar una apelación al fallo"
Daniel Lilayú, Gobernador de Osorno"
