En el último tiempo hemos conocido denuncias contra alcaldes por situaciones deficitarias en los presupuestos municipales. Las nuevas autoridades de Gobierno, en tanto, no han tardado en destacar el papel que jugarán en "la lucha contra la corrupción" en los municipios.
No se puede descartar la posibilidad de irregularidades y de ilícitos en casos puntuales en ciertos municipios; pero se omite el hecho de que detrás de muchas de las denuncias hay un déficit estructural cuyo origen es preciso buscarlo en condiciones externas a la gestión. Es cierto que ha habido abusos. Basta recordar los cuestionados viajes de concejales. Pero no es la causa de la crisis.
Año a año, los costos de los servicios municipales aumentan más allá del IPC; se han aprobado incrementos de remuneraciones sin considerar apoyo fiscal, o subestimándolo; se han entregado nuevas atribuciones sin financiamiento del nivel central; persiste un injusto mecanismo de distribución del Fondo Común Municipal, y los déficit en los sistemas de financiamiento de la educación y la salud primaria se arrastran desde hace décadas.
Ahora, confirmando la tendencia, el Gobierno ha anunciado una rebaja en el alza de las contribuciones, lo que afecta directamente a los municipios que dependen casi exclusivamente del Fondo Común Municipal, en especial los más pobres. La menor recaudación se estima en 60 millones de dólares, lo que equivale al aumento del aporte fiscal dispuesto por ley hace dos años, cuando se aprobó el nuevo cuerpo legal de plantas.
Frente a esto, el margen para la actuación de un gobierno municipal es bastante limitado. No se pueden imponer nuevos tributos a actividades de connotación local; la posibilidad de endeudamiento está muy restringida y requiere la aprobación de Hacienda, y, peor aún, una gestión eficiente para generar nuevos ingresos puede ser "castigada" con una menor participación en el Fondo Común Municipal. Por otro lado, las nuevas atribuciones no son optativas: constituyen obligaciones que debe asumir cada municipio.
Lo único que queda a muchos de ellos es disminuir prestaciones y beneficios a los vecinos. Es hora de revisar el sistema de financiamiento municipal, que se halla en crisis desde hace muchos años y afecta, de manera transversal, a alcaldes de todos los sectores políticos. En caso contrario, continuará aumentando la desconfianza en la gestión pública, que no distingue déficit de desfalco y, lo que es peor, los vecinos verán consecuencias en los servicios que esperan de los gobiernos locales.
Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos