Altos precios de los textos escolares
La Fiscalía Nacional Económica publicó un informe que reveló diferencias abismantes entre los textos que entrega el Estado y los que se venden en el mercado. Hoy los colegios subvencionados o particulares tienen plena libertad para requerir textos que se acomoden a sus respectivas mallas curriculares. Es ahí donde ocurre la mayor distorsión.
Pese a que la crítica por el alto costo de los textos escolares que deben pagar los padres que mantienen a sus hijos en establecimientos subvencionados o particulares se arrastra desde 2015, recién esta semana la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer abismantes diferencias en el mercado de las editoriales que imprimen y publican los libros que se les exige a los estudiantes para el año escolar.
De acuerdo al reciente sondeo publicado por la FNE, un texto escolar de similares características puede llegar a costar 29 veces más en el mercado privado que en el estatal, llegando inclusive a 40 veces en los casos más extremos. Como resultado, las dos empresas editoriales que concentran el 80% del mercado en Chile obtienen -según la Fiscalía- rentas "supra competitivas". Asimismo, se detectaron barreras de entrada en el mercado estatal, debido a la exigencia en las licitaciones de exhibir una muestra completa del texto, lo que favorece a la editorial que se hubiese adjudicado la licitación anterior.
Si bien el Ministerio de Educación reparte cada año libros gratuitos a más de 3 millones de niños para apoyar los planes de formación educativa, los colegios subvencionados o particulares tienen plena libertad para requerir textos que se acomoden a sus respectivas mallas curriculares, y cuyo valor promedia entre 25 a 30 mil pesos cada uno. Por ello, no es raro que cada grupo familiar termine desembolsando más de 100 mil pesos por cada hijo sólo en textos escolares. Pese a ello, los padres y apoderados se quejan que no ven diferencias notorias entre los textos que entrega gratuitamente el Estado y los que exigen en los establecimientos educativos.
Tan sólo en 2014, la Superintendencia de Educación recibió 218 denuncias por exigencias indebidas de parte de distintos establecimientos educacionales, ya sea para adquirir libros escolares adicionales , útiles o uniformes escolares con proveedores determinados. Como resultado de esta investigación, la Fiscalía Económica anunció un estudio del mercado para determinar eventuales situaciones anómalas que estén afectando directamente a las familias.
Los Centros de Padres y Apoderados, que son aquellos que deben aprobar las solicitudes de herramientas adicionales de estudio, deben ser muy rigurosos a la hora de evaluar los beneficios de esta medida, mientras que los padres deben ejercer su derecho a denunciar cuando estimen que pueda existir un aprovechamiento indebido de las exigencias de un determinado recinto. En los tiempos que corren, la educación no puede ser sinónimo de endeudamiento.