Después de la sorpresa que significó para la comunidad conocer en los últimos meses del año pasado que Latam había decidido reducir la cantidad de vuelos entre Osorno y Santiago, bajo la explicación de que se eliminaría la escala en Valdivia, una pequeña luz de esperanza se ha asomado en los últimos días gracias a una gestión realizada por la Multigremial de Osorno y el diputado Javier Hernández, quienes se reunieron con el director nacional de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC). Tras explicarle lo que estaba pasando en la zona, la institución se comprometió a realizar un estudio que pueda determinar con claridad el número de frecuencias aéreas que precisan salir desde el Aeropuerto de Cañal Bajo y, además, la cantidad de pasajeros que tienen que desplazarse diariamente por vía terrestre hasta Puerto Montt para embarcarse en El Tepual por la poca disponibilidad de vuelos que despeguen desde Osorno.

Detrás de la petición hecha a la JAC por los personeros locales se encuentra quizás una de las mayores paradojas de esto: los 4.500 millones de pesos que inyectó el Estado en la pista de Cañal Bajo y otras refacciones para adecuarlo a las exigencias de los nuevos aviones de Latam. En su momento, la compañía aérea fue clara, pues si este mejoramiento no se realizaba, prácticamente Osorno desaparecería del mapa de las conexiones aéreas del país.

Apurado por esta advertencia, el Estado, con recursos de todos los chilenos, acometió las millonarias obras que fueron entregadas recién el año pasado. Pero ni esto sirvió. Latam, sin anuncio previo, modificó las frecuencias y dejó a Osorno como ciudad de segunda categoría en cuanto a los vuelos hacia Santiago.

Se supone que el estudio comprometido por la JAC permitirá conocer en detalle el componente osornino del movimiento de pasajeros en Puerto Montt, lo que puede ser la base para que se revierta la decisión que tanto escozor ha provocado en la comunidad y en las propias autoridades locales, que en su momento hicieron las gestiones pertinentes para que el Estado invirtiera en Cañal Bajo. Es de esperar que el informe se emita prontamente y arroje lo que ya se intuye: Osorno merece más frecuencias aéreas.

En pleno proceso de admisión a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, las cuentas son alegres: un número importante de alumnos podría tener acceso a la gratuidad (38%) y en las postulaciones más de cien mil alumnos fueron seleccionados. Sin duda que estos datos son muy positivos para el país.

Lo lamentable es iniciar el año 2017 con un conflicto más bien generado desde el G9 (universidades privadas del Consejo de Rectores) con las universidades del Consorcio de Universidades Estatales. Si bien el compromiso con lo público es transversal con lo que hoy se llama la "función pública" o "vocación pública", sólo las universidades estatales son públicas, ya que su estructura es de propiedad del Estado y participan activamente de las políticas públicas sin sesgos ideológicos o compromisos religiosos o de grupos económicos.

Pero la disputa no termina aquí. El G9 está molesto y sin duda sus argumentos no los comparto, como tampoco desconozco su gran aporte al desarrollo del país. El Aporte Fiscal Indirecto que se entregaba a los alumnos con mejores puntajes en la PSU, a la luz de los estudios e innumerables análisis, ha sido una política inequitativa que ha terminado beneficiando a universidades por medio de los alumnos que capta que provienen de colegios privados y de los sectores más acomodados de Chile, en desmedro de los buenos alumnos de colegios que optan por quedarse en regiones, como lo evidencia el puntaje de ranking de notas.

También estas últimas semanas, a raíz de un video catalogado como "polémico" publicado por las universidades estatales, que busca llamar la atención sobre los gastos del Estado en el CAE versus la inversión en gratuidad y como la banca participa de este gran negocio, ha generado tensión sin valorar el llamado a desmercantilizar la educación superior. Estos aspectos que indico son regresivos, ya que hoy más que nunca se requieren transformaciones profundas al sistema de educación superior.

Más allá de las polémicas y las disputas, las universidades estatales apoyamos la implementación de una reforma a la educación superior porque son cruciales cambios profundos al sistema. Chile requiere de un marco regulatorio claro que elimine realmente el lucro, que fije estructuras que velen por la calidad del sistema y por el desarrollo del país. Chile requiere con urgencia un decidido apoyo a las universidades regionales que aportan en la formación de jóvenes, en ciencia y tecnología y en resolver las problemáticas atingentes a sus territorios.

Óscar Garrido Álvarez, rector

de la Universidad de Los Lagos