Nuestro país firmó esta semana su adhesión a la Declaración de Rotterdam, con el fin de potenciar la sustentabilidad del sector lácteo del país y cumplir los objetivos de desarrollo levantados por la ONU para el 2030.

Hace años que los productores del sur de Chile están generando inversiones para el buen aprovechamiento de los residuos de la lechería, incorporando energías renovables no convencionales como paneles fotovoltaicos, colectores solares, biodigestores e intercambiadores de calor en el proceso de ordeña, entre otros esfuerzos que van en la línea de la sustentabilidad. También se ha avanzado en el desarrollo de capital humano y equipos de trabajo, con mejoras sustanciales en las condiciones laborales del sector.

Como asociación, encontramos positivo el marco conceptual de esta iniciativa, y los postulados se encuentran en línea con la agenda gremial de Fedeleche, y en particular de nuestra asociación.

Sin embargo, en virtud de lo genérico de esta declaración, y debido a que existen precedentes de otros tratados que de buena fe fueron suscritos por los gobiernos respectivos, pero que se tradujeron en exigencias desmedidas o inaplicables para los productores, creemos fundamental el monitorear muy de cerca los alcances que tendrá este convenio.

También, así como los productores estamos en pos de la sustentabilidad en la lechería, queremos saber qué exigencias se incluyen en el Acuerdo de Rotterdam para los procesos industriales, de lo cual poco y nada se sabe en la actualidad.

En el sur de Chile tenemos la mejor leche del mundo, y para darle valor y proyectarla al futuro es necesario seguir potenciando las oportunidades de desarrollar y vincular nuestra producción con los mercados que valoren nuestra leche de altísima calidad.

Serán entonces las asociaciones gremiales las llamadas a revisar y monitorear la implementación de este convenio en el sector productivo primario, que ya ha realizado grandes avances en estas materias, y no dudaremos en levantar la voz si es que la aplicación de este tratado a la realidad del país se traduce en limitaciones inabordables para los lecheros.

Dieter Konow, presidente de Aproleche Osorno

Cansados de la situación de inseguridad en la que están sumidos en su propio entorno, representantes de 18 populosas villas del sector poniente de Osorno han levantado su voz para exigir la instalación de un retén de Carabineros en el sector, mediante el cual esperan dar una señal contundente para reducir el radio de acción de la delincuencia y de conductas antisociales. De acuerdo al testimonio que tanto dirigentes como vecinos entregaron esta semana en una reunión que sostuvieron con un oficial de la policía uniformada, se ha hecho habitual presenciar en las calles de sus barrios, escenas de excesos de consumo de alcohol en la vía pública, riñas a cualquier hora del día, agresiones verbales a los peatones e incluso, y esto es lo que reviste una mayor preocupación, crecientes focos de venta de droga.

El clamor generalizado por un cuartel policial proviene, entre otras, de las villas Quilacahuín, Paula Jaraquemada, Malleco y Quinto Centenario, donde se calcula viven unas 15 mil personas, todas las cuales, en voz de sus representantes, requieren recuperar el uso y dominio de los espacios públicos que están en manos de la delincuencia. El paso siguiente de los dirigentes sociales lo darán el próximo martes, cuando se reúnan con el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, a quien esperan sensibilizar acerca de los problemas que viven en sus barrios y conseguir su aprobación para que se instale el anhelado retén policial.

Por cierto, la mayor presencia de carabineros, con la llegada de un centro simbólico de orden público como lo es un cuartel, puede contribuir significativamente en la legítima y justa ambición de bajar los índices de inseguridad en las 18 villas del sector. No obstante, las autoridades gubernamentales deberían tomar nota de este fenómeno (vecinos pidiendo más policías) y, dada la magnitud del problema, considerar que un retén no es suficiente, sino que se requiere de bastante más.

En este sentido, y de acuerdo a la experiencia acumulada en otros lugares del país, pareciera que se necesita una intervención mayor en las 18 villas, a fin de atender no sólo la delincuencia, sino que una serie de otros problemas sociales.