"Desconocemos la calidad del aire porque no tenemos los medidores para hacerlo".
Mauricio Barría,
administrador municipal de Río Negro
"Estaba comenzando a hacer fuego cuando se me soltó la botella que tenía bencina, y el fuego rápidamente se propagó".
Yessenia Herrera, joven madre
cuya casa sufrió un incendio
Un verdadero monstruo mecánico trajo desde Santiago la empresa Burger, a petición de Prolesur, para trabajar en la instalación del evaporador de la torre de secado más grande de Chile, la cual por estos días se levanta en Francke. Se trata de la grúa más grande de Sudamérica en su tipo y que es tradicionalmente usada en la gran minería.
Seis trabajadores estuvieron encerrados más de una hora en un supermercado de Rahue Alto, amenazados de muerte por ocho encapuchados que llegaron armados con estoques, decididos a cobrar venganza después que un guardia del negocio sorprendiera a uno de los antisociales robando. El hecho ocurrió en un local de calle Real con Recife.
A partir del mes venidero entrarán en vigencia las modificaciones del Decreto Supremo 49 del año 2011, que reglamenta el programa de Fondo Solidario para Vivienda, FSEV, herramienta estatal a través de la cual cientos de las familias más vulnerables de nuestro país han podido acceder al sueño de la casa propia.
Los recientes cambios del FSEV apuntan a que sus futuros beneficiarios reciban viviendas con recintos de más metros cuadrados de superficie útil, un estacionamiento vehicular y áreas verdes mejor equipadas, entre otros aspectos.
Si bien nadie podría manifestarse en contra del salto en calidad que los nuevos barrios erigidos a través del FSEV experimentarán, sí es inquietante que no haya indicación alguna respecto de los montos, concursables o no, que deberían cubrir los costos adicionales que inevitablemente se generarán.
Con los cambios propuestos, las ya poco numerosas empresas constructoras interesadas en ejecutar proyectos de vivienda social podrían ver un desincentivo adicional a participar de estas iniciativas, y sumado a las nuevas condiciones tributarias y legales del rubro, no es descabellado pensar que podría tratarse de la gota que rebalsará el vaso.
A su vez, el menor número de constructoras compitiendo por la adjudicación de proyectos del FSEV podría traducirse en un longevo auge para la nefasta Asignación Directa de Fondos, que no es más que un dudoso y subjetivo derecho del ministro de la cartera para cumplir a toda costa metas no transparentadas. Y que el Estado desembolse mayor dinero por cada vivienda del FSEV, y que al mismo tiempo haya menos viviendas erradicando campamentos, no es buen negocio para nuestro país.
Una alternativa plausible que ha asomado durante este año es el fortalecimiento del exitoso Programa de Integración Social y Territorial, DS19, que podría terminar absorbiendo al DS49 y en el proceso, evitar los problemas recién descritos.
Sin embargo, las incógnitas en materia de vivienda que se traspasarán al próximo período presidencial son numerosas, y con un debate centrado en otras temáticas (pensiones, educación, salud), desafortunadamente es posible que se requiera de una crisis para tener un escenario claro.
Juan Ignacio Ávila Fellay, vicepresidente
gremial de la CChC de Osorno
La recién elegida Federación de Estudiantes del Instituto Profesional de Osorno (IPO) se propuso como primer objetivo que todos los alumnos que ingresaron este año a la casa de estudios estatal y los antiguos se queden estudiando y nadie tenga que irse por falta de recursos. Así lo dijeron Fernando Bórquez y Carlos Gallardo.
Salvo dos opiniones contrarias o aún sin una opinión formada, los integrantes del Concejo Municipal de Osorno han manifestado su intención de pedir explicaciones en el gobierno comunal acerca de uno de los elementos más llamativos que arrojó el fallo de la demanda laboral que presentó el ex edil Juan Carlos Velásquez: los cambios realizados al Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (Padem) 2017, precisamente una de las pruebas utilizadas por el tribunal para acoger la acción judicial y condenar a la casa edilicia. Sin entrar todavía en consideraciones respecto del origen de la demanda y la sentencia del magistrado, que acreditó un acto de "discriminación política" en contra del ex concejal, se hace necesario que el municipio, y en particular el Departamento de Administración de la Educación Municipal (Daem), expliquen a la opinión pública las modificaciones efectuadas a un instrumento público altamente relevante para la ciudad como lo es el Padem, pues se supone entrega las directrices de lo que ocurre en las escuelas y liceos que están bajo su tutela.
De acuerdo al relato de los propios concejales y que se conoció en las semanas previas al fallo, el Padem que ellos aprobaron en una sesión de Concejo efectuada el 15 de noviembre del año pasado no incluía una modificación de la que finalmente se valió el municipio para desvincular a uno de sus funcionarios. Es decir, habría dos documentos, uno aprobado por los concejales y otro que está vigente. De ser cierto (así al menos se desprende del fallo en que el juez lo acreditó como prueba), se estaría en presencia de una diferencia evidente que amerita mayores precisiones de cara a la ciudadanía y en particular para quienes trabajan o estudian en el sistema de educación municipal.
Hay que aclarar el origen de la polémica irregularidad y, además, cautelar que no se hayan realizado otros cambios. En cualquier sistema de gobierno, todas aquellas normas y políticas públicas que están vigentes deberían ser copia exacta de aquellas que fueron aprobadas por los órganos de gobierno. Es algo básico. Si no es así, es el propio sistema el que pierde legitimidad frente a la ciudadanía.