Luego que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, anunciara la intención del Gobierno de ampliar hacia Purranque y Río Negro la condición de zona saturada por contaminación atmosférica que rige en Osorno, las comunidades de ambas ciudades dicen estar ya predispuestas a la enorme transformación que traería aparejada esta condición, y que obliga prácticamente a un cambio cultural que tiene que comenzar en los propios hogares. De acuerdo a lo que reseñó el secretario de Estado en su visita a la zona a mediados de agosto, el propósito de ampliar la zona saturada a ambas comunas es el paso fundamental para que posteriormente, y sin mediar los estudios que durante años se tuvieron que realizar en Osorno, se integren a plenitud al Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) que entró en vigencia en abril del año pasado en la capital provincial.

Un recorrido realizado por este medio tanto a Purranque como a Río Negro reveló que existe conciencia de la mala calidad del aire que respiran a diario en los meses de bajas temperaturas, y que es crucial mejorar esos índices a fin de evitar la exposición de las personas a los problemas de salud que ello representa. Hay conciencia también en cuanto a que este tipo de contaminación medioambiental se produce principalmente por la incorrecta combustión de la leña, y que a futuro tiene que reconfigurarse sí o sí la matriz energética de la calefacción hogareña para aspirar a una mejor calidad del aire.

Esta toma de conciencia es una gran base para las acciones que, una vez se amplíe el PDA de Osorno hacia esos territorios, habrán de tomarse en las zonas urbanas, muchas de las cuales restringirán la libertad a la que están habituadas las familias en cuanto a la calefacción. Asumir una política pública de este tipo implica renunciar, primero, a la compra irresponsable de leña húmeda; y segundo, a encender las estufas a combustión lenta en los días en que arrecia la contaminación, expresados en los días de emergencia y preemergencia.

La responsabilidad ahora es de las autoridades medioambientales y de salud, que tendrán que ir informando paso a paso las medidas, a fin de una efectiva socialización y asimilación.

Apocas semanas de que se concreten las elecciones 2017, vamos conociendo algunas de las propuestas de los y las candidatas al Parlamento y la Presidencia. Nosotros, como organización, en conjunto con dirigentes, familias de campamentos, voluntarios y voluntarias, volvemos a plantear que para construir un Chile más justo y sin pobreza, necesitamos derechos sociales garantizados y protegidos por el Estado.

Es por eso que insistimos en que el derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad esté garantizado constitucionalmente. En la Cumbre Hábitat III de la Organización de Naciones Unidas, realizada en octubre de 2016 en Quito, Ecuador, Chile firmó junto a otros 167 países un conjunto de compromisos sobre el desarrollo sustentable de las ciudades, en un documento que se conoció como la Nueva Agenda Urbana.

Este documento fue aprobado por los representantes de las delegaciones nacionales sobre la base de tres principios básicos: no dejar a ninguna ciudad atrás (en su desarrollo), promover las economías urbanas sostenibles e inclusivas, y fomentar la sostenibilidad ambiental.

Uno de los compromisos de transformación es el desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Se reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo, y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Es por esto que es fundamental que las distintas candidaturas escuchen propuestas generadas desde los distintos territorios, porque creemos que es fundamental que se pronuncien sobre una problemática persistente y en crecimiento en nuestra región: los campamentos, entendiéndolos como la mayor expresión de desigualdad y derechos vulnerados.

A 20 años de nuestra fundación, como Techo-Chile, una de nuestras propuestas es la creación de una Comisión Nacional de Campamentos, donde participe el Estado y los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes de campamentos, y donde se pueda definir una política pública integradora y participativa acorde a la multidimensionalidad y problemas asociados a la vida en campamentos.

Estamos convencidos de que ésta es una lucha que debemos pensar junto a todos los actores de nuestra sociedad, por lo que invitamos a los y las candidatas a sumarse a nuestras ideas.

Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile