El proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencias fue aprobado la semana pasada en el Congreso, siendo anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública a la nación, planteando como una de las grandes tareas país el poner en marcha el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Este anhelado proyecto permitirá el desarrollo de políticas que en conjunto con otros ministerios den coherencia y consistencia a la labor que viene haciendo la institucionalidad hoy existente. La importancia de la investigación en los países es indiscutible para su desarrollo y así lo demuestran los países más prósperos. En Chile, la inversión en ciencia y tecnología bordeó el 4% del PIB en el año 2015, alcanzando los M$670.000 millones, siendo el país con la inversión pública y privada más baja entre los países de la OCDE. El resultado es un avance insuficiente en el crecimiento en I+D, alejándose bastante de los sistemas de países miembros de la OCDE, que en promedio gastan el 2,4% del PIB.
La futura ley que crea el ministerio ha sido considerada "un desincentivo a la investigación" por los vicerrectores y directores de investigación de las universidades del Cruch. El cuestionamiento se genera al incorporar restricciones a la propiedad de proyectos financiados por Fondecyt, estableciéndose una combinación entre el sistema norteamericano e israelí, que obliga a realizar alguna publicación en el caso que el resultado no sea una patente, de lo contrario, deben restituirse los fondos al Estado, y en el caso de ser patentable, obliga a los investigadores o instituciones a restituir el 100% de los fondos asignados y un 5% adicional de los ingresos obtenidos de los derechos de propiedad industrial, así como el derecho a uso por parte del Estado. Esta situación es cuestionada al desconocerse el hecho que el resultado de un proyecto está dado por la acumulación de investigaciones, que el Estado desnaturaliza su rol al establecer el reintegro de fondos y la participación de las ganancias y, por último, plantean la necesidad de contar con una ley específica que regule la transferencia tecnológica.
Siendo el desarrollo y la difusión del conocimiento una de las misiones centrales de una universidad, en Chile son éstas las que sostienen la producción científica.
De ahí, es relevante que la nueva institucionalidad sea capaz de liderar y generar políticas, potenciando las capacidades territoriales en conjunto con sus universidades y sus investigadores.
Óscar Garrido Álvarez, rector
de la Universidad de Los Lagos