Como fundación llevamos casi 20 años trabajando con las familias más excluidas en Chile; hemos sido testigos de cómo las más de 38 mil familias que viven en campamentos han visto vulnerados sus derechos fundamentales y sociales sistemáticamente; hemos visto cómo se justifica y normaliza la violencia que significa vivir en pobreza. Frente a esta situación, también hemos sido testigos de que a través de la organización de los vecinos, mediante el trabajo colaborativo entre comunidades y distintas organizaciones, es posible construir soluciones dignas.

Es cierto que el Estado ha avanzado en la materia, pero no es suficiente, son miles las familias que siguen viviendo en una situación precaria. Nuestro país presenta un déficit habitacional de cerca de 391 mil unidades; esto afecta a personas concretas, a familias que sufren a diario la segregación, la violencia que significa vivir en campamentos o en situación de allegados, donde el lugar que habitas no te pertenece.

Para poder avanzar en la materia necesitamos cambios concretos, es necesario que exista un control de la especulación del mercado de suelos: la compra a bajo costo y la venta con grandes rentabilidades se ha consolidado como una práctica frecuente en el mercado de suelos. Es imprescindible que el Estado norme y regule la ganancia sin producción ejercida por quienes usufructúan del suelo y que ha generado que las viviendas sociales muchas veces estén mal localizadas, afectando una vez más la vida de familias que intentan salir de la línea de la pobreza, truncando sus sueños.

Como fundación proponemos, por ejemplo, la creación de un Banco de Suelos, para que de esta manera evitemos que las familias queden marginadas al borde de la ciudad, porque esto sucede cuando un derecho social, como la vivienda digna, se transa en el mercado; al final son los grandes capitales quienes tienen acceso al bien más preciado. Esto pasa con salud, educación y también vivienda. Si los suelos se negocian, son los pobres quienes quedan en la periferia, por lo que es necesario que el Estado administre un banco de suelos para, en caso de ser necesario, proveerlos para la construcción de viviendas sociales.

Los desafíos son muchos, nosotros seguiremos trabajando sin descanso por las familias de campamentos, aportando a su organización y desarrollo, hasta lograr un país justo y sin pobreza.

Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile

De la mayor gravedad es la sucesión de violentos asaltos que en el último mes han sufrido familias de agricultores en distintas zonas rurales de la provincia de Osorno, demostrando que lentamente se está asentando una inquietante inseguridad ciudadana a la cual las autoridades, el Ministerio Público y las policías tienen que ponerle atajo. En tan sólo 21 días, tres atracos, todos ellos de carácter violento, se han registrado en los campos, sin que hasta ahora la investigación de los órganos especializados haya dado algún fruto.

El primero de ellos se produjo el pasado 22 de noviembre, cuando cuatro delincuentes armados maniataron al productor lechero Julio Bielefeldt, su esposa y dos trabajadores de su predio. Luego de permanecer una hora en su hogar en el camino Mulpulmo, la banda huyó con $50 millones.

El segundo atraco, ocurrido el 5 de este mes, fue el más grave, pues el agricultor Jorge Schilling recibió dos impactos de bala al frustrar un robo en su casa ubicada en el camino a La Misión. El modus operandi fue el mismo. Un grupo de desconocidos que ingresa subrepticiamente a la vivienda, premunidos de armas de fuego y, por lo que se ha visto, dispuestos a todo.

El tercer asalto corresponde al de la noche del martes, cuando al hogar del productor lechero Adalberto Ide, en el sector de Las Quemas, entraron asaltantes en búsqueda de especies de valor. Tal como en los hechos anteriores, no les importó que la casa estuviese habitada. Ingresaron a la fuerza e incluso realizaron un disparo que afortunadamente no alcanzó a herir al agricultor o a su esposa. Huyeron con un botín de tres millones de pesos en especies.

Es más que evidente que se está frente a una ola delictual cuyas acciones tienen claras similitudes. Las víctimas son hogares de agricultores de edad y en sectores alejados de los centros urbanos. Y los victimarios irrumpen en las viviendas sin importarles que estén habitadas, dispuestos a utilizar sus armas de fuego para lograr sus propósitos.

Quien quiera restarle importancia a estos atracos se equivoca. Hay un patrón claro en las víctimas y el método que debe estar en el centro de las prioridades del Gobierno, la fiscalía y las policías.

De la mayor gravedad es la sucesión de violentos asaltos que en el último mes han sufrido familias de agricultores en distintas zonas rurales de la provincia de Osorno, demostrando que lentamente se está asentando una inquietante inseguridad ciudadana a la cual las autoridades, el Ministerio Público y las policías tienen que ponerle atajo. En tan sólo 21 días, tres atracos, todos ellos de carácter violento, se han registrado en los campos, sin que hasta ahora la investigación de los órganos especializados haya dado algún fruto.

El primero de ellos se produjo el pasado 22 de noviembre, cuando cuatro delincuentes armados maniataron al productor lechero Julio Bielefeldt, su esposa y dos trabajadores de su predio. Luego de permanecer una hora en su hogar en el camino Mulpulmo, la banda huyó con $50 millones.

El segundo atraco, ocurrido el 5 de este mes, fue el más grave, pues el agricultor Jorge Schilling recibió dos impactos de bala al frustrar un robo en su casa ubicada en el camino a La Misión. El modus operandi fue el mismo. Un grupo de desconocidos que ingresa subrepticiamente a la vivienda, premunidos de armas de fuego y, por lo que se ha visto, dispuestos a todo.

El tercer asalto corresponde al de la noche del martes, cuando al hogar del productor lechero Adalberto Ide, en el sector de Las Quemas, entraron asaltantes en búsqueda de especies de valor. Tal como en los hechos anteriores, no les importó que la casa estuviese habitada. Ingresaron a la fuerza e incluso realizaron un disparo que afortunadamente no alcanzó a herir al agricultor o a su esposa. Huyeron con un botín de tres millones de pesos en especies.

Es más que evidente que se está frente a una ola delictual cuyas acciones tienen claras similitudes. Las víctimas son hogares de agricultores de edad y en sectores alejados de los centros urbanos. Y los victimarios irrumpen en las viviendas sin importarles que estén habitadas, dispuestos a utilizar sus armas de fuego para lograr sus propósitos.

Quien quiera restarle importancia a estos atracos se equivoca. Hay un patrón claro en las víctimas y el método que debe estar en el centro de las prioridades del Gobierno, la fiscalía y las policías.

Como fundación llevamos casi 20 años trabajando con las familias más excluidas en Chile; hemos sido testigos de cómo las más de 38 mil familias que viven en campamentos han visto vulnerados sus derechos fundamentales y sociales sistemáticamente; hemos visto cómo se justifica y normaliza la violencia que significa vivir en pobreza. Frente a esta situación, también hemos sido testigos de que a través de la organización de los vecinos, mediante el trabajo colaborativo entre comunidades y distintas organizaciones, es posible construir soluciones dignas.

Es cierto que el Estado ha avanzado en la materia, pero no es suficiente, son miles las familias que siguen viviendo en una situación precaria. Nuestro país presenta un déficit habitacional de cerca de 391 mil unidades; esto afecta a personas concretas, a familias que sufren a diario la segregación, la violencia que significa vivir en campamentos o en situación de allegados, donde el lugar que habitas no te pertenece.

Para poder avanzar en la materia necesitamos cambios concretos, es necesario que exista un control de la especulación del mercado de suelos: la compra a bajo costo y la venta con grandes rentabilidades se ha consolidado como una práctica frecuente en el mercado de suelos. Es imprescindible que el Estado norme y regule la ganancia sin producción ejercida por quienes usufructúan del suelo y que ha generado que las viviendas sociales muchas veces estén mal localizadas, afectando una vez más la vida de familias que intentan salir de la línea de la pobreza, truncando sus sueños.

Como fundación proponemos, por ejemplo, la creación de un Banco de Suelos, para que de esta manera evitemos que las familias queden marginadas al borde de la ciudad, porque esto sucede cuando un derecho social, como la vivienda digna, se transa en el mercado; al final son los grandes capitales quienes tienen acceso al bien más preciado. Esto pasa con salud, educación y también vivienda. Si los suelos se negocian, son los pobres quienes quedan en la periferia, por lo que es necesario que el Estado administre un banco de suelos para, en caso de ser necesario, proveerlos para la construcción de viviendas sociales.

Los desafíos son muchos, nosotros seguiremos trabajando sin descanso por las familias de campamentos, aportando a su organización y desarrollo, hasta lograr un país justo y sin pobreza.

Giovanna Moreira Almonacid, directora regional de Techo-Chile