Acuerdo por la transparencia
El Gobierno ha anunciado su intención de avanzar generando mayores espacios en un área muy sensible para la ciudadanía.
Ocho de cada diez chilenos considera que las instituciones del Estado son "muy corruptas", mientras que un 86% afirma "que no se puede confiar en la mayoría de las personas". Estos datos, considerados en el IX Estudio Nacional del Consejo para la Transparencia, reflejan dos dimensiones de la crisis de confianza que aún afecta con fuerza al país, por lo que se requieren avances concretos para revertir la percepción ciudadana.
Un camino correcto es poner como foco de primera preocupación las normativas que rigen la transparencia y probidad. Por ello, es destacable que se haya dado a conocer por parte del Gobierno que se implementará una nueva comisión y acuerdo nacional por la transparencia.
La normativa considera la posibilidad de acceder a la información de los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación. Esto incluye toda la información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia.
Transcurrido este período, es indudable que se observan avances a todo nivel, pero especialmente en el trabajo de las instituciones más cercanas a la ciudadanía, como son los municipios, que han debido adaptarse a las nuevas normas.
Sin embargo, también es un hecho que el camino recién comienza, sobre todo si se considera que se mantiene la percepción de que los organismos y funcionarios públicos son poco transparentes.
Frente a los anuncios de un nuevo acuerdo nacional para avanzar en la materia, el presidente del Consejo para la Transparencia ha considerado altamente positiva la iniciativa que baraja el Gobierno, centrada en reforzar la agenda de transparencia, probidad y medidas anticorrupción.
Es un hecho que para revertir la tendencia al descrédito y la desconfianza se requiere concretar esfuerzos transversales, que apunten a una mejor regulación en ámbitos que siguen estando en una nebulosa y terminan ayudando a la pérdida de credibilidad ciudadana.
La conformación de esta instancia alienta esperanzas de contar con avances concretos en un área considerada como vital para reforzar la democracia.