La conmemoración del Día del Trabajador tiene un peso histórico que repercute en nuestras vidas hasta el día de hoy; es por ello que debemos recordar y conmemorar las luchas de muchos y muchas trabajadoras a lo largo de la historia que han permitido mejorar las condiciones laborales y de vida de miles de personas. Este día nos permite reconocer la importancia de la organización y la fuerza de transformación que ésta conlleva en hechos concretos.

Nuestro país tiene muchos desafíos en torno a problemáticas laborales, y uno primordial es la precarización laboral. Desde el trabajo que realizamos en el territorio nos damos cuenta de cómo los trabajadores y trabajadoras que habitan los campamentos de Osorno sufren las consecuencias de este problema, propio de un país desigual. Y es que a pesar de que trabajan en promedio 41 horas semanales (Encuesta Nacional de Campamentos 2015), el ingreso percibido es de $210.000, por lo cual el 64,8% de los trabajadores mantiene a su familia con menos del sueldo mínimo. A lo anterior le sumamos que el 38% de los trabajadores no tiene contrato de trabajo, lo que se traduce en informalidad laboral, dejándolos fuera de todos los beneficios sociales, y que en el futuro, luego de todos sus años de trabajo, se queden sin una jubilación justa.

Con estos antecedentes, debemos avanzar. Los trabajadores de Chile, de la Región y de Osorno no ven hoy sus esfuerzos recompensados; es por eso que la invitación es que juntos avancemos en mejorar la realidad de miles de chilenos, apoyando la organización en sus distintas comunidades, exigiendo que las empresas paguen salarios dignos, impulsando políticas publicas orientadas a los trabajadores que no tienen contrato, a los que no cotizan porque no les alcanza, y a aquellos que por distintas razones deben trabajar esporádicamente.

En el Día Internacional del Trabajo hacemos un reconocimiento a las familias trabajadoras, en especial a las familias de campamentos que luchan diariamente por su futuro y el de sus familias, a pesar de tener un camino más pesado, más difícil, producto de la desigualdad y pobreza que ha afectado profundamente sus vidas. No están dispuestos a bajar los brazos.

Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile

Tal como va, el proyecto del relleno sanitario de Curaco, destinado a recibir los desechos de las siete comunas de la provincia, está llamado a convertirse en un símbolo de los desaciertos de las grandes obras en el sur del país, por cuanto a pesar de la urgencia por contar con un depósito para la disposición ordenada de la basura en la zona (al actual vertedero le queda poca vida útil), de las platas extranjeras involucradas para su consecución (préstamo del Banco Alemán de Desarrollo), y de los plazos que se han ido acotando, la obra lleva paralizada más de un año y medio sin visualizarse una preocupación mayor de las autoridades involucradas. Desde que Servitrans, la empresa que se adjudicó la construcción del relleno, decidió detener las faenas alegando ciertas inconsistencias del terreno que no estaban expresadas en los estudios de suelo originales, la opinión pública ha asistido a una serie de desencuentros en que se han ventilado informes incompletos, acusaciones de ocultamiento de los mismos y hasta el deslinde de responsabilidades.

¿El resultado de todo ello? Lo más importante, la provincia ya no tuvo operativo el relleno cuando se suponía debía estar listo, en febrero de 2016, y lo que es peor, el actual estado de la situación no permite ni siquiera especular con alguna nueva fecha, sobre todo luego que se conociera hace un par de meses que los inversores germanos están analizando su permanencia en el proyecto producto de su retraso.

Junto con abogar por la normalización de la obra, para lo cual deben mediar nuevos estudios, decisiones e incluso recursos, ya es hora de que la ciudadanía exija una respuesta a la natural inquietud que se ha instalado, y que apunta fundamentalmente a averiguar las razones del atraso y, en particular, a definir las instituciones y/o personas que han incidido en el problema. Esta semana, el Consejo Regional formó una comisión que se abocará a esta tarea, para la que se ha fijado un lapso de 60 días. Mal que mal, en la iniciativa hay comprometidos tres mil millones de pesos.

Hay demasiados elementos por aclarar en esta comedia de equivocaciones.