Hace algunos meses comenzó en Chile el nuevo sistema de registro para venta y uso de sustancias anabolizantes.

En la Región de Los Lagos el sistema se inició con un registro base de 600 predios que registraron compras de anabólicos en farmacias veterinarias durante los años 2016 y 2017. De ese total, más de un 30% de los predios ya han declarado si continúan o no con el uso de anabólicos.

Con los cambios que se han imprimido de forma complementaria al Programa de Planteles Animales bajo Certificación Oficial (Pabco), a partir de marzo, una cantidad importante de animales de predios que declaran no uso de anabólicos podría calificar como elegibles para ser exportables.

Debemos recordar que en la actualidad cerca del 40% del total de carnes rojas exportadas tienen como destino el mercado chino, tendencia que va al alza. A partir de este año podemos retomar con fuerza los mercados de la Unión Europea y otros destinos.

Deseamos invitar a aquellos productores que hayan adquirido anabólicos durante 2016 y 2017 a acercarse al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para informar su voluntad de continuar utilizándolos, o bien declarar que no utilizarán anabólicos de aquí en adelante. El trámite no implica costo.

Ciertamente, este nuevo sistema no limita a aquel productor que considera necesario aplicar anabólicos para su sistema productivo, simplemente permite que el resto del universo de animales que no reciben anabólicos pueda calificar para mejores opciones de negocios para la cadena cárnica. Y no sólo para los segmentos de engorda, sino también para la provisión de terneros que puedan ingresar con mayor facilidad de trámites a predios Pabco, por ejemplo.

Se espera que este año sea un año que permita volver a retomar el ritmo de crecimiento sobre la ganadería, y sobre todo, mejorar la rentabilidad para que en conjunto podamos hacer de la carne un buen negocio. El objetivo es aprovechar las oportunidades para desarrollar el potencial que tenemos como Región ganadera.

Verónica Ruiz Nolf Corporación de la Carne

Hace ya ocho años -en su primer mandato- que la Presidenta Bachelet promulgó la Ley Nº 20.422 que establecía normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Este nuevo marco modificó y actualizó las regulaciones que existen en Chile respecto a un tema que tiene una sensibilidad y un alcance muy especiales, y que sin embargo, no siempre es percibido por la comunidad.

La ley propuso la promoción, participación y acceso de personas con discapacidad en los diversos ámbitos del quehacer social, político, cultural y económico del país. Y aunque esto es algo que parece casi de sentido común, los hechos muestran que la sensibilidad muchas veces no se encuentra a flor de piel respecto a estos temas y la sociedad en su conjunto tampoco llega a ser lo suficientemente empática.

"Para alcanzar plena igualdad en el respeto de nuestros derechos humanos, la regulación deber reconocer las diferencias que afectan a las personas con discapacidad", dijo Bachelet al promulgar la ley.

La antigua Ley de Discapacidad data de 1994 y correspondió a la primera regulación existente en Chile, de este tipo, pero ha sido necesario actualizarla. Sin embargo, el tema de fondo radica en la manera en que cada uno de nosotros empatizamos con quienes presentan alguna discapacidad. Sólo de esa manera sabremos integrarlos en su diario quehacer.

Por ejemplo, llama la atención que aun cuando han transcurrido ocho años desde que esta ley fuera promulgada todavía existan empresas, servicios y en general, infraestructura pública, que lejos de incorporar y ayudar a las personas con discapacidad, les dificultan la vida.

Aceras sin accesos o tan estrechas que son imposibles para una persona con problemas de desplazamiento, edificios sin ingresos inclusivos o hasta la imposibilidad de tomar locomoción colectiva son sólo algunos de los problemas que diariamente se observan. Por ello, el país debe seguir trabajando para ser más inclusivo con quienes experimentan alguna discapacidad.