Para nadie es un misterio el explosivo aumento de inmigrantes haitianos que están llegando a Chile en búsqueda de una mejor calidad de vida, huyendo de un país que por años estuvo azotado por guerras intestinas y que, además, ofrece pésimos indicadores de calidad de vida, con dificultades incluso para acceder al agua potable. Si primero arribaron a Santiago y a la zona central, crecientemente su presencia se está haciendo notar incluso en Osorno. Basta recorrer las calles del centro de la ciudad para comprobar que algunos han encontrado una fuente laboral en las construcciones en altura que se levantan.

La inmigración es un fenómeno que llegó para quedarse y que le impone a la provincia de Osorno y al país en general desafíos que hasta hace un tiempo no estaban dentro de sus prioridades. De hecho, un reciente informe de la Cepal y la OIT ha señalado que entre 2010 y 2015 la inmigración en Chile creció, como promedio, 4,9% por año, un nivel que está por sobre las cifras que exhiben México y Brasil. Esto constituye una novedad si se considera que hasta los '90, los principales destinos de los latinoamericanos y caribeños que salían de su país eran Estados Unidos o México y, en menor medida, España.

Algunos analistas creen que si se considera que en los últimos años ha crecido fuertemente la llegada de colombianos, peruanos, dominicanos y haitianos, es probable que en la actualidad haya más de medio millón de ellos en Chile, cuestión sobre la que el censo actualizado recientemente podría arrojar cifras más exactas. Es indudable que se trata de una nueva variable que se debe incorporar a las políticas públicas, y no sólo en cuanto a su regularización para acceder a sus necesidades básicas, sino sobre todo para facilitar su inclusión social mediante herramientas que combatan de manera efectiva, en primer lugar, la arcaica xenofobia que está surgiendo en algunos sectores.

Chile debe habituarse a la inmigración, un fenómeno propio de la globalización que viene a enriquecer tanto económica como social y culturalmente a un país que, quiérase o no, ha recibido nuevos residentes desde el siglo XIX.

Mientras lee esta columna, alguien interviene un espacio público de la ciudad, rompe un pedazo de vereda, hace una fosa en el frente de su casa para instalar alguna cañería o corta el pavimento de la calle e instala una barrera. Esto no sería un problema si lo hiciera con los permisos respectivos y eso se cumpliera de principio a fin, es decir, se garantizara que cada lugar quedará igual o mejor. Lo malo viene después de tapar los hoyos con tierra, ya que no se reconstruyen los pavimentos ni las áreas verdes. La tierra que sobró queda por meses, las fosas que se hicieron a desnivel se tapan con escombros y el barro se apodera de las veredas.

En el centro, los pavimentos tan cuidadosamente instalados con colores y dibujos son rotos sin contemplación ni geometría para hacer fosas que contienen las cañerías viejas y cañerías nuevas. Todas se tapan con tierra y escombros de la demolición y nunca se reponen los pavimentos originales. No se reconstruye lo que había, queda la vereda rota por meses y meses con barro y desniveles, no se instalan las baldosas del mismo color o diseño y los parches de diferentes colores y texturas serán nuestras nuevas fachadas. Los contratistas se van poco después de tapar los hoyos, parchan las calles, retiran las barreras de seguridad, les reciben las obras, les pagan y nuestros espacios públicos quedan así a medias, pavimentos rotos, veredas discontinuadas y áreas verdes destruidas. Nadie sabe donde reclamar, el Serviu, el Minvu, el municipio, ¿quién es el jefe de nuestros espacios públicos?

Osorno es una ciudad en construcción que sigue mejorando su funcionamiento urbano. A pesar de la situación económica del país, la ciudad lidera en obras, se renueva por diferentes lados. Algunos proyectos dependen del Gobierno o municipio y los más son de iniciativa privada. Todos juntos van a cambiar o modernizar alguna parte de la ciudad y ello será un aporte a nuestra economía y a la población. Sabemos que el proceso de hacerlo (construir) tiene impacto sobre vecinos y sobre los habitantes en general, sabemos que eso es temporal y que al término de los trabajos sentiremos la mejoría y disfrutaremos el aporte, pero, ¿cuándo se terminan?

¿Quién es la autoridad en las calles para decir la última palabra, para recibir las obras y darlas por finalizadas, para certificar la calidad y el cumplimiento de lo especificado, para exigir las garantías por su correcta ejecución? Alguien no está siendo riguroso y creo que es nuestro deber exigir que los espacios públicos que se intervengan en la ciudad sean devueltos en el plazo comprometido. No es mucho pedir.

Raúl Ilharreguy, arquitecto