Natural revuelo ha provocado en la comunidad de la provincia la liberación de 71 reos que cumplían condenas en el sistema carcelario de Osorno, luego de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Del total, 62 estaban recluidos en el penal local y el resto permanecía en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Gendarmería, un sitio con mayores flexibilidades que tiene como su gran foco la reinserción.

El recelo frente a la decisión del Poder Judicial nace de la inquietud sobre la reducción de la condena que estaban cumpliendo los reos y, consecuentemente, de la sensación de inseguridad en las calles que se generaría por su temprana liberación, atendido que la opinión pública no cuenta con todos los antecedentes que permitan garantizar que efectivamente lograron su rehabilitación. Más de la mitad de los favorecidos con la libertad condicional estaban purgando penas por delitos violentos: 15 por violación, 11 por robo con homicidio y 15 por robo con intimidación. Con estos números, y el hecho de que la comisión del Poder Judicial haya rechazado sólo 8 de las 79 peticiones, es lógico el recelo de la ciudadanía.

No obstante, hay que precisar que para acceder a este beneficio, los internos tuvieron que cumplir una serie de condiciones que al menos da ciertas certezas acerca de su rehabilitación. De partida, para postular se exige haber cumplido la mitad de la condena, además de acreditar una conducta intachable en la cárcel o en el CET durante los últimos tres bimestres y haber aprendido un oficio. Al listado se agrega la obligación haber asistido con regularidad a la escuela y a conferencias educativas.

Aunque es entendible que haya desconfianza con la liberación de los 71 reos, hay que recordar que el mecanismo de la libertad condicional está establecido en la normativa y que si no se cumplen los requisitos enumerados, difícilmente la comisión encargada apruebe la solicitud. Eso sí, la opinión pública espera que la comisión ad hoc haya actuado con prudencia, sopesando con rigurosidad el crimen que se estaba purgando, la pena impuesta y, sobre todo, el cambio demostrado por el reo. Los favorecidos tienen ahora la misión de demostrarle a la sociedad que son nuevas personas y que merecen esta segunda oportunidad.

El agua es un elemento esencial para la vida humana, como también para el desarrollo y crecimiento del país. Por eso, al momento de discutir sobre cualquier modificación al régimen de aguas es fundamental estar conscientes del impacto que ello podría generar tanto en la vida de las personas, en su calidad de consumidores, como en los procesos productivos de áreas tan disimiles e importantes para la Región de Los Lagos como la agricultura, la ganadería, generación de energía y la industria.

La reforma al Código de Aguas que se discute actualmente en el Congreso no apunta u omite algunas de estas realidades, debilitando los derechos que existen sobre los recursos y poniendo en jaque el funcionamiento y desarrollo de las áreas económicas mencionadas.

Esta iniciativa, sumada a la reforma constitucional en esta misma materia que se encuentra en discusión legislativa, y que busca definir los recursos hídricos como bienes de "utilidad pública", introduce nuevas incertidumbres que desalientan la inversión, bastante deteriorada ya en la provincia de Osorno, disminuyen el valor de los predios con derechos de aguas y comprometen el acceso al crédito como consecuencia del debilitamiento de las garantías.

La preservación del estatuto jurídico de los derechos sobre el agua no obsta, naturalmente, a que se haga una exhaustiva revisión de la legislación sectorial para las actualizaciones y perfeccionamientos que se requieren, y sobre los que existe bastante consenso entre los expertos. Pero esos cambios no pueden desconocer derechos legalmente constituidos y que han ingresado al patrimonio de las personas, sin considerar su debida indemnización.

Estos textos deben ser sustituidos por propuestas que surjan de un análisis técnico y jurídico, a partir de un diagnóstico compartido de las deficiencias que tiene el sistema actual, y teniendo en vista la importancia de preservar el avance que ha significado para el país una asignación eficiente de los recursos hídricos.

Contar con garantías sobre los derechos adquiridos es un principio fundamental para el funcionamiento de una sociedad. Y cuando este precepto se aplica sobre un tema tan sensible como los recursos hídricos, se vuelve esencial que se mire desde una perspectiva integral que reconozca las diferencias que existen en el uso de este bien y las necesidades de cada sector.

Hermann von Mülhenbrock, presidente de la Sofofa