El gobernador regional
La discusión en torno a la elección del futuro gobernador regional pone en el tapete el tema de la democracia que estamos construyendo, ya que este importante paso contribuirá descentralizar y a democratizar un enclave fundamental del poder de decisión regional hoy concentrado en las manos del gobierno central.
En segundo orden, es claro que los gobiernos regionales conocen mejor sus problemas y probablemente también sus soluciones, en consecuencia, dotar a las regiones de mayores atribuciones y facultades resulta determinante para potenciar su gestión. En este contexto, es ideal tener un gobernador regional con amplias facultades.
Sin embargo, como sabemos, los cambios nunca son perfectos y cómodos. Bajo esa excusa, la discusión se ha entrampado por las exigencias maximalistas de algunos legisladores, quienes han realizado corporativamente un cuestionamiento a esta ley, generando una cortina de humo, tras la cual se oculta el temor a perder el poder y los niveles de influencia que hoy día ejercen a nivel regional.
Es efectivo que no basta con mejorar la institucionalidad establecida -y tener elecciones o instancias de representación-, sino que se requiere tener claridad sobre los servicios regionales que serán traspasados; y también se requiere definir las atribuciones y potestades que tendrá el nuevo gobernador regional para garantizar un adecuado liderazgo.
El subsecretario de Desarrollo Regional ha señalado que este es un proceso gradual que durará ocho años para la transferencia total de los servicios sectoriales al ámbito regional y que involucra la creación de un "Contrato Región", para plasmar en forma armónica las aspiraciones regionales con las políticas nacionales.
Pero más allá de las atribuciones y competencias con que se inicie este proceso, lo fundamental hoy es seguir perfeccionando nuestra democracia y poder hacer responsable en lo político y administrativo al conductor de la región. Y esto sólo se inicia con la elección por parte de la comunidad de la nueva autoridad regional.
Iván Neira Navarrete
Elección de intendentes
Un titular dice: "Senado aprueba elección popular de intendentes antes de fijar sus facultades".
Se parece mucho al aparecido hace unos años: "Gobierno inaugura el Transantiago sin tener construidas las vías exclusivas".
¿Simple coincidencia o tropiezan con la misma piedra?
Luis Enrique Soler
Domicilio electoral
Encontrándonos en vísperas de las elecciones municipales, ha quedado una vez más en evidencia la mala gestión de las entidades públicas de nuestro país. Al revisar mis datos en el sitio web del Servel, me encuentro con la sorpresa de que mi domicilio electoral había sido cambiado sin que yo lo solicitara.
Esta semana, a través de los medios, me percaté de que no soy la única que se encuentra en esta situación y que para colmo, el Servel culpa al Registro Civil de dichos cambios. Yo me pregunto, señor Director, ¿cómo es posible que por una pésima gestión y falta de responsabilidad, se nos prive a los ciudadanos chilenos de nuestros derechos cívicos?
Isidora Angulo
El costo de no votar
El pueblo se pronunció en Colombia. La sorpresa fue mundial. Independiente de las consecuencias sociales o de política pública que implicará el resultado, lo que me parece grave es que hubo más de un 60% de abstención. Sabemos que pronto son las elecciones en Estados Unidos, allí el costo de no votar tiene una implicancia mundial, no regional, como en el caso de Colombia.
Como en pocas ocasiones, todas las dimensiones del ser humano se ven reflejadas en esa elección: racismo, miedo, esperanza, y otros (des) valores. La necesidad de legitimación de una elección democrática es evidente, en el sentido de que necesariamente tiene que existir una alta participación, por muchas razones, entre otras, para reflejar verdaderamente la opinión de un pueblo, y para (des) legitimar una decisión democrática.
Aquí tenemos un triste récord: en la última elección presidencial, Chile presentó el mayor índice de abstención electoral de todo el mundo. En las primeras elecciones libres, la participación electoral llegó al 90%, y poco antes de la implementación del voto voluntario llegaba, apenas, al 60%. Tristemente, en la última elección presidencial ese padrón electoral fue del 42%. Es decir, 4 de 10 personas fueron las que decidieron el futuro inmediato de todo un país.
Y esta historia se repite ahora en Colombia. Un proceso democrático tiene que ser sano, participativo y responsable. Las consecuencias son serias, sus efectos trascienden a millones de personas y, en muchos casos, son irreversibles. Lo dejo para la reflexión: ¡vote!
Gustavo Balmaceda Hoyos, académico de la Universidad Andrés Bello
