Bastante desmejorado se ve a la fecha el panorama de la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en la provincia de Osorno, y no tanto por la falta de dinero, sino que por la carencia de proyectos que deben presentar los municipios al Gobierno Regional. En el sistema público de inversiones, sin iniciativas seriamente elaboradas, que apunten a los objetivos, metas, responsables y el monto a invertir, difícilmente los interesados se harán signatarios de parte del presupuesto. Es la forma que se ha dado el Estado para cautelar la entrega de recursos sobre la base de un marco conocido, para evitar el surgimiento del clientelismo, el derroche y el endeudamiento.

En el caso de la provincia de Osorno, a pesar de haber $20 mil millones disponibles del FNDR para este territorio de la Región este año, no se cuenta con la suficiente cantidad de iniciativas generadas por los municipios. Los responsables de este escenario son los municipios de Puerto Octay, Puyehue y San Pablo, que a la fecha carecen de iniciativas sujetas a financiamiento estatal. Y sin proyectos, los dineros sencillamente se irán a las provincias de Llanquihue o Chiloé.

Según los alcaldes de las citadas tres comunas, que coincidentemente son aquellas en las que hubo un cambio de administración a fines de 2016 tras las elecciones municipales, la responsabilidad recae tanto en la ausencia de equipos técnicos calificados en el área de la planificación, como en los propios jefes comunales anteriores, quienes no habrían avanzado debidamente en la elaboración de proyectos para el FNDR. En la vereda contraria, los ex alcaldes endosan las culpas en sus sucesores, acusándoles de no haber armado cuadros profesionales y de desconocer el sistema público de inversión.

Lo que deja en claro este episodio, el cual causará perjuicios para toda la provincia, es que la transición de poder en los municipios estuvo lejos del interés en el bien común, además de reflejar falencias en el propio sistema de administración comunal. Sea por las razones que sean, es evidente que el sistema municipal requiere de una mejoría urgente para evitar los ánimos refundacionales y las negativas en el traspaso de información, junto con garantizar la existencia, a tiempo, de los equipos técnicos.

Hace algunos días, el Senado aprobó el proyecto de ley que fortalece la composición de un conjunto de tribunales, asignando una dotación adicional de 110 jueces en distintos puntos del país.

La iniciativa -que quedó en condiciones de convertirse en ley- busca mejorar el acceso de la ciudadanía al sistema de justicia mediante el aumento de la dotación de jueces y funcionarios de un número importante de tribunales del territorio nacional, en los cuales se ha detectado que la falta de personal, sus estructuras organizativas y la excesiva carga de trabajo de los mismos ponen en riesgo -de acuerdo a informes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial- el buen y continuo ejercicio de este derecho.

La Región de Los Lagos fue considerada con un incremento de 16 cargos. Así, la comuna de Osorno contará con cuatro nuevos jueces, Río Negro con uno, Puerto Varas con dos, Puerto Montt con seis, Ancud con uno y Castro con dos. Si bien se trata de una buena noticia, en tanto permitirá agilizar el funcionamiento de los tribunales de tres de las cuatro provincias de la Región, quedan pendientes al menos dos temas a los que es necesario atender y otorgar una solución.

El primero de ellos tiene que ver con la necesidad, planteada de manera reiterada, de abrir una segunda sala para la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Ello permitiría no sólo agilizar las causas hoy contenidas en ese tribunal de alzada, sino también haría posible que los tribunales de Osorno quedaran bajo su jurisdicción y no de la Corte de Apelaciones de Valdivia como, paradójicamente, sucede en la actualidad. El segundo tema tiene que ver con la falta de un juez para Futaleufú, en la provincia de Palena. Actualmente, esa comuna cuenta con la infraestructura y los servicios adecuados para permitir la apertura de un tribunal, sin embargo, sus habitantes deben trasladarse hasta Chaitén, con los costos en tiempo y recursos que ello implica, para acceder al sistema de justicia.

Sobre esa base es que he solicitado al Ministerio de Justicia oficiar a la Corte Suprema para avanzar en la solución de ambos casos, de modo de ofrecer soluciones efectivas en materia de acceso a la justicia, en coherencia con el contexto territorial y administrativo de la Región de Los Lagos.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos