Nelson Soto Asencio
Para el próximo 13 de octubre se tiene previsto que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado sesione en la comuna de Ancud para analizar en profundidad el tema de la marea roja, sus efectos y también la contaminación que habría producido el vertimiento de salmones descompuestos en las costas de Chiloé.
Según explicó Juan Carlos Viveros, vocero del movimiento Defendamos Chiloé, este martes se realizó una reunión de la misma instancia en Valparaíso, hasta donde concurrieron representantes del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, el Sindicato de Macheros Mar Brava y de la Mesa de la Marea Roja de Ancud, además de la abogada Orieta Llauca y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico.
Además, fue invitada Greenpeace para presentar las principales conclusiones de su estudio realizado sobre la crisis social, económica y ambiental desatada en la provincia.
"El tema principal para nosotros era conseguir que esta comisión sesionará en Chiloé dada la gravedad del último conflicto que hubo en mayo y que ninguna autoridad se hizo presente. Nosotros llevamos varios meses que la comisión vaya y esta vez, gracias a Dios, hemos conseguidos que vayan", recalcó Viveros.
Sumó el dirigente que una vez que esta instancia de la Cámara Alta esté en Chiloé se trabajará con las organizaciones involucradas en el tema para elaborar una propuesta y ver cómo los chilotes enfrentarán el tema de la industria salmonera de aquí en adelante.
Fidel Raín, lonco del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, manifestó que la Comisión de Medio Ambiente ya debió haberse presentado en la provincia por la grave situación de la marea roja.
"Sin embargo, me parece bien que vengan, es una buena instancia para proponer cosas para el desarrollo de la Isla y su Archipiélago. Queremos que las salmoneras no contaminen, sino que haya una regulación para ellos también", apuntó el indígena.
En la sesión desarrollada en dependencias del Congreso Nacional el director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, insistió que la autorización del vertimiento de salmones actuó como fertilizante del bloom de algas, lo que empeoró la presencia del veneno paralizante de los mariscos (VPM).
"Es claro que el Gobierno no tenía información suficiente y actuó apresuradamente, favoreciendo a las empresas salmoneras. Así, si bien se enfrentó una emergencia, el propio Gobierno ha reconocido que no hizo un análisis apropiado, ni tomó muestras en el sitio del vertido para justificar sus decisiones a pesar del riesgo evidente de actuar de ese modo", acusó.
"ilegal"
Según recoge el mismo sitio web de Greenpeace Chile, su líder recalcó que el vertido es un hecho "ilegal de por sí", calificado como delito en la legislación vigente y sometido a penas de cárcel.
"Es aún más grave constatar que, de acuerdo a las comunicaciones sostenidas por las propias instituciones, ya autorizado el vertido ('se entregó en 24 horas a solicitud expresa de las empresas'), se deja ver una operación de encubrimiento en la cual se busca legitimar la autorización, utilizando para ello la Convención Internacional de Londres a la que Chile está obligado (a cumplir)", puntualizó.
La comisión legislativa está compuesta por Isabel Allende, Francisco Chahuán, Iván Moreira, Alejandro Navarro -presidente- y Patricio Walker.