Frente a la arremetida de la sociedad del conocimiento, con altos grados de incertidumbre y desafíos respecto del desarrollo económico y social de los territorios, las instituciones de educación superior aparecen como incubadoras de procesos educativos, en materia de Investigación y Desarrollo (I+D), donde el emprendimiento y la innovación se articulan como estrategias de responsabilidad social bajo un modelo económico que busca complementar el modelo exportador de las naciones latinoamericanas, realzando la figura de las tecnologías asociadas a las necesidades de las localidades bajo una cultura del emprendimiento local y sustentable. En este escenario, las universidades, al fomentar y aumentar la mano de obra calificada, también se ven compelidas a generar empleos autónomos y creativos con pertinencia social y territorial.

La educación en emprendimiento e innovación dialoga interdisciplinariamente con factores humanos, como son los rasgos de personalidad, vocación, autoconocimiento, autonomía y resiliencia. En este contexto, la Universidad Tecnológica de Chile Inacap a nivel nacional y específicamente en Osorno, lidera procesos de gestión e implementación del currículo en materia de emprendimiento e innovación con foco en el estudiante, que lo convierten en una persona con valores culturales éticos, flexible a las transformaciones del entorno productivo y económico en el cual convivimos.

Por tanto, nos queda la pregunta, ¿cuál es el rol que tienen las instituciones de educación superior y sus docentes sobre la transformación personal, social y cultural de los educandos y sus ecosistemas? La respuesta inicial a esto es que tanto los docentes como los distintos actores (estudiantes, empresa, Estado y universidades) se transforman en articuladores del fortalecimiento de las comunidades y sus territorios a través de emprendedores capacitados con un mayor valor agregado.

En este sentido, hoy las instituciones de educación superior están llamadas no sólo a generar nuevos conocimientos, sino a impactar positivamente en los entornos o áreas de influencia en que están insertas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de mayores ingresos económicos, sustentabilidad del rescate del patrimonio cultural en actividades que generen inclusión social y participación de los entornos cambiantes.

Yoselyn Sáez De La Fuente, académica del Área de Educación y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap Osorno

No podía terminar de otra forma el largo y penoso episodio de la instalación de los nuevos semáforos en el centro de Osorno. Ha sido un parto doloroso para los automovilistas, peatones y la propia autoridad municipal y de las carteras ministeriales involucradas, que finalmente tuvieron que hacerse cargo de una ominosa falla de la empresa que se adjudicó una millonaria licitación y que después de varios meses de camino errático, terminó por abandonar las obras.

En lo que ojalá sea el penúltimo capítulo de esta teleserie vial (el último se escribirá el primer día en que la totalidad de los nuevos aparatos esté en funcionamiento), el Servicio de Vivienda y Urbanismo -Serviu- finiquitó el contrato por el cual la empresa Ecisa se había comprometido a realizar el recambio de los dispositivos, que incluía las obras de conexión e instalación y que tantas molestias, por su demora, provocó en los usuarios de la vía pública. Aunque ya se tenía la convicción de las dificultades que tenía la compañía para cumplimentar lo pactado, los organismos gubernamentales se vieron privados de tomar cualquier acción, por cuanto Ecisa se había acogido a la ley de insolvencia económica, mecanismo por el cual quedó bajo un manto temporal de protección financiera (en otras palabras, no se le podía caducar el contrato).

Este período, no obstante, concluyó a fines de septiembre, y desde entonces el Serviu pudo retomar el control de un proceso desgastado y de muy baja credibilidad. Para subsanar el retraso, el propio servicio se hará cargo de la instalación de ocho semáforos pendientes y llamará a una nueva licitación, por un total de $270 millones, para que una empresa realice las obras civiles que restan.

Es de esperar que este nuevo capítulo se escriba rápidamente, a fin de que Osorno cuente de una vez por todas con el sistema de semaforización tantas veces anunciado y tantas veces retrasado. Paralelamente, por lo demás, de esta licitación se deben recoger valiosas enseñanzas para que el Estado realice inspecciones constantes a los proyectos en marcha y tome las decisiones oportunas cuando se haga evidente que no están marchando como corresponde.