Durante estos 20 años de existencia como organización, hemos sido testigos, desde el trabajo territorial en campamentos, de muchas buenas noticias que han afectado la historia de distintas familias. Hemos visto cómo gracias a la organización, lucha y perseverancia de miles de familias de campamentos, hoy en día gozan de una vivienda definitiva y un barrio levantado a punta de esfuerzo y anhelos.

Nos enorgullece que cientos de familias hoy disfruten de una vivienda definitiva, de un barrio seguro, donde pueden comenzar a desarrollarse plenamente en distintos ámbitos de sus vidas. Pero no nos enorgullece que aún cientos de familias vivan con el miedo a ser desalojadas, por encontrarse en un terreno con tenencia irregular, incluso cuando falta poco tiempo para que les entreguen las llaves de lo que se convertirá su hogar. Un claro ejemplo es la falta de criterio y el desconocimiento de los derechos de las personas por parte de EFE al entregar una carta a las familias de los campamentos Caipulli, Puerto Aravena y Ferroviario en Osorno, dándole fecha límite para abandonar los terrenos en el cual se encuentran emplazados, llenando de miedo y angustias las vidas de cientos de familias que no querían terminar en la calle por un posible desalojo, sobre todo porque están a meses de conocer su nuevo barrio.

A 20 años del nacimiento de Techo-Chile, sentimos que a todos nos falta por cumplir. Como país debemos exigir que se garantice el derecho a la vivienda para todas las personas, entendiendo que es la base para gozar de otros derechos como el agua, la salud y la educación del cual hoy más de 2.500 familias no tienen acceso.

Debemos terminar con la brutal desigualdad que afecta profundamente la vida de niños, jóvenes, hombres y mujeres que ven diariamente truncados sus sueños, producto de esta estructura país. Es nuestro deber contribuir a la construcción de un Chile donde nuestros derechos no dependan de nuestra capacidad de pago, donde nadie se vea obligado a vivir en un campamento.

La tarea de terminar con los campamentos no puede ser sólo de las familias y de Techo. Invitamos a todos los actores de la sociedad a seguir con esta lucha, a que juntos podamos aportar a transformar Chile en un país justo y sin pobreza.

Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile

Durante aproximadamente una semana, más de 100 familias que viven en los campamentos Caipulli, Ferroviario y Puerto Aravena permanecieron en la más completa incertidumbre, luego que fueran notificados, a través de una carta -en los dos primeros asentamientos-, y verbalmente -en el caso del tercero-, respecto del pronto abandono que debían realizar de los terrenos en que están emplazadas sus viviendas de emergencia. El plazo entregado por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en la segunda quincena de mayo era perentorio: tenían que abandonar los sitios con fecha fatal el próximo 31 de julio; y si no lo hacían, se arriesgaban a un desalojo por parte de la fuerza pública. Naturalmente se encendieron las alarmas, y no sólo en los propios habitantes de los campamentos, sino también en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la provincia, a quien tomó por sorpresa esta ruda comunicación de EFE.

Aunque la determinación de la empresa ferroviaria se pretendía justificar en que a esa fecha las familias ya debían contar con sus nuevas y dignas viviendas, lo cierto es que el proyecto habitacional Zanjones de Ovejería, hasta donde se trasladarán, aún se encuentra en construcción y no hay certeza acerca de su entrega oficial para que puedan ser ocupadas. Así las cosas, las más de 100 familias se vieron de improviso prácticamente con una orden de desalojo para dentro de dos meses, y sin ninguna alternativa de traslado. No hay que olvidar que se trata de grupos vulnerables que si están en asentamientos, es porque no cuentan con los recursos necesarios para vivir en otros viviendas más estables.

Afortunadamente este impasse se solucionó pocos días después, una vez que desde la propia EFE se comunicara que el ultimátum se descartaba y que la decisión se originó en que no sabían que las soluciones habitacionales se habían retrasado. Reconociendo esta corrección, llama la atención el nivel de descoordinación entre dos entes estatales como EFE y el Serviu. Bastaba que la empresa, de carácter estatal, preguntara en el servicio gubernamental para comprobar que el plazo de entrega, como tantos otros, no se iba a cumplir, y que emitir una carta con ese contenido a las familias no iba a conseguir más que generar incertidumbre y la obligación posterior de dar explicaciones a la opinión pública.