Cómo convencer a nuestras autoridades que postergar la planificación del territorio es impedir y detener inversiones y el desarrollo de una comuna o de un lugar con potencial. Como hacerles entender que los planes reguladores permiten dejar atrás la pobreza y la mala calidad de vida. Existen lugares llenos de mar a 40 minutos de Osorno donde convergen comunidades costeras, habitantes de nuestra ciudad, comunidades indígenas, familias argentinas y el Océano Pacífico.
El viaje al mar se hizo posible gracias a la ingeniería militar y a los recursos del Estado. Con esta accesibilidad y su proyección como ruta bioceánica, estamos presenciando un nuevo centro de desarrollo urbano en las comunidades asentadas espontáneamente junto al mar. Maicolpué, Bahía Mansa, Pucatrihue, Tril Tril y Caleta Manzano resultan muy atractivas para inversionistas, por la explotación turística con hoteles y restaurantes dada la población que se va consolidando. Estamos ilusionados con el potencial de estos centros poblados para constituirse en lugares turísticos y de descanso. Mas, esta ilusión carece de legalidad en urbanización y títulos de dominio.
Es muy común que pescadores y visitantes compartan un espacio semiurbanizado subdividido sin legalidad. En su gran mayoría se han levantado construcciones espontáneas, que muchas veces no cumplen con ordenanzas de construcción ni urbanización. Las vías de acceso entre los sectores no han sido planificadas, nacieron espontáneamente, no tienen anchos suficientes, pendientes adecuadas ni continuidad por la accidentada topografía. Cuando la propiedad del suelo no se reconoce con claridad es muy difícil pensar en buscar financiamiento para alguna inversión, lo que obliga a cada propietario a correr riesgo por su terreno y muchas veces a tomarse un lugar, donde construye su cabaña y espera que al usarla se siente un precedente sobre su propiedad.
¿Qué es lo que falta? Necesitamos leyes que zonifiquen el espacio, regulen el uso del suelo, distribuyan la vialidad y espacios públicos para consolidar a la población en el lugar. Esto que parece tan lejano y difícil de abordar y que es tan postergado por los alcaldes, es un simple ejercicio de macro arquitectura y planificación territorial. Es un poderoso instrumento legal que convierte a un lugar espontáneamente ocupado, en una ciudad, en un pueblo, o una caleta de pescadores. Modifica y legaliza el uso del suelo, entregando normativas para el agrupamiento de los edificios y subdivisión del territorio ocupado, además de proyectar las calles y definir zonas compatibles para la vida comunitaria o urbana.
Raúl Ilharreguy, arquitecto