En 2001 entró en servicio el tramo de 135 kilómetros Río Bueno - Puerto Montt de la doble vía de la Ruta 5 Sur, con una inversión de 235 millones de dólares. Bajo la modalidad de concesión esta obra demoró tres años en su construcción y se adjudicó su explotación a la empresa Sacyr por 25 años. La división física de nuestro territorio de oriente a poniente fue brutal. Todos los cruces de vías rurales y urbanas vehiculares se eliminaron, dejando sólo algunos puentes sobre nivel y pocos bajo nivel para comunicar enormes territorios. Las actividades ubicadas en los bordes de la Ruta 5 sufrieron la inaccesibilidad y muchas empresas cerraron.
Ni hablar de los cruces peatonales, escasos y muy mal diseñados. Sólo se pensó en los autos, nunca en las personas que bajaban de los buses en los cruces y tenían que escalar por terraplenes sin senderos ni gradas para conectar con las vías transversales que quedaron sobre nivel.
En las zonas urbanas de todas las ciudades donde pasaba la Ruta 5 el impacto para los peatones fue inmenso. Esto motivó recursos de protección que fueron desoídos por los jueces y así esta obra se instaló en el país. Las concesionarias, protegidas por el Estado, han hecho su negocio implacable.
Vengo siguiendo esta obra desde su nacimiento y he disfrutado de su uso viajando en auto por gran parte del país, y puedo constatar que en los últimos cinco años el tramo de doble vía entre Río Bueno y Puerto Montt mantiene obras de destrucción y reparación cada vez más continuadas, con el consiguiente corte de servicio, mala señalización y hoyos profundos a centímetros de la única calzada disponible que se puede transitar a una velocidad de 40 o 60 km/h, en circunstancias que su límite normal son 120 km/h.
Hice un registro de 2016 para constatar que 320 días del año la autopista estuvo en reparación en algún tramo, y en el último viaje este verano medí 27 kms. de norte a sur y 22 kms. de sur a norte de zonas de una vía con reparaciones, lo que son casi 50 kilómetros de reparaciones en un día. Si esto lo ponemos como una constante de los últimos años, incluso reparando lugares reparados el año pasado, me parece un escándalo vial digno de investigar.
Ninguna otra autopista del país tiene esta tasa de reparación, no sabemos la causa de tanta destrucción y reparación, pero lo que está claro es que usar la autopista en estas condiciones no es el servicio contratado. La tarifa sube cada año, se paga 100% por un servicio que ofrece un 60 % y no hay derecho a reclamo ni devolución. Tampoco hay ruta alternativa similar ni competencia. Es un monopolio privado con la venia del Estado que se pagó antes de tiempo.
Raúl Ilharreguy, arquitecto