Cada día más se hace evidente la imperiosa necesidad de que la Ruta 215 cuente de una vez por todas con la anhelada doble vía que dé más seguridad y confort a los conductores y pasajeros que recurren al Paso Cardenal Samoré para llegar a sus destinos. El auge del turismo entre la zona sur de Chile y Argentina ha aumentado, igual que el transporte de carga que viene o va desde el Atlántico hasta el Pacífico. Lo mismo ocurre con los camiones que llevan mercaderías desde el Chile continental hasta la zona magallánica nacional, y que forzosamente tienen que internarse en territorio trasandino para sortear la desmembrada geografía austral.

Pero a pesar de ser una necesidad clave para impulsar el desarrollo en todas las comunas de la provincia, pues todas están en condiciones de beneficiarse de este corredor fronterizo, la Ruta 215 sigue esperando que el Estado se decida a materializar la construcción de la doble vía, una obra imprescindible para que la carretera mejore sus estándares y que además pueda soportar el aumento proyectado para los años siguientes. Pero es una obra cara. La experiencia indica que un proyecto de esta magnitud difícilmente podrá ser sustentado por fondos estatales, por lo que entre casi todas las autoridades ya prácticamente hay consenso en que la concesión es el camino más factible.

No obstante, falta la decisión política final y que quienes no comparten esta visión comprendan que si se espera que el Estado acometa con recursos propios la doble vía, con toda seguridad pasarán años para que siquiera exista un esbozo de intención. Mientras tanto, la Ruta 215 requiere hoy de mejoramientos que obligarán a demandar fondos fiscales, como los que se inyectarán a partir de agosto, cuando se abra una licitación para el remozamiento de un segundo tramo de la vía, a costo fiscal, entre Las Lumas y Entre Lagos. Allí se invertirán $15 mil millones, un monto que según el seremi de Obras Públicas alcanzaría para pavimentar 100 kilómetros de caminos rurales.

Quienes se oponen a la concesión deberían visualizar en esta alternativa una oportunidad para pedir obras de desarrollo a modo de compensación.

Tras los eventos que provocó la marea roja en la Región de Los Lagos durante 2016, quedaron de manifiesto un conjunto de insuficiencias respecto de la veracidad y acuciosidad del Registro Pesquero Artesanal (RPA). Así, el instrumento que debe otorgar un reflejo preciso de la cantidad de personas que se dedican a la pesca artesanal a lo largo del país, hoy se encuentra en proceso de revisión y limpieza. Es reconocido por los propios dirigentes de la pesca artesanal, la autoridad del sector y la comunidad pesquera, que este registro incluye a muchas personas que no se dedican realmente a las actividades de la pesca artesanal, con lo cual se distorsionan diversas herramientas.

Un caso dramático es el que viven los pescadores de las Islas Desertores, que al no haber sido debidamente informados para inscribirse en el RPA, hoy tienen vedado el acceso a la gran mayoría de las especies existentes en sus costas. Otro ejemplo claro es la distribución de cuotas de pesca, la que se hace entre muchos inscritos, pero entre pocos pescadores, dando lugar a la práctica irregular de la venta de cuotas entre aquellos que no pescan y los que sí lo hacen.

Adicionalmente, el Registro Pesquero Artesanal es regionalizado, es decir, los pecadores de la Región de Los Lagos sólo están autorizados a pescar en esa zona y no en otra, con la excepción de las zonas contiguas. De esta forma, en la práctica los pescadores de una región deben "comprar cuotas" a los de la otra, transformándose estos últimos en rentistas del mar que asumen una especie de propiedad sobre los recursos.

He solicitado al Ministerio de Economía considerar la reformulación del Registro Pesquero Artesanal, de modo que contemple las situaciones descritas, en especial para posibilitar que los pescadores de zonas aisladas puedan inscribirse en determinadas pesquerías. Asimismo, esta reforma debe incluir la creación de macrozonas de registro, de manera que éstas sean coincidentes con las pesquerías que se desarrollan en ellas.

Adicionalmente, es imperativo considerar los recursos para el desarrollo de los estudios correspondientes de las nuevas pesquerías, entre ellas la jibia, la sierra y el atún, que como efecto del cambio climático, hoy son capturadas por pescadores desde San Juan de La Costa hasta los mares interiores del archipiélago de Chiloé.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos