Los resultados de la última encuesta Casen conocidos a fines de 2016, en materia de educación superior, reflejan que entre jóvenes de 18 a 24 años existe una cobertura de un 37%. Un dato relevante de esta encuesta al observar la distribución de alumnos por decil de ingreso autónomo, el porcentaje de ellos que estudia en institutos profesionales y centros de formación técnica en los deciles de más bajos ingresos es de un 40%, y en el decil más alto es sólo un 12%. Asimismo, la diferencia en ambos grupos en educación universitaria en los primeros llega a un 60% y en el segundo es de un 88%, siendo en el grupo de más altos ingresos una mayor proporción de alumnos en universidades privadas.

Datos del informe de la OCDE en el panorama de la educación superior (Education At a Glance) del año 2016 pone de manifiesto diferencias relevantes, quizás la que más pone en contradicción nuestro modelo de desarrollo en la oferta de educación superior es que en la OCDE el 70% de la matrícula es pública, mientras en Chile este porcentaje sólo llega a un 16%. Este antecedente también conlleva que el gasto privado en Chile sea el doble de los países de la OCDE, donde llega a un 30%. Además, a pesar de los avances en cobertura existente, en la actualidad los países de OCDE tienen en promedio un 35% de su población con educación superior completa, mientras en Chile sólo llega a un 21%.

El impacto de las políticas públicas que contribuyan a mejorar estos estándares será trascendente en el futuro de los estudiantes y sus familias, los que afectarán en gran medida en el desarrollo social y económico de nuestro país. Sin duda el país ha avanzado mucho en cobertura, y más allá de cuestionar el modo de como se ha realizado, importa el generar condiciones que permitan el mejor desarrollo de los jóvenes en instituciones que den garantía de calidad, pero también, en un sistema de educación superior que permita el desarrollo equitativo de sus instituciones. Los antecedentes expuestos nos deben llevar a reflexionar sobre cómo construir un sistema más justo, donde no sean los recursos los que definan si tienes derecho a tener educación superior y/o el tipo de institución donde cursar estudios.

Óscar Garrido Lara, rector

de la Universidad de Los Lagos

Años antes, mucho antes, los ríos Rahue y Damas, elementos sustantivos de la geografía local que han ayudado a construir la identidad de un Osorno que convive con el agua y los verdes valles, ofrecían un paisaje muy distinto al de hoy. Mientras el Rahue era un cauce navegable por el cual se podían trasladar productos hacia el río Bueno y de ahí a la costa y al puerto de Corral, y también viceversa, el caudal del Damas sirvió para aportar fuerza motriz a una serie de industrias que se emplazaron en su ribera, además de configurar determinados sitios que la comunidad aprovechó para que funcionaran como balnearios improvisados.

En la actualidad, ambos ríos continúan haciendo fluir el paso constante y murmurante del agua, pero su destino está lejos de la época de gloria de las décadas anteriores. Con el paso de los años, y sin un propósito declarado que les entregara la ciudad, ambos cauces se han convertido en el botadero de cuanta sustancia de dudoso origen se puede encontrar, a pesar de los notorios avances que ha experimentado la institucionalidad medioambiental en el país. Para graficar esto, al menos desde 2015 a la fecha se han ingresado en la Superintendencia de Medio Ambiente nueve denuncias de contaminación en los dos cursos fluviales, ninguna de las cuales ha arrojado hasta ahora, al menos públicamente, el establecimiento de responsabilidades y sanciones.

Mientras la ciudad no se decida aún a delinear de verdad un propósito para los ríos, ya sea para el turismo, la navegación u otro, se hace imperioso que las autoridades y la propia institucionalidad medioambiental coloquen su atención sobre lo que está ocurriendo en el Rahue y el Damas. En las páginas de este diario se ha hecho habitual conocer denuncias de contaminación sin que se produzca una respuesta eficaz de parte del mundo público para cautelar la limpieza de los cauces.

Considerando que en el plan regulador en elaboración se propone proteger a los ríos, la realidad exige ir mucho más allá. En este sentido, se esperaría una actitud más proactiva de la Superintendencia de Medio Ambiente (por ahora opera sobre la base de denuncias) para realizar habituales inspecciones a los cauces, incluyendo mediciones a la calidad de sus aguas.