Desvinculaciones de funcionarios complican a tres municipios
JUDICIAL. En San Pablo, Puerto Octay y Puyehue, las únicas comunas de la provincia en las que hubo cambio de alcaldes en las pasadas elecciones, se constataron diversos despidos que han traído consigo procesos en Contraloría, acciones judiciales y millonarios acuerdos entre las partes. Empleados acusan persecución política, entre otros motivos.
"Durante los años que trabajé no tuve ningún problema. Mis calificaciones eran buenas y mi despido fue más político que otra cosa. Yo era muy allegado al alcalde anterior (Omar Alvarado) y el nuevo alcalde (Juan Carlos Soto) nunca me llamó a la oficina para decirme usted está despedido por tal motivo".
El testimonio anterior corresponde a Carlos Barrientos (52 años) quien llevaba 20 años trabajando como auxiliar en la oficina de adquisiciones del municipio de San Pablo, hasta que este verano -según declara- de improviso le avisaron de su cese de funciones.
Su caso no es el único. Las desvinculaciones en los municipios de las tres comunas donde asumieron nuevos alcaldes en las pasadas elecciones de 2016 -San Pablo, Puyehue y Puerto Octay-, han sido una constante desde diciembre, las que de paso se han transformado en un "dolor de cabeza" para las reparticiones, ya que varias han llegado a Contraloría, otras a la justicia o bien se han resuelto por medio de millonarios acuerdos.
Según el ex funcionario, el 3 de enero llegó como todos los días a sus funciones, pero algo había cambiado.
"La señora Cecilia Ubilla me despidió a las 9 de la mañana, así de palabra, y ella solo estuvo un tiempo en el municipio. Yo no le dije nada, sólo que hay un dictamen y me respondió: 'a bueno, si es así, entonces nos volveremos a ver'. Incluso yo hice la demanda a través del Juzgado del Trabajo, pero a nosotros nos rige Contraloría, por lo que envié mis papeles allá", detalló Barrientos.
El trabajador detalló que "un dictamen de Contraloría dice que una persona con tantos años de servicio pasa a ser como un empleado más de planta. Eso es lo que yo tenía entendido, pero me echaron así, de la nada", agregó.
Sin embargo, a Barrientos se le debía notificar el 31 de diciembre de 2016 su despido. Eso no ocurrió. Por ello se presentó como corresponde el primer día hábil del mes de enero.
"La notificación, el papel como tal, me llegó el 7 de enero a través de Chilexpress, no por carta certificada de CorreosChile como era lo esperado, por lo que ya eso era muy raro. Todo eso está en Contraloría", precisó.
El propio ex auxiliar además señaló que junto a él, cuatro personas más fueron desvinculadas desde distintos departamentos.
"No sé si el nuevo alcalde fue influenciado por otra persona para que nos eche, porque nunca dio la cara. Nunca como empleador me llamó y me dijo 'usted ya no sigue trabajando aquí'", precisó Carlos Barrientos.
Lo que más le extraña, es que el actual jefe comunal del PRI fue previamente concejal durante cuatro años: "Cuando llegó no dejaba trabajar a los funcionarios. Iba a la oficina y decía 'esto no se puede hacer y yo soy el que mando aquí'. Los funcionarios finalmente trabajaban con miedo, porque los perseguía".
Amputación
El problema mayor para Carlos Barrientos, vendría después de su despido: le diagnosticaron diabetes por una herida en el pie derecho y, debido a ello, sufrió la amputación de la extremidad.
"En febrero me sentí mal en un pie porque se comenzó a hinchar. Fui al médico y me dijeron que ya no servía el pie. Yo no sé de dónde apareció la diabetes porque mis padres no tienen esa enfermedad y me decían que probablemente mis abuelos sí. Días después, el 9 de marzo me lo amputaron. Era necesario, porque según los doctores que me vieron, iba a tomar la pierna y terminaría peor", relató.
Carlos actualmente vive con su anciana madre y una hermana, por lo que no está solo en esta situación.
No obstante, el ex auxiliar de 52 años, a pesar de que sufrió la amputación de su extremidad, conlleva este complejo proceso de buena manera. Él no lo atribuyó al problema con el municipio, sin embargo, es ahora cuando realmente le falta el dinero para poder continuar con el tratamiento.
Por lo mismo optó a la pensión adelantada por invalidez. "Vino una doctora a mi casa a constatar esto y después de un tiempo me aceptaron la petición, por lo que comienzan a pagarme desde el otro mes, pero desconozco cuánto será mi pensión", detalló.
Resolución
Finalmente su caso lo revisó Contraloría y determinó que la Municipalidad de San Pablo debe pagarle los meses que ha estado fuera de sus funciones y reintegrarlo a sus labores para todo el 2017.
Pero a pesar de la condición en la que ahora está, Barrientos sostuvo que "no volvería a trabajar porque con esa persona no se puede, es muy complicado. En cuanto a la plata, espero que me paguen los meses que llevo fuera y lo de mis 20 años de servicio, bueno, eso yo lo envié a la Corte para que revisen mi caso".
De paso agradeció la buena acogida que le han brindado en el Centro de Salud Familiar de San Pablo, ya que primero se dedicará a la recuperación de su pierna, para luego esperar una prótesis.
Acuerdo
En el caso de Puerto Octay se cuentan al menos cinco desvinculaciones, según indicó la alcaldesa María Elena Ojeda (UDI). De ellos, a comienzos de año cuatro fueron a juicio laboral por despido injustificado, entre otras causales, mientras que el quinto también inició la acción judicial más tarde.
"Algunos de los que estábamos en el municipio fuimos desafectados, pero también hay otro grupo que corresponde a gente que estaba de suministro de mano de obra, por ejemplo en áreas verdes, pero ellos están en otro grupo judicializado", señaló Cristian Moreira, quien trabajaba a contrata en el municipio, donde estuvo ocho años.
El caso de los pimeros cuatro ex funcionarios, que fueron desvinculados y trabajaban en el Departamento Social y de Cultura del municipio de Puerto Octay, habían pedido a Contraloría que revise las irregularidades que habían originado sus salidas.
No obstante, cuando ya se cumplían los plazos para poder recurrir con tutela laboral, "decidimos judicializar a través del juzgado laboral. Allí presentamos una demanda por tutela laboral por $100 millones para los cuatro funcionarios", detalló Moreira.
A pesar de esta acción, los profesionales llegaron al juicio de preparación, pero no contaban con el ofrecimiento de la abogada municipal, lo que finalmente se tradujo que "a través de nuestro abogado llegamos a un acuerdo extrajudicial por $50 millones. Y es que finalmente el municipio tenía claro que iban a tener un revés importante", expuso el ahora estudiante de Enfermería.
Contraloría falló cinco meses después, determinando el reintegro de los funcionarios y el pago de las remuneraciones mientras estuvieron fuera de sus funciones.
Este pago total es de $50 millones para los cuatro ex funcionarios, el cual se realizará en dos pagos. El primero de ellos el 20 de julio por $42 millones y el segundo de $8 millones en septiembre.
Sin embargo, los empleados municipales no volverán a sus puestos de trabajo. "No quisimos seguir en nuestras funciones, porque a la fuerza no es cariño como se dice. En realidad nosotros éramos cercanos a la administración anterior, pero ante todo, nosotros somos octayinos, funcionarios públicos que nos comprometimos con nuestro trabajo más allá de los colores políticos y eso la alcaldesa no lo entendió. A nosotros nos desvinculó con un claro sesgo político", admitió Moreira.
Incluso, apuntó sus dardos al equipo cercano de la jefa comunal, aduciendo que "aquí sacaron a cuatro funcionarios para hacer el sueldo del administrador municipal (Carlos Recondo, ex diputado y ex consejero regional de la UDI)".
Descargos municipales
Frente a estos dicho, la alcaldesa María Elena Ojeda señaló que "eso no es así. Es lamentable y una lata a lo que llegamos en el municipio, pero no quiero hablar mucho porque todavía hay un juicio pendiente (de otra ex funcionaria). Esos puestos no han sido cubiertos, sin embargo el quinto puesto sí, porque es de una arquitecto".
Y añadió: "la verdad si yo desvinculé gente del sistema fue porque necesitaba trabajar con personas que quisieran hacer las cosas bien y para eso, de alguna forma, había gente que estaba sobrando y tomé la decisión. Se sabía que ellos podían ir a juicio pero son los riesgos que uno corre por tener las cosas claras para tomar decisiones", precisó la alcaldesa María Elena Ojeda.
A juicio
En la comuna de Puyehue, 16 ex colaboradores tomaron la decisión de iniciar acciones legales en contra del municipio en los tribunales laborales por despidos injustificados; no obstante, la cifra de funcionarios desvinculados es mayor, según explica el concejal Jeremías Fuentes (DC).
De acuerdo al testimonio del edil, en la sesión de Concejo Municipal del 5 de enero pasado le advirtió a la alcaldesa recién asumida María Jimena Núñez (UDI), que no era llegar y despedir gente, porque de lo contrario podría verse involucrado el municipio en un juicio que podría llegar a perder y cancelar dineros en acuerdo, tal como lo sucedido en Puerto Octay.
"Yo tenía el conocimiento que no es llegar y despedir trabajadores que estaban, por ejemplo, a honorarios o a contrata, dejando en acta esto para que después no digan que no se conversó. Yo tomé la palabra para advertirle a la alcaldesa que no despida a estos trabajadores, porque lo más probable era que (ellos) iban a iniciar acciones legales y podríamos vernos enfrentados a una millonaria indemnización en contra del municipio", indicó Fuentes.
Según el edil, "la alcaldesa dijo 'no se preocupe concejal, lo estamos haciendo muy bien y esta gente no es de mi confianza política y los tengo que despedir para contratar a mi gente'. Yo le expliqué que del punto de vista de la ley no era un argumento y nos debíamos enfrentar a una indemnización futura".
Actualmente el grupo está en juicio, pese a que la autoridad quiso llegar a un acuerdo prejudicial.
A juicio de Fuentes, él no quiso apoyar la moción. "Fui el único concejal que le comentó lo que iba a ocurrir. Yo pienso que deben deslindarse responsabilidades dado que fue advertida la situación y se continuó con la idea del despido".
Anita María Martínez, ex encargada de Rentas y Patentes desvinculada por el municipio de Puyehue, señaló que los 16 ex funcionarios interpusieron una demanda en el Segundo Juzgado Laboral de Osorno, por tutela laboral, despido injustificado y persecución política.
"Esa es lisa y llanamente la razón de la desvinculación. Tal como ella (la alcaldesa) lo dijo ese 5 de enero, nosotros no éramos de su confianza, porque nosotros estábamos allí en el concejo. Y la diferencia aquí es que los cargos de confianza están estipulados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y son determinados cargos. Ninguno de los 16 que estamos en el juicio entrábamos en esa categoría", detalló Martínez.
Según Anita María Martínez, la jefa comunal envió a la encargada de personal el 30 de diciembre para anunciar de palabra los despidos. "Aquí no se cumplieron los requisitos administrativos para el acto, ni siquiera nos entregaron una carta de despido. Hay una serie de irregularidades en nuestras salidas".
Según detalló la profesional, el grupo de ex funcionarios está pidiendo una indemnización por persecución política. "Solicitamos las 11 remuneraciones del año 2017 más el mes de aviso previo de despido, pero lo que más pedimos es de persona, de ser humano, no sólo el derecho de los trabajadores, sino que un tema de respeto principalmente, además de sentar un precedente en Puyehue", puntualizó Martínez.
Cabe señalar que a pesar de los intentos por este medio en comunicarse con los alcaldes de las comunas de San Pablo y Puyehue, no fue posible generar el contacto. Incluso, ayer se realizó un último intento, el que también falló.
"En cuanto a la plata, espero que me paguen los meses que llevo fuera y lo de mis 20 años de servicio, bueno, eso yo lo envié a la Corte para que revisen mi caso"
Carlos Barrientos, Ex funcionario de la Municipalidad de San Pablo"
Datos
En Puyehue el día 5 de enero del presente, el concejal Jeremías Fuentes le indicó a la alcaldesa Núñez que si despedía a los funcionarios, podrían haber acciones judiciales.
En Puerto Octay Además de los 4 ex funcionarios que llegaron a un acuerdo, ahora se sumó una quinta persona a juicio.
"Aquí sacaron a cuatro funcionarios para hacer el sueldo del administrador municipal (Carlos Recondo, ex diputado y ex consejero regional de la UDI)"
Cristian Moreira, Ex funcionario de la Municipalidad de Puerto Octay"
"La verdad si yo desvinculé gente del sistema fue porque necesitaba trabajar con personas que quisieran hacer las cosas bien y para eso, de alguna forma, había gente que estaba sobrando y tomé la decisión"
María Elena Ojeda, Alcaldesa de Puerto Octay"