Como si la clase política no estuviese suficientemente desacreditada luego de correrse el velo de la incestuosa relación con el dinero, y que ha devenido en numerosas causas judiciales, el descubrimiento por parte de la prensa del mecanismo por el cual los parlamentarios han terminado pagando por informes de sus asesores legislativos que contienen evidentes plagios, ha vuelto a ensombrecer la figura de quienes están encargados de dirigir el país. Desde hace años la sociedad chilena se ha sumergido en una espiral de la desconfianza, producto de las malas maniobras de quienes se encuentran bajo el escrutinio constante, y necesario, de la opinión pública. Hoy, la credibilidad es un bien tremendamente escaso, y eso lo han sufrido, además de los políticos, también los sacerdotes, los empresarios, los organismos policiales y hasta los servicios públicos que tratan directamente con la ciudadanía. De ahí la importancia de atender con la mayor diligencia lo revelado esta semana.

En este escenario de desconfianza, el episodio de las asesorías parlamentarias que recién comienza obliga a colocar un legítimo manto de duda, por más defensas corporativas que se levanten, acerca de la calidad del trabajo legislativo y los controles que existen en el Parlamento a la hora de cautelar el correcto uso de los recursos públicos de que dispone el Poder Legislativo. Los congresistas, algunos de los cuales son representantes de esta zona, han recibido informes plagiados y, se supone, han ejercido su labor legislativa con estos documentos a la vista, afectando eventualmente la calidad de las leyes que se aprueban en ambas cámaras.

La relación de hechos conocida hasta ahora permite vislumbrar ya ciertas cuestiones complejas. Primero, la citada duda que surge respecto de la calidad de la labor legislativa; y segundo, el mecanismo utilizado para solicitar las asesorías. Es imprescindible aclararle a la opinión pública por qué y cómo se llega a trabajar con determinados asesores, algunos de los cuales, además de los que han cometido plagio, parecen tener dotes sobrehumanas para emitir informes con rango de experto sobre las más variadas materias.

El escándalo del "copy paste", y por el cual se ha establecido que numerosos parlamentarios han pagado informes que son producto de sendos y vergonzosos plagios, es el último "regalo" con el que la clase política sigue tributando a la desconfianza ciudadana.

Al respecto, existen numerosas voces que han buscado configurar a los parlamentarios involucrados como víctimas de la irresponsabilidad y poca rigurosidad de algunos asesores y de algunos centros de pensamiento contratados a la hora de elaborar dichas minutas o informes. No obstante, mi visión es muy diferente. Lo anterior, en virtud que los parlamentarios deben, en virtud del artículo 46 de la Constitución, entre otras obligaciones, concurrir a la formación de las leyes, función que es fundamental en lo que es el buen andar democrático.

Ante esto, los parlamentarios debieran establecer como una prioridad de su trabajo el análisis de distintas fuentes de información, a fin de poder llegar a la instancia legislativa con los medios suficientes que les permitan asegurar una discusión seria y rigurosa, y siempre orientada a la consecución del bien común. Así entonces, y en función de los numerosos temas sobre los que los parlamentarios deben legislar, las asesorías e informes que reciben se transforman en uno de los insumos más importantes y valiosos a la hora de cumplir con su mandato constitucional.

Sin embargo, y a la luz de lo que los hechos evidencian, buena parte de los parlamentarios son responsables en el escándalo del plagio. La conclusión anterior la justifico con dos argumentos. El primero es el relacionado con la escasa autofiscalización que ellos realizan de lo que es su entorno y lo que es la calidad de su propio trabajo. Esto es así, ya que un parlamentario que entiende lo importante de su trabajo debiera ser capaz de identificar una asesoría de calidad.

El segundo argumento es el que refiere a la instrumentalización política que muchos parlamentarios hacen a la hora de elegir a los asesores o los centros de pensamiento que le "ayudarán" en su tarea legislativa. Esto, en virtud que la mayoría de los parlamentarios ocupa los recursos del ítem asesorías no en la contratación de expertos que pudieran brindar una visión especializada sobre un tema específico, sino que utilizan los fondos con el objetivo de devolver favores políticos, o bien para justificar la desviación de dineros a fin de ocuparlos en el financiamiento de campañas políticas, o bien para sustentar económicamente a centros de pensamiento.

Pedro Díaz Olanco, director de la Escuela de

Administración Pública de la UACh, sede Puerto Montt