En 1917, mientras el mundo era testigo de la Primera Guerra Mundial y en Chile gobernaba el Presidente Juan Luis Sanfuentes, nacía en Osorno Belia Mora Uribe, quien este miércoles celebró 100 años de vida. Si bien nació el 29, el club de adultos mayores San Francisco la festejó por adelantado.

Consultada sobre cuál es su secreto, dijo que "la receta es tener actividad, no quedarse en la casa sentada haciendo nada, salgo a realizar varias actividades y en distintos grupos, y he conocido gente, paseado por Osorno y Chile de norte a sur".

Paola Rojas

Luego de que se diera a conocer la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que inició un proceso sancionatorio a la empresa Mafrisur por su responsabilidad en la contaminación del estero Pichi Pichil, ubicado a unos 20 kilómetros de Osorno por el camino a Puerto Octay, la noticia creó un precedente sobre otras denuncias que se han cursado ante la misma entidad por otros cauces de la comuna, cuyo resultado aún no ha llegado a término.

También otras acusaciones quedaron sin solución por falta de antecedentes o por poder establecer a los responsables de la contaminación del curso de agua.

Desde la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, organismo que ha encabezado las denuncias en la zona, aseguran que el procedimiento para entablar este tipo de demandas muchas veces resultan engorroso, tanto como para interponerla, como en el proceso de investigación.

Superintendencia

Desde la Superintendencia de Medio Ambiente, a nivel central se informó que desde el año 2013 hasta la fecha -5 años- se han presentado 20 denuncias en total y, según se explicó, algunas de ellas se encuentran archivadas, debido a que no se contaba con mérito suficiente para el inicio de un sancionatorio.

En otros casos no se identificaba a un presunto infractor, titular de algún instrumento de gestión ambiental por parte de la SMA, ya sea una Resolución de Calificación Ambiental o una Norma de Emisión. Por lo mismo, del grupo, sólo una ha sido acogida, precisamente el proceso sancionatorio contra Mafrisur.

Este año se han estampado tres denuncias en total, a cargo de la Red Ambiental Ciudadana, que están aún en proceso de investigación y por ello no pueden ser informadas sobre su estado de avance, ya que en la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, existe una causal de secreto o reserva que señala que "las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas".

Burocracia en exceso

Al respecto, quien se ha encargado de realizar estas denuncias es el presidente de la Red Ambiental Ciudadana, Ricardo Becerra, quien detalló que en los últimos dos meses la organización ha enviado tres denuncias formales a la SNA, más otra a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y estos cuatro casos fueron descubiertos en el río Damas por vecinos de ese sector.

"Ellos nos entregan los antecedentes y nosotros los canalizamos a los organismos correspondientes. Hemos visto que cada vez son más engorrosos los procesos y cada vez se hace más largo encontrar a los responsables y aplicar sanciones", manifestó Becerra.

Recordó entre los casos más emblemáticos el que recientemente involucró a la planta Mafrisur, igualmente denunciado por los vecinos, el que fue expuesto finalmente a la Seremi de Medio Ambiente para que la traspasara a la SNA, justamente con el propósito de que el desarrollo de la causa fuera más rápida.

"Consideramos positivo el caso del estero Pichi Pichil, pero también consideramos que en su resolución hubo una demora excesiva", destacó.

Explicó que la entidad que representa está haciendo seguimiento a las denuncias presentadas y al desarrollo de la investigación de cada una de ellas, velando para que lleguen a un resultado concreto, que determine de dónde se genera la contaminación.

Becerra agregó que un factor clave en la conservación de los cauces de agua es la denuncia de los vecinos, pero que en la práctica este es un trámite que se torna engorroso, ya que las personas deben hacerlo mediante una carta certificada a la oficina en Puerto Montt, la que debe contener un formulario contestado que se obtiene a través de internet, lo cual muchas veces genera problemas con el manejo de la tecnología.

Además se deben precisar las coordenadas exactas de dónde está el problema de contaminación, lo que genera otra dificultad: establecer en qué punto de latitud y longitud radica la denuncia.

"Hay una serie de situaciones que a los vecinos les gustaría denunciar, pero cuando se ven enfrentados a una serie de exigencias computacionales, de páginas web, llenar formularios o de mandar una carta certificada a Puerto Montt, con todos los antecedentes, desisten", dijo.

Frente a ello, adelantó que la agrupación ambiental sostendrá una reunión con la Superintendencia de Medio Ambiente, para solicitar un sistema menos engorroso, que facilite las denuncias.

"Cuando se ve enfrentados a una serie de exigencias computacionales, de páginas web, llenar formularios o de mandar una carta certificada a Puerto Montt, con todos los antecedentes, desisten".

Ricardo Becerra, Pdte. Red Ambiental Ciudadana"