Seis años se cumplirán en el próximo mes de diciembre desde que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) declarara a Puerto Octay como "zona típica" del país, abriendo en esa época múltiples expectativas acerca del desarrollo turístico que esa denominación podría significar para la zona y que además beneficiaría el surgimiento de emprendimientos de todo tipo, en la esperanza de que más visitantes se interesarían por conocer la innegable riqueza arquitectónica e histórica que reposa en sus construcciones y entorno. No obstante, poco de eso ha ocurrido. El turismo sigue siendo la oportunidad latente para que la comuna ribereña del lago Llanquihue alcance cotas similares a las que han alcanzado sus vecinas Frutillar y Puerto Varas. Ni siquiera la anhelada costanera ha podido ser materializada, a pesar de ser un proyecto respecto del cual prácticamente hay consenso en las autoridades y comunidad.

En Puerto Octay consideran que la designación de "zona típica" ha frenado la inversión en la comuna, incluso la que facilitaría la llegada de más turistas nacionales e internacionales, pues cualquier intervención material en los inmuebles repartidos en las 23 hectáreas de terreno en que rige la declaratoria, exige la aprobación del CMN. Y esa intervención, claro está, no puede ser cualquiera, ya que se debe mantener el estilo y los materiales originales empleados en la construcción, lo que obviamente encarece los montos destinados a la inversión.

Podrá sostenerse que no es la primera "zona típica" del país y que otras en el país han conseguido sobrellevar esta condición, pero la evidencia muestra el estancamiento que ha sufrido Puerto Octay. Poco ayuda que hasta en esta esfera el centralismo muestre sus garras, pues la experiencia muestra que los propietarios deben esperar durante meses que el CMN vise las intervenciones solicitadas.

Si bien las "zonas típicas" buscan mantener el patrimonio e identidad de sitios de alto valor patrimonial, el Estado tiene que asumir su parte, tanto en lo que tiene que ver con las inversiones que se exigen (hasta ahora corre por única cuenta del propietario), como en la celeridad que debería existir para la tramitación en el CMN.

Nuestra región, como todos los territorios y comunidades, tiene el desafío de ampliar sus oportunidades económicas de cara al futuro. Seremos más, demandaremos más servicios y productos, habrá presión por mejores ingresos y calidad de vida, y además aspiraremos a resolver nuestros problemas sin el centralismo exacerbado de hoy que nuestro Gobierno busca terminar. Pero eso se construye con nuevas condiciones, de recursos humanos, de inversión y de actividades económicas donde tenemos ventajas comparativas.

Veamos cómo. En el mediano y largo plazo la formación de más y mejor capital humano en la Región es una condición basal para generar y sostener esas nuevas oportunidades, que en la economía moderna demandan mejor formación y sofisticación de técnicos y profesionales. Se está fortaleciendo con gran celeridad un potente ecosistema de innovación y emprendimiento, con co-works, incubadoras, aceleradoras, redes de mentores, centros de desarrollo de negocios, universidades e institutos tecnológicos, todos empujando coordinadamente hacia la generación de más emprendimiento y de mayor innovación en las industrias regionales para que alcancen mayor competitividad.

Pero no es suficiente, necesitamos más inversión en las áreas económicas en que tenemos ventajas evidentes, dando apoyo a quienes vengan o surjan de aquí mismo, con proyectos de punta tecnológica, de alto impacto social y económico.

Pero hay más, y en ese sentido se deben aprovechar las oportunidades con que contamos en energías limpias y renovables, como la eólica.

Mejor calidad de vida no se logra con magia ni sólo con redistribución. Se alcanza con más trabajo, capital, inversión, conocimientos y hoy, además, con el señalado respeto por las comunidades y los recursos naturales, para que pueda ser sostenible. Todos tenemos la obligación de informarnos ampliamente sobre estas iniciativas y plantear nuestras dudas y puntos de vista; tenemos la obligación y el derecho de decidir el establecimiento de los factores habilitantes para lograr más trabajo, más actividades económicas sostenibles y finalmente, una mejor calidad de vida para todos en nuestra región.

Adolfo Alvial Muñoz, director regional de Corfo