El domingo fuimos testigos de una elección ejemplar, con mayor participación que la prevista, una muy oportuna entrega de resultados y una serie de gestos que hablan muy bien del espíritu republicano que sigue estando presente en nuestro país. Ese espíritu, junto con el respeto a quien piensa distinto y la permanente búsqueda de acuerdos motivados por el bien común, es lo que le ha dado a Chile las décadas de mayor progreso social y económico de su historia.

Estas son también las bases que deben guiar nuestra labor gremial. Tenemos el gran desafío de contribuir a fortalecer la alianza público-privada, a mejorar la calidad de vida de las personas y a trabajar en pos de un crecimiento económico que llegue a todos los chilenos.

En lo inmediato, es clave que ayudemos a revertir el clima de desconfianza que se ha instalado en el país y así crear mejores condiciones para atraer la inversión privada, lo que pasa por otorgar certeza jurídica a los proyectos.

Asimismo, hemos desarrollado una serie de propuestas -transversales, sectoriales y de desarrollo regional- para compartir con las futuras autoridades, las que activaremos prontamente a nivel del gobierno central y en cada una de las regiones.

Estamos convencidos que hay proyectos que son claves para promover el desarrollo y el crecimiento en red de nuestra provincia y territorio, los que hemos reiterado una y otra vez en desarrollo urbano, conectividad, infraestructura, sostenibilidad empresarial y descentralización, para que así las regiones se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. Tenemos que avanzar hacia el diseño de estrategias de desarrollo colaborativas y hacia la creación de políticas públicas que estimulen la formulación de proyectos participativos, con una mirada interregional complementaria.

Por ello, y tal como nos lo solicitó en su minuto el ahora Presidente electo, Sebastián Piñera, contamos con un acabado listado de proyectos de infraestructura que consideramos como prioritarios para inyectar dinamismo a nuestra región y a la economía local y nacional.

El sello de los constructores y de nuestro gremio es trabajar por el desarrollo del país y por el bienestar de las personas. Así lo hemos hecho antes, y así lo seguiremos haciendo porque, como bien sabemos, "Construir Chile es obra de todos".

Paulo Arce Moreno, arquitecto y

presidente de la CChC de Osorno

Aunque de distinta magnitud, la Región de Los Lagos comenzó y terminó este año con sendas emergencias provocadas por desastres naturales, propias de sus especiales características geográficas y, una cuestión recurrente en el país, originadas en una escasa cultura de prevención que debiese ir de la mano de una oportuna planificación territorial. Si en la primera semana de enero de 2017 un frente de mal tiempo provocó deslizamientos de tierra en Cascadas, comuna de Puerto Octay, y en la concurrida ruta turística entre Ensenada y el lago Todos los Santos, la semana pasada la opinión pública nacional fue remecida por un aluvión que arrasó con la Villa Santa Lucía, en la comuna de Chaitén, donde hasta ahora hay un saldo de 15 personas fallecidas.

Lamentablemente, ninguno de estos desastres es algo nuevo en Chile. El terremoto de 2010 y los posteriores que hubo en el norte y Chiloé, los aluviones en el norte y los incendios forestales en la zona central, dan cuenta de un territorio frecuentemente golpeado por la fuerza de la naturaleza, lo que debiera ser razón suficiente para la existencia de una fuerte institucionalidad que sea capaz de enfrentar estas catástrofes y poner certidumbres cuando la población más requiere la presencia del Estado.

El largo historial sísmico en el país ha derivado en exigentes normas de construcción que han relevado el rol de la arquitectura e ingeniería nacional por todo el orbe. No obstante, no ha ocurrido lo mismo en lo que se refiere a una orgánica estatal que, dotada de facultades y recursos, asuma las labores de coordinación de todos los entes públicos una vez desatado un desastre natural. Es una gran carencia que queda en evidencia cada vez que los chilenos son azotados por la naturaleza, pero aun así no ha habido avances notorios, ni siquiera comenzando con una reformulación de la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior.

Darle cuerpo a una sólida institucionalidad de emergencias debiera estar dentro de las prioridades del próximo gobierno. Si algo intuye cada chileno es que, sean cuales sean las intenciones, en cada año habrá alguna catástrofe natural que enfrentar.