Preocupadas por los inminentes cambios que propone el plan regulador de Osorno para los lugares en que se encuentran hoy emplazadas, una serie de industrias -todas ellas vinculadas al ámbito alimentario, que es lo que distingue a la zona- han decidido hacer ver ante las autoridades municipales sus aprensiones por el instrumento de planificación territorial que hoy se encuentra en la etapa de consulta pública y participación ciudadana. La inquietud del gremio productivo reside en que el plan regulador plantea modificar el uso del suelo de los lugares en que se encuentran, actualmente caracterizados por ser zonas I, esto es, con vocación industrial, hacia zonas C5, es decir, sectores comerciales de reconversión urbana.

Aprovechando que el plan se encuentra en la fase de consulta ciudadana, los representantes de las empresas le han manifestado, sobre todo al alcalde Jaime Bertín, la inconveniencia de introducir cambios en el marco normativo de la ciudad que terminen afectando seriamente sus actividades productivas. Frente a esta inquietud, el jefe comunal ya precisó no ser partidario de sacar a las industrias de los lugares en que están localizadas, aludiendo tanto a las fuentes laborales que generan como a la posibilidad cierta de buscar soluciones a los problemas entre todos los actores.

Si bien todavía resta bastante para la entrada en vigencia del nuevo plan regulador de Osorno, se enfrenta ahora ante su primera complicación de las varias que, probablemente, irrumpirán durante la etapa de participación ciudadana. Quienes han elaborado la propuesta como las autoridades municipales y las empresas afectadas tendrán que encontrar las áreas en común desde las cuales trazar la solución, entre las que figuran la legítima actividad industrial, los puestos de empleo que éstas brindan, el cada vez más exigente cuidado del medio ambiente y los desafíos de la ciudad para continuar creciendo de forma armónica.

El plan regulador es por definición el más importante instrumento para la planificación territorial de una ciudad. De su estudio, visiones y aplicabilidad depende en gran parte el desarrollo de las urbes.

Los últimos días la Ministra de Educación, en entrevistas en medios de comunicación escrito, ha enfatizado el trato distinto que se le quiere dar a las universidades del Estado planteando que "el fortalecimiento de la educación estatal es un compromiso y lo vamos a incorporar", ad portas de enviar las modificaciones al proyecto de educación superior. El escaso avance en 2016 en el proyecto de reforma a la educación superior que establece una nueva institucionalidad, acreditación obligatoria y normas sobre financiamiento, ha vuelto a la palestra pública con la novedad que se buscará agilizar su tramitación en el Congreso, quitando temas reglamentarios y diluyéndose la idea de separar la iniciativa.

Ya existen voces que sin conocerse la propuesta de las modificaciones esperan un cambio importante en el proyecto y el fantasma del Tribunal Constitucional amenazando ante cualquier atisbo de discriminación. Como rector de una universidad estatal regional, sin duda, valoramos el planteamiento de la cartera de Educación de fortalecer a los planteles estatales, apoyo que no estará exento de exigencias. Esperamos como universidad que no se desdibujen los temas centrales del proyecto y no se pierda el horizonte, que no es más que fortalecer la educación superior, garantizando a los estudiantes una educación de calidad y oportunidades de ingreso a todos quienes tengan los méritos y no los recursos para pagar una carrera.

Desde las universidades estatales nos interesa sobremanera que se establezca como se relacionará el Estado con sus universidades, como se apoyará el mejoramiento y fortalecimiento de su calidad, y favorecer un esquema colaborativo y no de competencia entre nuestras universidades que apuntale el apoyo en áreas como la investigación, la movilidad estudiantil o la extensión.

Las transformaciones que requiere el sistema de educación superior son ineludibles en materia de regulación y calidad. Las dificultades que ha presentado la tramitación del proyecto de ley no han logrado los consensos necesarios, pero los estudiantes y el país no pueden seguir esperando, es necesario que nuestra clase política y grupos de interés pongan sobre sus ventajas particulares, lo que nuestro país requiere para seguir avanzando y creciendo en igualdad de oportunidades y un desarrollo armónico de los territorios.

Óscar Garrido Álvarez, rector

de la Universidad de Los Lagos